Enrique Figueroa Castro
Presidente de Ceacop
Y van cuatro. 2013 será el cuarto año consecutivo que la Junta de Andalucía recorta su inversión en la construcción y mantenimiento de infraestructuras públicas. Y así no se protegen las políticas sociales sino todo lo contrario. Para 2013, la Administración autonómica dejará de invertir en Andalucía un 20% de lo que anunció para 2012. La excusa del Gobierno andaluz, para recortar sobre lo ya recortado es, en sus palabras, que la restricción presupuestaria obliga a priorizar las políticas sociales, como son el empleo, la educación y la sanidad. Y estamos de acuerdo en este planteamiento, pero hay algo que hace aguas en este plan si a continuación el Ejecutivo presume de que la inversión en infraestructuras es algo que no tiene cabida en estos presupuestos y perfectamente prescindible.
Empecemos por el empleo. Andalucía lidera la tasa de desempleo nacional con un 35,4% de parados. Está claro que la lucha contra el desempleo tiene que ser la principal preocupación de este Gobierno. ¿Por qué entonces se paraliza la actividad de un sector que es motor de empleo, como lo es la obra pública? Los planes de empleo que se han probado hasta ahora no sirven, porque año tras año la tasa de desempleo escala hacia valores más altos, a la vez que perdemos profesionales, que nos ha costado mucho formar, y que buscan una salida laboral en el mercado extranjero. Urge poner en marcha ya una hoja de ruta que enfoque los esfuerzos económicos hacia destinos realmente productivos. Se trata de generar actividad en focos de empleo y riqueza para la región y no de desaprovechar los escasos recursos públicos que aún quedan. Y la construcción, en épocas anteriores en que sí contaba con un apoyo público firme y una estrategia inversora positiva, ha demostrado cómo es capaz de movilizar el empleo.
Parece como si este Gobierno se sintiera cómodo en la dinámica de las oportunidades perdidas. Como el caso del plan de pago a proveedores. La Junta de Andalucía mantiene con sus proveedores de la obra pública una deuda histórica por trabajos finalizados y no pagados a causa de la no disponibilidad presupuestaria. En el primer semestre del año, la Administración andaluza tuvo en su mano una inyección económica de 2.700 millones de euros para pagar a sus contratistas. Sin embargo, la Junta cerró las puertas a que las constructoras e ingenierías pudieran facturar todo lo que tenían pendiente de pago, y sin factura a los ojos de la Junta no existe la deuda. Por esta maniobra financiera se han quedado sin pagar 800 millones de euros, que aún a día de hoy la Junta debe a empresas andaluzas que han puesto en pie las autovías, líneas férreas, puertos… que hoy disfrutamos.
En cuanto a la educación y la sanidad, ni lo uno ni lo otro se pueden asegurar sin las infraestructuras básicas. Cuando se recorta en obras públicas, no nos equivoquemos, no sólo se dejan de construir carreteras (que ya de por sí son necesarias para mantener el empleo y asegurar el transporte entre poblaciones), sino que se queda en el aire la construcción y el mantenimiento de hospitales, centros de salud, colegios, institutos, centros de formación… es decir, todo el conjunto de infraestructuras básico para que la actividad docente se pueda desarrollar y la atención sanitaria se pueda garantizar en condiciones aceptables.
Las infraestructuras cumplen un fin social incuestionable. De hecho, detrás de la construcción de cualquiera de estas obras está la necesidad de responder a un bien público. Un colegio se construye cuando se prevé que la población infantil de un núcleo urbano crecerá lo suficiente como para demandar la disponibilidad de infraestructuras educativas. O al menos debería ser así. En el lado contrario están los aeropuertos sin pasajeros ni aviones, los pabellones municipales y auditorios que construyeron los ayuntamientos gracias a unos mal aprovechados fondos de Plan E o Proteja y que ahora no tienen presupuesto para mantener abiertos…
Necesitamos que la construcción siga viva, pero con cabeza. Los planes de infraestructuras tienen que sostenerse sobre criterios de racionalización. No podemos permitir que los gestores públicos eliminen, gratuitamente, las previsiones económicas dirigidas a obras públicas, porque lo que está detrás de estos recortes son carreteras que se dejarán de mantener poniendo en peligro la seguridad vial, a la par que una vía desatendida provoca un incremento del consumo de neumáticos y combustible. Además, hay redes viarias que necesitamos construir para unir núcleos de población aislados. Dentro del déficit actual de infraestructuras también se encuentra todo el conjunto de depuradoras y dotaciones hidráulicas que tenemos que construir entre 2013 y 2014 para cumplir con la norma europea de depuración de aguas urbanas, con la que la Junta se comprometió, porque si en 2015 no están finalizadas todas las obras, tendremos que hacer frente a las sanciones correspondientes.
Esta racionalización es la misma que se debe dirigir a las políticas de empleo para que los esfuerzos sean mantener la actividad de los sectores productivos. Permítanme que sea reiterativo, pero es muy doloroso ver cómo la Administración anuncia recortes y planes de austeridad, pero somos las empresas a las que no nos ha quedado más remedio que despedir a nuestros trabajadores, las que hemos tenido que cerrar oficinas y refinanciarnos para atender las obligaciones de pago con nuestros proveedores. Y todo se vuelve permisividad y pierde rigor cuando pasamos de lo privado a lo público.
No perdamos de vista que son presupuestos públicos, es decir, de todos, y los gestores públicos deben garantizar los derechos de todos los ciudadanos y si el principal derecho es el derecho al trabajo, todos queremos trabajar, incluso los trabajadores de la construcción, así que, por favor, no nos excluya de sus planes Sr. Griñán.
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