Teleprensa
Editorial
Hoy se ha conocido la sentencia contra el alcalde del Partido Popular en Somontín, Ramón Rueda, que además es diputado delegado de Fomento del Empleo Agrario, de siete años y nueve meses de inhabilitación para empleo o cargo público, por autorizar el suministro de agua a una vivienda propiedad de su suegro aunque sabía que no tenía ni licencia de obras ni de primera ocupación. El juez de lo penal número 5 remarca especialmente en su escrito que el alcalde 'realizó un acto injusto y arbitrario a sabiendas de su injusticia' al dar tal autorización.
Ramón Rueda |
La oposición no ha tardado mucho en pedir la dimisión del primer edil no sólo en Somontín sino también en la Diputación Provincial y Rueda no debería esperar a que esa petición se repita o le entreguen la carta desde la sede del PP. Ya está tardando.
Este es un caso más de políticos que miran antes su hacienda personal que la pública y alguien así no puede ponerse al frente de ninguna administración para mirar los intereses generales porque no parece que haya visión colectiva en sus acciones.
Izquierda Unida además apunta a que el presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, que también lo es del PP en Almería, le dio dedicación exclusiva en esta institución tres días después de que se dictara la sentencia que habrá que entender aún no era conocida por las partes, porque si no sería aún más despreciable que desde el PP se premie con un sueldo público a quien la Justicia considera 'injusto y arbitrario' en sus decisiones. Claro que así deben de ver desde las filas socialistas al propio Amat cuando reparte fondos excepcionales entre los ayuntamientos.
Nunca es defendible, pero menos en los momentos actuales, que las acciones públicas no estén claras y bien justificadas y que los criterios de actuación estén definidos previamente a los resultados electorales de un municipio.
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