Juan Folío
Dos alcaldes almerienses del Partido Popular van a tener que dar explicaciones a la justicia por decisiones presuntamente ilegales tomadas en sus respectivos consistorios. Son los alcaldes de Fines, Rodrigo Sánchez, y de Garrucha, Juan Francisco Fernández.
Los portavoces provincial y de Garrucha del PSOE informan sobre la denuncia al alcalde del Partido Popular |
Por lo que respecta al alcalde de Fines, la denuncia efectuada por los concejales del PSOE, en la oposición en el consistorio, ha pasado el “filtro” de la Fiscalía y es ésta quien ha tomado las riendas. Se acusa al alcalde de un presunto delito de prevaricación por la compra de una vivienda. Los hechos se remontan al año 2007, cuando la empresa Cars Rodrigo, S. L., de la que era socio el alcalde y administrador único su hermano, compró una vivienda en Fines por 24.000 euros. Año y medio después, la misma vivienda fue vendida al Ayuntamiento por 72.000 euros, “es decir, por un precio notablemente superior, no sólo al precio de mercado, sino a la cantidad por la que la había adquirido la mercantil sólo unos meses antes”, según la secretaria general del PSOE de Fines, Francisca Serrano.
La compra de la vivienda por el Ayuntamiento fue aprobada por el Pleno sin que el alcalde se ausentara durante la votación. El informe técnico que avalaba dicha compra iba firmado por una arquitecta técnica que resultó ser la mujer del concejal de Deportes.
Por lo que respecta al caso de Garrucha, aún no se ha producido intervención de la Fiscalía. La querella del PSOE se debe a la contratación por parte del Ayuntamiento de trabajos por importe de 14.674,55 euros con Automecánica Garrucha, S. L., entidad propiedad del alcalde, que también es Administrador Único. Según el PSOE, en las facturas no existe descripción de los trabajos, sino que aparecen conceptos genéricos, como el mantenimiento de vehículos, sin determinar ni de qué vehículos se trata ni los trabajos que se han realizado.
Tanto el alcalde de Fines como el de Garrucha han manifestado que sus actuaciones han respetado en todo momento la legislación vigente en cuanto a incompatibilidades. La Justicia será quien determine quienes llevan razón, si denunciantes o denunciados.
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