Joaquim Clemente
Valencia Plaza
Juan Antonio Gisbert saldrá de Ruralcaja próximamente sin haber conseguido salvar la histórica rural de Valencia. El que fuera director general de CAM ha alcanzado un acuerdo con Cajamar, entidad con la que se ha fusionado la entidad valenciana, para abandonar la entidad una vez concluya el proceso de concentración. Gisbert no ocupará, por tanto, el puesto de consejero delegado de Cajas Rurales Unidas (CRU), la entidad resultante de la fusión, acordado en el acuerdo inicial entre ambas entidades, según adelantó este viernes el diario Información.
Juan Antonio Gisbert |
Es el último episodio, aunque la historia reciente de la banca valenciana ha demostrado que todo es susceptible de ir a peor, de la crisis y la final entrega de armas de la mayor cooperativa de crédito valenciana al que fue durante años su gran competidor, Cajamar. Era el escenario menos deseado, del que se huía, pero la realidad es más tozuda que los deseos. Una absorción en toda regla que se verá culminado en unas semanas cuando se nombre el nuevo cuadro directivo de Cajas Rurales Unidas, en el que, según fuentes del sector, insisten en que la rural de Almería tomará el control absoluto. De momento ya ha prescindido de los dos pesos pesados de Ruralcaja, Gisbert y Rafael Carrau, subdirector de CRM. Pero pueden caer más.
"Existe un fuerte malestar porque el protocolo de fusión preveía una gestión compartida, pero Cajamar va a aplicar el rodillo", explica fuentes de Ruralcaja, que añaden: "Están incumpliendo el espíritu del acuerdo". Un acuerdo, en todo caso, que le da la mayoría a los andaluces, puesto que el tamaño de la entidad es mucho mayor que el de Ruralcaja. Y el fuerte siempre impone su ley.
Pero para entender en su complejidad la caída de Ruralcaja vale la pena hacer un poco de historia. A finales de 2007, Ruralcaja, presidida aún por un controvertido Luis Juares, vive una fuerte crisis societaria, La caja no va bien y las fuertes discrepancias entre Juares y su equipo directivo acaban con la salida forzada del que, durante décadas, había sido su mano derecha, Joaquín Añó. La fuerte personalidad de Juares, que mantenía un control férreo sobre Ruralcaja se impuso entre un desagradable cruce de declaraciones que evidenciaron hasta que punto la antigua Caja Rural de Valencia había iniciado una deriva peligrosa.
Conscientes de ello, el Banco de España tomó cartas en el asunto. Pese a que Juares siempre lo negó, lo cierto es que el supervisor impuso a un nuevo director general venido de Caja Laboral. Juan José Arrieta llegó a la sede dela Alameda para enderezar el rumbo. Pero chocó con un omnipresente Juares, empeñado en mantener su poder en la entidad. La tensión fue tal que Arrieta dimitió un año después sin haber conseguido poner en marcha un plan estratégico que frenara la cuota de mercado que perdía la caja a pasos agigantados.
LA LLEGADA DE GISBERT. Para sustituirlo, desde el Banco de España esta vez no se quiso correr riesgos. Hacía falta un hombre con un carácter lo suficientemente fuerte como para romper aquel coto privado de Juares y capaz de salvar de la crisis, que ya empezada a agudizarse, a la cooperativa valenciana. El hombre elegido fue Juan Antonio Gisbert. Gisbert, tras su salida de CAM por sus enfrentamientos con Zaplana a cuenta de la fusión Bancaja-CAM, había estado retirado de la primera línea financiera. Centrado en su cargo en el Instituto de Crédito Oficial, a la vera de Aurelio Martínez, Gisbert aceptó el reto de salvar Ruralcaja en junio de 2008. Conocedor de las interioridades de una entidad financiera, y poco dado a apariciones públicas -ni tampoco a dar muchas explicaciones- este alcoyano llegó para desmantelar el impero de Juares. Y lo hizo. Juares fue apartado paulatinamente de cualquier gestión de Ruralcaja hasta que dimitió un año después. Gisbert tenía el control.
Desde su reforzada dirección general, Gisbert emprendió un proceso de saneamiento de la entidad. Afloró pérdidas acumuladas, empezó a dotar insolvencias y trató de sanear un balance con altas tasas de morosidad. En los primeros años el plan funcionó, y Ruralcaja pareció retomar la senda del crecimiento. Pero lo peor estaba por llegar. La crisis financiera mundial siguió cobrando fuerza y las nuevas exigencias de capital que empezaron a exigirse desde el Gobierno deterioraron notablemente el balance de la caja.
Paralelamente, Gisbert puso en marcha la creaciónd de Cajas Rurales del Mediterráneo (CRM), un sistema institucional de protección (SIP) al que esperaba se apuntasen la mayor parte de las rurales valencianas, algunas de las cuales ya se había ido con Cajamar, como Cajacampo. Pero las altas expectativas no se cumplieron, el SIP se creó pero la protección que podían ofrecer conjuntamente las pequeñas cooperativas que se formaron no era suficiente para soportar las cada vez peores cuentas de Ruralcaja.
De igual forma, en un intento casi agónico de no caer en manos de Cajamar, Ruralcaja insistió en el viejo plan de crear un SIP con las cajas rurales más relevantes, de la que la valenciana era la cabeza visible. Pero también fracaso. En ambos casos, los fuertes personalismos que imperan en estas instituciones cooperativas y el poder local que ostentan, impidieron el acuerdo.
LA ABSORCIÓN. A José Antonio Gisbert se le iban derrumbando todos los puentes que trataba de construir. Y al final, aislado, cedió. Abrió negociaciones con Cajamar para plantear una fusión. Tratando de evitar la absorción que había aplicado la entidad andaluza con otras rurales, el acuerdo iba encaminado a crear una sociedad nueva, Cajas Rurales Unidas, en el que la gestión sería compartida. Los valencianos llevarían el negocio dela Comunitat Valenciana y los almerienses la del resto de territorio común.
Esa declaración de intenciones se firmó finalmente esta semana. La fusión estaba hecha. Pero las cosas han cambiado mucho desde el acuerdo inicial. Por motivos no explicados, aunque distintas fuentes apuntan a que los malos resultados de Ruralcaja en lo que va de año han molestado a sus socios, Cajamar ha decidido tomar el control del organigrama directivo. En un episodio que evoca a lo ocurrido en Bankia, todo apunta a que los valencianos serán laminados de esa dirección común. Ya lo han sido Gisbert y Carrau, y algunas fuentes apuntan a otras, como al que fue director general de Torrent, Antonio Cantó. Las mimas fuentes señalan que Cajamar quiere enviar a directivos de su confianza para ponerse al frente de lo que no será más que una territorial. Y esa confianza la mira dentro de casa, no en la sede de Alameda.
Giserbt abandonará así, por segunda vez en su vida, la dirección general de una entidad financiera por discrepanciancias con la mayoría de control. En 2001 dejó CAM tras enfrentarse a Eduardo Zaplana al negarse a aprobar la fusión con Bancaja. El directivo, pese a su cese posterior, salió victorioso de una batalla que libró con unas energías y que, tal vez, ya no tenía para salvar a Ruralcaja. "O quizá es que la herencia recibida era insalvable", apuntan algunas fuentes. Cobrará una indemnización, pero a buen seguro que no alcanza los 6 millones de euros que -entre seguros y planes de pensiones- percibió al salir de CAM.
Y la Generalitat, que tiene poder de supervisión sobre las rurales, se puede apuntar otra negativo en su balance de no hacer nada por haber tratado de salvar algo del otrora pujante sistema financiero valenciano.
Pero para entender en su complejidad la caída de Ruralcaja vale la pena hacer un poco de historia. A finales de 2007, Ruralcaja, presidida aún por un controvertido Luis Juares, vive una fuerte crisis societaria, La caja no va bien y las fuertes discrepancias entre Juares y su equipo directivo acaban con la salida forzada del que, durante décadas, había sido su mano derecha, Joaquín Añó. La fuerte personalidad de Juares, que mantenía un control férreo sobre Ruralcaja se impuso entre un desagradable cruce de declaraciones que evidenciaron hasta que punto la antigua Caja Rural de Valencia había iniciado una deriva peligrosa.
Conscientes de ello, el Banco de España tomó cartas en el asunto. Pese a que Juares siempre lo negó, lo cierto es que el supervisor impuso a un nuevo director general venido de Caja Laboral. Juan José Arrieta llegó a la sede de
LA LLEGADA DE GISBERT. Para sustituirlo, desde el Banco de España esta vez no se quiso correr riesgos. Hacía falta un hombre con un carácter lo suficientemente fuerte como para romper aquel coto privado de Juares y capaz de salvar de la crisis, que ya empezada a agudizarse, a la cooperativa valenciana. El hombre elegido fue Juan Antonio Gisbert. Gisbert, tras su salida de CAM por sus enfrentamientos con Zaplana a cuenta de la fusión Bancaja-CAM, había estado retirado de la primera línea financiera. Centrado en su cargo en el Instituto de Crédito Oficial, a la vera de Aurelio Martínez, Gisbert aceptó el reto de salvar Ruralcaja en junio de 2008. Conocedor de las interioridades de una entidad financiera, y poco dado a apariciones públicas -ni tampoco a dar muchas explicaciones- este alcoyano llegó para desmantelar el impero de Juares. Y lo hizo. Juares fue apartado paulatinamente de cualquier gestión de Ruralcaja hasta que dimitió un año después. Gisbert tenía el control.
Desde su reforzada dirección general, Gisbert emprendió un proceso de saneamiento de la entidad. Afloró pérdidas acumuladas, empezó a dotar insolvencias y trató de sanear un balance con altas tasas de morosidad. En los primeros años el plan funcionó, y Ruralcaja pareció retomar la senda del crecimiento. Pero lo peor estaba por llegar. La crisis financiera mundial siguió cobrando fuerza y las nuevas exigencias de capital que empezaron a exigirse desde el Gobierno deterioraron notablemente el balance de la caja.
Paralelamente, Gisbert puso en marcha la creaciónd de Cajas Rurales del Mediterráneo (CRM), un sistema institucional de protección (SIP) al que esperaba se apuntasen la mayor parte de las rurales valencianas, algunas de las cuales ya se había ido con Cajamar, como Cajacampo. Pero las altas expectativas no se cumplieron, el SIP se creó pero la protección que podían ofrecer conjuntamente las pequeñas cooperativas que se formaron no era suficiente para soportar las cada vez peores cuentas de Ruralcaja.
De igual forma, en un intento casi agónico de no caer en manos de Cajamar, Ruralcaja insistió en el viejo plan de crear un SIP con las cajas rurales más relevantes, de la que la valenciana era la cabeza visible. Pero también fracaso. En ambos casos, los fuertes personalismos que imperan en estas instituciones cooperativas y el poder local que ostentan, impidieron el acuerdo.
LA ABSORCIÓN. A José Antonio Gisbert se le iban derrumbando todos los puentes que trataba de construir. Y al final, aislado, cedió. Abrió negociaciones con Cajamar para plantear una fusión. Tratando de evitar la absorción que había aplicado la entidad andaluza con otras rurales, el acuerdo iba encaminado a crear una sociedad nueva, Cajas Rurales Unidas, en el que la gestión sería compartida. Los valencianos llevarían el negocio de
Esa declaración de intenciones se firmó finalmente esta semana. La fusión estaba hecha. Pero las cosas han cambiado mucho desde el acuerdo inicial. Por motivos no explicados, aunque distintas fuentes apuntan a que los malos resultados de Ruralcaja en lo que va de año han molestado a sus socios, Cajamar ha decidido tomar el control del organigrama directivo. En un episodio que evoca a lo ocurrido en Bankia, todo apunta a que los valencianos serán laminados de esa dirección común. Ya lo han sido Gisbert y Carrau, y algunas fuentes apuntan a otras, como al que fue director general de Torrent, Antonio Cantó. Las mimas fuentes señalan que Cajamar quiere enviar a directivos de su confianza para ponerse al frente de lo que no será más que una territorial. Y esa confianza la mira dentro de casa, no en la sede de Alameda.
Giserbt abandonará así, por segunda vez en su vida, la dirección general de una entidad financiera por discrepanciancias con la mayoría de control. En 2001 dejó CAM tras enfrentarse a Eduardo Zaplana al negarse a aprobar la fusión con Bancaja. El directivo, pese a su cese posterior, salió victorioso de una batalla que libró con unas energías y que, tal vez, ya no tenía para salvar a Ruralcaja. "O quizá es que la herencia recibida era insalvable", apuntan algunas fuentes. Cobrará una indemnización, pero a buen seguro que no alcanza los 6 millones de euros que -entre seguros y planes de pensiones- percibió al salir de CAM.
Y la Generalitat, que tiene poder de supervisión sobre las rurales, se puede apuntar otra negativo en su balance de no hacer nada por haber tratado de salvar algo del otrora pujante sistema financiero valenciano.
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