La adjudicación de nuevas farmacias en Andalucía, en entredicho

Juan Pardo 

Funcionario de Admon. Local

"Lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible", decía el torero. Pues algo parecido pasa con el concurso de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia en Andalucía. Procuraré no entrar en tecnicismos legales, para ir, por derecho, al fondo del asunto. A nadie escapa que la regulación que rodea al mundo de la farmacia es de las más exhaustivas que existen. Lo que se debería limitar a una regulación estrictamente sanitaria se ha convertido en una maraña de intereses tal que prácticamente resulta imposible articular un concurso de farmacias con cierta coherencia, no ya jurídica, sino mínimamente ética. La legislación farmacéutica dedica muy poco espacio a los requerimientos estrictamente sanitarios para volcar la mayor parte de su contenido en dilucidar quién, cómo, cuándo, de qué manera, a cuánta distancia, en qué pueblo, en qué barrio... puede ejercer o no ese oficio que desde la noche de los tiempos fue libre hasta que Francisco Franco lo restringió reconociendo que lo hacía para agradar a los farmacéuticos ejercientes de la época. Franco lo restringió y nuestros políticos "democráticos" sostienen, con más ahínco todavía, la restricción. Esto puede molestar a algunos, pero es la pura verdad, constatable por otro lado en el propio Boletín Oficial del Estado y en los diversos BB.OO de las CC.AA.

Una oficina de farmacia

A lo que vamos. En 2003, la consejera Montero publicó un concurso de nuevas farmacias que fue tumbado sin apelación posible por los tribunales. Yo no recuerdo cual fue el anterior concurso a ese, pero en todo caso tuvo que ser, de existir, muy lejano en el tiempo. Lo cierto es que ese concurso del que hablamos nunca pasó de ser una mera ilusión para miles de farmacéuticos, perdón, de licenciados en Farmacia (farmacéutico se es cuando se afloja la guita, se hereda o se está lo suficientemente cerca del poder como para que las normas de baremación del concurso te cobijen...).

En el 2007, la Junta de Andalucía aprueba la "nueva" ley de ordenación farmacéutica de Andalucía. Título rimbombante para, al final, decir lo mismo que decía Franco; que las farmacias son para quienes siempre fueron, y que ya se repartirían algunas migajas para el pueblo. Porque en eso consiste el socialismo que encarna la Sra. Montero, que nadie se llame a engaño. Bueno, la señora Montero, y quien le permite seguir siendo Consejera, por más cara de buena persona que tenga. Hechos son amores y no buenas sonrisas, podríamos decir. Sigamos...

Hay que reconocer que la ley introducía algunos aspectos mínimamente sociales, dentro, no lo olvidemos, del objetivo general de la ley, que no es otro que preservar el coto privado de caza de los farmacéuticos de toda la vida. Pero ya digo, ese es el socialismo andaluz. Repartir alguna migaja de vez en cuando para establecer unos mínimos distingos con los del Partido Popular. En justa correspondencia, el PP Andaluz (que si malo era el charré, más malo era el caballo, como dice la conocida sevillana), recurrió la ley ante el TC, por cinco motivos de supuesta inconstitucionalidad. Ya se sabe que en esta España de chorizos, por socialdemócrata puede pasar cualquier marxista que reparta tres migajas, y por liberal, cualquier conservador que abjure de los impuestos. Bueno, pues en ese escenario nos movemos. Lo digo para que se sitúen.

Pues bien, publicada la Ley, recurrida por inconstitucional por el PP, se publican las órdenes que la desarrollan entrando ya en el hilado fino. Por lo que me cuentan, porque no he podido verlos todos, penden contra las diversas órdenes no menos de setenta recursos. Uno de ellos acaba de ser visto por el TSJA, y su sentencia hecha pública. Anula parcialmente determinada orden, y con esa anulación, parte del concurso. Los preceptos anulados son los tres que vienen a establecer...

1. Que no pueden participar en el concurso aquellos que ya tienen una farmacia.

2. Que no pueden participar en el concurso personas mayores de 65 años.

3. Que se otorga una puntuación especial a parados de más de dos años de antigüedad.

Lo que ha venido a decir el TSJA es que pueden participar quienes ya tienen una farmacia, que pueden participar mayores de 65 años y que no se puede otorgar una mayor puntuación a parados de más de dos años.

¿Y qué hace la Junta entonces? Esa misma Junta que se dice socialista, en vez de quitarse la careta de una vez, tirar por el camino de enmedio y establecer un modelo de mínimos al modo navarro (el modelo más social existente en España tanto desde el punto de vista del paciente como del profesional), en vez de eso, dice algo así como... (y aquí es donde viene lo importante) “Oferté 312 farmacias porque abrir más era atentar contra la salud pública. Pero como el TSJA me tumba el concurso, ahora me saco de la manga treinta o cuarenta, o cincuenta farmacias más, con el objetivo de contentar a los recurrentes, y no dejar a los adjudicatarios provisionales, con el culo al aire".

O sea, que cuando la Junta ofertó 312 farmacias y ninguna más porque esas eran las necesarias hace dos años, ahora resulta que porque y sólo porque el TSJA le tumba el concurso, resulta que las necesarias son algunas decenas más. ¿Qué quiere decir esto? Que "las necesarias" ni eran 312 ni son 370, como algunos apuntan ahora que piensa reconsiderar la Junta a ver si le calla la boca a los recurrentes. Quiere decir que este proceder de la Junta demuestra a todas luces que el mero "establecer las farmacias necesarias" no deja de ser sino un instrumento de control y arbitrariedad que colisiona con el fundamental derecho a la libertad de profesión y oficio.

La propia Junta de Andalucía, con su proceder, pone blanco sobre negro sus verdaderas intenciones. No se trata pues de garantizar la salud pública, lo que se persigue con la planificación restrictiva, sino de garantizar un status quo heredado del más rancio franquismo. Se trata de, como decía más arriba, conservar el próspero negocio de la dispensación de fármacos en régimen de oligopolio, procurando esparcir algunas migajas que justifiquen, más bien aparenten justificar, su inexistente sentido social.

Dicho de otro modo. Si el TSJA no hubiera dado la razón a los recurrentes, habrían sido esas 312 farmacias las que habrían garantizado el correcto acceso al medicamento, la normal distribución del medicamento, su ideal emplazamiento geográfico, etc. Pero si el TSJA dice otra cosa, "las farmacias necesarias" para ofrecer esas mismas garantías son ya las que sean menester hasta tapar la última boca. Y ni una más, no sea que la salud pública se resienta.

Este es el modelo. Este es el tipo de socialismo de salón que padecemos en Andalucía. Frente a eso, está Zoido y su PP. Zoido, el hermano de un farmacéutico en Frenegal de la Sierra (Badajoz), con evidentes intereses en que la situación no cambie. Y frente a ambos, la Unión Europea pidiendo a gritos en todos sus Consejos UE (el último, el 18 de junio, ese que Rajoy dice que hay que acatar en todos sus extremos) que deben removerse trabas no justificadas en términos profesionales y de comercio. Pues ya han visto ustedes en qué se justifica la restricción farmacéutica.