Isabel Morillo
Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía
El Presupuesto público es la ley más importante. Sus letras y sus números dicen lo que (supuestamente) va a hacer el Gobierno el próximo año y su influencia en la economía es innegable. El Presupuesto andaluz de 2013 que elaboran a contrarreloj en la Consejería de Hacienda y que debe pasar aún el filtro de los socios de Gobierno, IU, se ha convertido en un ejercicio casi imposible, en el que matemáticamente no sale la cuadratura de ingresos y gastos. Se habla de líneas rojas, de lo intocable en gasto social, se da por hecho que no habrá inversión, está sobre la mesa el recorte del sector público y desde el Gobierno andaluz han defendido que el lema del Presupuesto será el empleo. Hacen bien. Andalucía se ahoga en su propio paro. Hay en la comunidad 1.362.900 parados según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Tres de cada diez andaluces en el mercado laboral no trabaja. El 33,91% de tasa de desempleo.
El consejero de Economía, Antonio Ávila, que agrupa también las competencias de Empleo e Innovación, compareció el pasado martes tras la habitual reunión del Consejo de Gobierno y esbozó algunas claves de por dónde discurrirán las cuentas andaluzas. De momento, admitió que 2013 será un año malo, tan malo como 2012. Habrá recesión, la economía seguirá contrayéndose, y se seguirán destruyendo puestos de trabajo. Ávila no renegó de los últimos informes de expertos como el BBVA Rearch o Analistas Económicos de Unicaja. Estos expertos auguran que la sangría laboral seguirá y que Andalucía puede alcanzar una tasa de desempleo del 35,5%. Un dato aterrador.
Ante la pregunta de qué va a hacer la Junta para acabar con el paro, Ávila no tardó ni un minuto en situar la pelota en el tejado del Gobierno central. Prácticamente admitió que el margen que tiene la Junta es tan estrecho que no permite remontar esas negras estadísticas, por más que Andalucía se hiciera en 2003, y tras siete años de polémicas y peleas políticas, con la gestión de las políticas activas de empleo. Justificó que el Ministerio de Trabajo decidió recortar de forma imprevista en un 57% el dinero otorgado a Andalucía en concepto de esas políticas (destinadas básicamente a fomentar la reinserción laboral de los parados). La Junta ha reclamado al Ministerio un plan especial de empleo (Extremadura y Canarias lo tienen) dotado con 568,4 millones de euros. Los números son los siguientes: tras el recorte del 57% en las políticas activas de empleo, Andalucía recibiría 298,4 millones. Del Fondo Social Europeo, 67 millones más. Es decir, 365,4 millones, 203 millones menos de los que reclama. De que se resuelva ese conflicto y el Gobierno decida cambiar la asignación a Andalucía, algo de momento harto improbable, depende en gran parte que la Junta pueda hacer algo por más de un millón de parados andaluces, según Ávila. El mensaje fue desolador. Mientras, explicó, ha dado la consigna de que cualquier programa del Presupuesto andaluz tenga como prioridad el empleo. No se sabe bien qué significa esto.
Nada ayuda a los parados. No hay política por el empleo y el Gobierno de la Nación, además de un puñado de medidas inconexas y erráticas, ha brindado al empresario una reforma laboral que ha servido –ahí están los datos– para disparar los despidos a coste de risa para el patrón. Ante la negrura del drama, las propuestas del Gobierno andaluz tampoco es que muevan a la esperanza. Su última medida ha sido un plan de emergencia contra el paro del que la Junta se niega a dar un balance. Ese plan de choque, aprobado en julio, cuenta con una dotación de 200 millones de euros (la mayoría de fondos europeos repescados de otros programas) y perseguía la creación de unos 11.000 puestos de trabajo. Tiene tres patas: empleo verde (trabajos de reforestación), rehabilitación de viviendas y mejora de colegios (ambos ligados directamente al sector de la construcción). No es que suene a parche, es que el propio Gobierno andaluz admite que la solución no es ésta sino un programa de estímulo, que sería justo lo contrario que hace el Gobierno central y manda la Europa de Ángela Merkel. Mientras, las deudas de la misma Junta que aprueba planes de choque, arruina a gran parte del tejido empresarial andaluz, en su mayoría pequeñas y medianas empresas. Los autónomos cifran en 700 millones lo que se les debe y señalan que los impagos arruinaron a 33.000 emprendedores.
Si 1,3 millones de parados no son razón suficiente para parar las máquinas y repensar que se está haciendo y qué se puede hacer, sumaré otros datos de esta semana. La crisis ha obligado a emigrar a 80.590 andaluces desde enero de 2011 (INE). Ocho de cada diez empleos perdidos en Andalucía eran ocupados por jóvenes y la tasa de paro para menores de 35 años alcanza el 42,2% (Informe Juventud Andaluza y Mercado de Trabajo de CCOO). Más de tres millones de andaluces, cerca del 40%, se encuentran en riesgo de pobreza (informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social). Perdón por el alud de cifras negras y la amargura inevitable, sepan que de esos nuevos parados, 8.000 son periodistas.
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