Más de 600 trabajadores y socios de Caja Rural de Canarias se rebelan: quieren que la entidad se fusione con Cajamar

Emilio Ruiz 

www.emilioruiz.es

Bajan revueltas las aguas en Caja Rural de Canarias, la cooperativa de crédito agrícola de la provincia de Las Palmas que desde agosto de 2011 forma parte del SIP (Sistema Institucional de Protección) del Grupo Cooperativo Cajamar. ¿Motivo? Varias centenas de trabajadores y socios de la entidad, más de 600 al día de hoy, han pedido la inclusión de dos nuevos puntos en el orden del día de la asamblea general extraordinaria que se celebrará el próximo 21 de diciembre: uno de ellos es la destitución del presidente, Lucas de Saá; el otro, la propuesta de fusión total con  Cajamar dentro de Cajas Rurales Unidas. Según los estatutos de la entidad son suficientes 200 firmas para obligar al presidente a incluir un asunto en el orden del día, por lo que se da por hecho que ambos puntos se debatirán en la asamblea general.

Una oficina de Caja Rural de Canarias

La “revuelta” ya se ha cobrado su primera víctima, y no ha sido precisamente la de quien piden los trabajadores, el presidente, sino la del director general, José Luis Ramírez, que ha presentado su dimisión irrevocable tras doce años al frente de la entidad. Se cree que la dimisión se ha adelantado a una destitución que parecía cantada. De Saá tiene el convencimiento de que detrás del proceso de recogida de firmas quien está es el propio Ramírez. En la reunión del Consejo Rector del pasado lunes, De Saá pretendía destituir a Ramírez y nombrar a su sustituto. Al adelantarse la dimisión, solamente ha habido necesidad de nombrar al sustituto. Se trata de Sergio Pérez García, un hombre de la casa. El nuevo director general es licenciado en Ciencias Económicas y estaba integrado en el área financiera de la entidad. Formaba parte del comité de dirección.

Sin embargo, todo apunta a que, al final del proceso, el desahuciado no será José Luis Ramírez, al que todos vaticinan una vuelta a la entidad, aún más fortalecido, sino Lucas de Saá. “La renuncia del presidente es inminente”, dicen desde el sector de los trabajadores, entendiendo por inminencia cualquier momento previo a la celebración de la asamblea general del 21 de diciembre. Los empleados acusan al presidente de ser un obstáculo para el mantenimiento de la estabilidad laboral y las condiciones sociales y económicas de los trabajadores, cuestiones que consideran que sólo se pueden consolidar con una fusión con la almeriense Cajamar.

La batalla se dirime, pues, entre dos sectores: uno, el encabezado por el presidente, Lucas de Saá, que considera que Caja Rural de Canarias debe continuar como entidad independiente e integrada, eso sí –aunque con una puerta siempre entreabierta para una posible salida-, en el SIP de Cajamar; y otro, el encabezado por la mayoría de socios y trabajadores –y presumiblemente también por el ya exdirector general, José Luis Ramírez-, que considera que el mejor futuro que se le puede ofrecer a trabajadores y cooperativistas de Caja Rural de Canarias en la fusión con Cajamar (con Cajas Rurales Unidas, que viene a ser lo mismo). Cada día gana más enteros esta última propuesta. Si la asamblea general del día 21 de diciembre aprueba la pretensión de los firmantes del escrito, seguidamente se convocaría una nueva asamblea para el día 30 de junio. Sería la asamblea de la ratificación de la fusión con Cajamar.

El Banco de España, por su parte, lo que quiere son entidades cuanto más fuertes, mejor. Considera los SIP una situación transitoria que debe desembocar necesariamente en una fusión. Respecto a la opinión de Cajamar sobre los movimientos producidos en su asociada Caja Rural de Canarias, desde la entidad almeriense se limitan a recordar que cualquier proceso de fusión pasa primeramente por el acuerdo de los dos consejos rectores de las entidades que se pretenden fusionar, y después, por la ratificación de las respectivas asambleas generales.