Colegio de Periodistas de Almería
Asociación de la Prensa de Almería
El Colegio de Periodistas de Andalucía en Almería y la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) denuncian que en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación de Almería, correspondiente a 2012, aprobada definitivamente con las modificaciones incorporadas por el pleno de la Corporación Provincial de 7 de septiembre, según recoge el anuncio del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en su núm. 195, de este 8 de octubre, figuren cuatro plazas de redactor/a, personal laboral, exigiendo el título de bachiller o equivalente. Asimismo, se contempla una plaza de jefe de prensa y dos de asesor de comunicación, de carácter eventual, para licenciado sin especificar más.
Las siete plazas de la RPT de Diputación deberían ser exclusivas para Periodistas, exigiendo el título de licenciatura o grado en Periodismo, o en Ciencias de la Información o Comunicación, especialidad de Periodismo o Comunicación Audiovisual, o bien pertenecer al Colegio de Periodistas de Andalucía. La administración debe velar escrupulosamente por que los periodistas tengan sus plazas de acuerdo con su titulación, como ocurre en la misma RPT con médicos, psicólogos, arquitectos y otras profesiones. El intrusismo debe terminar de una vez y la administración, más que nadie, ha de velar por evitarlo de forma clara y transparente.
La AP-APAL, el 17 de noviembre de 2006, mostró su desacuerdo y rechazo a la oferta de empleo público de la Agencia de Comunicación Local (ACL) de Diputación donde se ofrecían seis vacantes de redactor (dos para nivel de titulación superior y cuatro para bachiller, FP 2 o equivalente). El 6 de octubre de 2010, el colectivo de periodistas denunció la convocatoria de Diputación, que después fue anulada, para cubrir cinco plazas de redactor de ACL Radio, exigiendo únicamente el bachillerato. En diciembre de 2011 la AP-APAL lamentó y rechazó el despido de tres periodistas de la ACL Radio, algunos de ellos con más de diez años de antigüedad en el medio “por causas objetivas”, al poco tiempo de que la Agencia pasase de ser un organismo autónomo local de la Diputación a depender directamente del área de Presidencia. Ahora, en la RPT aprobada, se encuadran las plazas en el Departamento de Comunicación, pero manteniendo su “estatus” anterior, objeto de la denuncia de los periodistas almerienses.
Esta situación, como han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones el Colegio de Periodistas de Andalucía, la FAPE, la FAAP y la AP-APAL, es una muestra más de que las Administraciones Públicas -ayuntamientos, diputaciones y Junta de Andalucía- desprecian el trabajo del periodista profesional al negarles el acceso a la Función Pública por no contemplar la categoría laboral de Periodista en la Relación de Puestos de Trabajo. Esta situación da lugar a que decenas de compañeros sean contratados como administrativos o como personal de confianza, cuando su trabajo real es el de un profesional de la comunicación en un gabinete de prensa o en una emisora o medio público, y que está al margen del color político del gobierno de turno.
La AP-APAL, el 17 de noviembre de 2006, mostró su desacuerdo y rechazo a la oferta de empleo público de la Agencia de Comunicación Local (ACL) de Diputación donde se ofrecían seis vacantes de redactor (dos para nivel de titulación superior y cuatro para bachiller, FP 2 o equivalente). El 6 de octubre de 2010, el colectivo de periodistas denunció la convocatoria de Diputación, que después fue anulada, para cubrir cinco plazas de redactor de ACL Radio, exigiendo únicamente el bachillerato. En diciembre de 2011 la AP-APAL lamentó y rechazó el despido de tres periodistas de la ACL Radio, algunos de ellos con más de diez años de antigüedad en el medio “por causas objetivas”, al poco tiempo de que la Agencia pasase de ser un organismo autónomo local de la Diputación a depender directamente del área de Presidencia. Ahora, en la RPT aprobada, se encuadran las plazas en el Departamento de Comunicación, pero manteniendo su “estatus” anterior, objeto de la denuncia de los periodistas almerienses.
Esta situación, como han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones el Colegio de Periodistas de Andalucía, la FAPE, la FAAP y la AP-APAL, es una muestra más de que las Administraciones Públicas -ayuntamientos, diputaciones y Junta de Andalucía- desprecian el trabajo del periodista profesional al negarles el acceso a la Función Pública por no contemplar la categoría laboral de Periodista en la Relación de Puestos de Trabajo. Esta situación da lugar a que decenas de compañeros sean contratados como administrativos o como personal de confianza, cuando su trabajo real es el de un profesional de la comunicación en un gabinete de prensa o en una emisora o medio público, y que está al margen del color político del gobierno de turno.
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