Walter Oppenheimer
Corresponsal de El País en Londres
Embajador en Londres desde mayo, el exministro de Defensa Federico Trillo convocó a la prensa española al poco de llegar y lo primero que dijo fue: Soy un embajador político. Luego estuvo una hora larga, muy larga, hablando de política. Ahora empieza a quedar claro qué es un embajador político: alguien que no solo no quiere ser diplomático, sino que proyecta una imagen de virrey que hace y deshace lo que le viene en gana. Aquí mando yo. Como un ministro. Capaz de combinar la más cálida afabilidad con el puño de hierro, Trillo está dejando marca en Londres. En la embajada, desde luego, donde ha cambiado 18 cargos en cinco meses y parece despertar un miedo cerval entre funcionarios y empleados. Al que habla, lo fusilan. Te destituyen mañana, se atreve a susurrar uno.
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| La almeriense Belén Amat, víctima de las iras de Trillo |
Pero la marca de Trillo está quedando con especial brutalidad en las entrañas de la Cámara de Comercio Española en Gran Bretaña, una institución que parecía haber superado su histórica tendencia al desasosiego. El embajador, presidente honorario de la institución, ha forzado el despido de la nueva secretaria general, nombrada por unanimidad apenas unos días antes. Un golpe de mano que Trillo justifica con argumentos legales, las grandes empresas acatan con pragmatismo y a otros les trae evocaciones de franquismo y derecho de pernada. Nos hemos bajado los pantalones, sintetiza, apesadumbrado, un miembro de la junta. Uno de los que primero votaron por la candidata, y unos días después, por cortarle la cabeza.
Todo empezó en julio, cuando el presidente de la Cámara, Fernando Pérez (director de la empresa de arquitectura Idom), le comentó al embajador que se iba la secretaria general, Silvia Estivill, y le preguntó si tenía algún nombre en la cabeza. Quedaron en hablar más adelante, explica Trillo, el único de la decena de personas consultadas que no necesita anonimato para hablar del tema. Cuando a la vuelta del verano el embajador volvió a interesarse por el asunto, Pérez le comentó que ya estaba resuelto. Habían encontrado una perla: Belén Amat-Martín, hasta entonces representante en Reino Unido de Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, y en virtud de ese cargo también miembro de la junta de la Cámara. Y la junta directiva había expresado su acuerdo con un voto de respaldo unánime a la candidata.
Pérez se quedó de piedra cuando el embajador, en lugar de felicitarle, montó en cólera, según una fuente que no está en la junta pero conoce muy bien la institución desde hace años. Otra fuente, que sí está en la junta, explica: Trillo dice que no entiende que queramos nombrar a una persona que trabajaba para un organismo que considera paralegal y anticonstitucional. O como Trillo le dijo a Pérez y este transmitió a la junta directiva, una empresa que representa el despilfarro autonómico.
Se inicia entonces una presión brutal al presidente para dar marcha atrás, dice una fuente. Una situación grotesca, define un miembro de la Junta. Trillo convoca a la embajada a los pesos pesados de la Cámara. Ahí están Ricardo Laiseca (BBVA), Javier San Basilio (Mapfre), Juan Botín (Santander), José Melchor (Ferrovial Agromán), Santiago Gómez (Gómez-Villares, Álvarez y Atencia Abogados). El embajador encarga al consejero de finanzas de la embajada, que es abogado del Estado y hombre de su máxima confianza, que elabore un informe jurídico sobre el nombramiento. Según unos, el objetivo era encontrar algún argumento legal para justificar la destitución de Belén Amat-Martín. Según Trillo, la cuestión legal ha sido siempre su única reticencia hacia ella.
Fernando me llama en julio para decirme que se va Estivill y que si conozco a alguien. Quedamos en hablar después del verano, explica Federico Trillo. A la vuelta del verano me dice que ya lo ha resuelto con alguien de la junta directiva y que trabaja allí. Yo le dije que eso son dos casos de nulidad. Y me contesta que el problema es que la chica se va a quedar sin trabajo. Fernando se encona y dice que no está de acuerdo. Es que esto no es un tema político, es jurídico, le explico, añade el embajador. Federico Trillo asegura que le sorprende que todo esto pueda tener algún interés mediático. No parece comprender que a algunos les parezca una intromisión inadmisible o que vean motivaciones políticas en sus objeciones. Él insiste en que es una cuestión legal, no política, y enfatiza que una persona que estaba en la junta directiva no puede acceder a la secretaría general. Y se refugia en el dictamen del abogado del Estado.
Ese dictamen fundamenta la ilegalidad del nombramiento en que la persona elegida trabajaba para Extenda, una empresa que tiene una clara subordinación a la política del Gobierno andaluz. Frente a una orientación para fomentar las exportaciones de todas las empresas españolas, estaría la orientación de Extenda de solamente fomentar las de las empresas andaluzas. Añade que no puede pasar de la junta directiva a secretaria general porque para ser miembro de la junta se exige no participar en obras y concursos que la Cámara haya convocado, a menos que habiendo revelado su interés la junta lo autorice. A su juicio, ese punto constituye materialmente una prohibición a sus miembros para no participar en concursos u obras de la Cámara en el futuro, no en el pasado. Una interpretación que choca con el precedente de que lo mismo ocurrió en la Cámara española de Nueva York.
El tercer punto de incompatibilidad es que se ha valorado la experiencia de la candidata pese a que es conocido que la experiencia previa no puede servir de criterio para la adjudicación de concursos públicos, puesto que eso sería evidentemente contrario al principio de concurrencia y de igualdad de acceso. Hay abogados que opinan que eso es así en los casos de contratos de suministro, no una contratación directa. El documento es completamente absurdo, opina un miembro de la junta directiva. Le pedimos un informe legal a Cuatrecasas, que es concluyente al señalar que hemos actuado de forma correcta, apunta otro de los directivos de la Cámara. A pesar de eso, la junta acabó votando por gran mayoría (14 a 3) el despido de la recién nombrada secretaria general. Hoy la plaza sigue vacante.
Decidimos el despido no porque nos pareciera que el nombramiento fuera incorrecto, sino para no enfrentarnos al embajador y a la embajada. Al votar había que decidir entre convicción y responsabilidad, explica un miembro de la junta. Nos hemos bajado los pantalones, acepta. Otro miembro de la junta es menos dramático. No es tan importante, sostiene. Nadie cayó en que podía haber un problema de incompatibilidades. Hay puntos válidos en los dos informes legales. Esa es la realidad. En derecho, dos y dos no siempre son cuatro, apunta. Es de los pocos que creen que Trillo no ha hecho presión. Ha hablado con gente para explicarles su postura. A lo mejor el origen del problema está en que no se le consultara el nombramiento. A lo mejor las formas no se cuidaron muy bien y él se sintió ninguneado, explica. Y concluye: ¿Tiene sentido que la Cámara tenga a una persona que no es aceptada por el embajador? Se estaba perdiendo la confianza de la Embajada de España.
Otros son mucho más drásticos. Las grandes empresas dijeron que sería un desastre ir contra la voluntad del embajador y que sería la muerte. Y amenazaron con retirarse de la Cámara. No tienen ni moral, ni principios, ni ética, sostiene una fuente. Llevo muchos años fuera y pensaba que estas cosas no eran del todo ciertas, que se exageraba mucho por ideología. Pero ahora tengo la sensación de que lo que se hacía hace 40 años durante la dictadura y lo que se hace ahora es lo mismo. No veo diferencia entre esto y los pucherazos del siglo XIX, señala otra fuente. Esto es chavismo. Es anacrónico. Es una visión patrimonial del ejercicio del poder y de la Administración. Es la vuelta al derecho de pernada. ¿Cómo, que he estado ocho años cercando la ciudad y ahora que la he conquistado no puedo saquearla?, ironiza otra fuente.
Hay quien estima que toda esta polémica le ha costado a la entidad entre 30.000 y 40.000 libras (hasta 50.000 euros), una cantidad muy importante para su presupuesto. Un socio alerta sobre las consecuencias futuras. A nosotros no nos afecta como empresa, pero nos da una excusa perfecta para dejar de pagar la cuota sin tener ninguna deuda moral, opina. Es el golpe de gracia. No solo por lo que ha pasado, sino por el momento en que ha ocurrido, con las empresas españolas poco dispuestas a pagar la cuota. El día que toque renovar, no renovaremos. Lo he comentado con varias compañías y pensamos igual, añade. Ya lo dije nada más llegar. Soy un embajador político. Y creo que eso es lo que hace falta ahora, insiste Federico Trillo, exministro, pero mucho más que embajador: un virrey en Londres.
(El País)
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