El fantasma de la intervención vuelve a planear sobre la Junta

Mónica Ureta 

Periodista 

El fantasma de la intervención del Estado vuelve a planear sobre Andalucía. El Gobierno de Mariano Rajoy hará público la semana que viene el cumplimiento del plan de ajuste de cada autonomía, unas notas que darán pistas de cuáles de ellas podrán alcanzar el objetivo del déficit público, fijado en un 1,5 % para este año. Por el momento, el Ministerio de Hacienda, que dirige el andaluz Cristóbal Montoro, ha señalado a Cataluña, Andalucía y algunas regiones del PP como las más rezagadas. Si no cumplen, caerá sobre ellas todo el peso de la Ley de Estabilidad, advierte. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, aseguró ayer que el Ejecutivo negociará "medidas adicionales" con la comunidad, es decir, que le exigirá nuevos recortes. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, criticó las "amenazas de Montoro" y manifestó que "pasarse unas décimas" del objetivo previsto "no es el fin del mundo".

Carmen Crespo, ayer, en Almería

Hasta final de año no se conocerá con certeza si Andalucía, que el año pasado cerró el ejercicio con un déficit del 3,22 %, es capaz de rebajarlo al 1,5 %. De momento, el Gobierno andaluz se muestra optimista. Esta misma semana el presidente, José Antonio Griñán, aseguró que Andalucía cerrará un déficit por debajo de la media de las comunidades. El Ejecutivo del PP no opina lo mismo. Cree que Andalucía no cumplirá y para ello se basa en el último dato disponible, que sitúa el déficit andaluz en el 1,63 %. La cifra definitiva se sabrá en febrero y entonces el Gobierno podrá activar los mecanismos de sanción y hasta de intervención contemplados en la inflexible Ley de Estabilidad. En marzo, un mes después, España tendrá que rendir cuentas sobre su déficit (que debe rebajar hasta el 6,3 % en 2012) ante Bruselas. A Andalucía se le mira más con lupa si cabe por haber sido rescatada por el Ejecutivo. La Junta, al acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica -ha recibido 2.133 millones-, se expone a un examen más severo de sus cuentas.

Si los hombres de negro desembarcan en la comunidad en febrero, la intervención coincidirá con el Pacto por Andalucía que está fraguando el Gobierno andaluz para defender la autonomía y alzar la voz contra los recortes de derechos. La Junta ha impugnado el reparto de déficit, que deja caer prácticamente todo el peso del ajuste en las comunidades, porque lo considera injusto, ya que las autonomías son las que prestan los servicios de sanidad, educación o dependencia. Pese a esta oposición frontal, el Gobierno andaluz ha dejado claro que no será insumiso y cumplirá con la ley. Sin embargo, en el seno del Consejo de Gobierno no todos piensan igual. Los miembros de IU han llamado a la rebelión contra el déficit público. Valderas subrayó ayer que Andalucía no puede ser "presionada" más de lo que ya ha sido, e insistió en que la comunidad está haciendo "un esfuerzo superior" a sus posibilidades. "Entre pasarse unas décimas y cumplir con la educación, la salud y la dependencia, yo me quedo con lo segundo", dejó claro el vicepresidente de la Junta. A su juicio, hay que abrir un camino para "relajar" las exigencias de déficit, "que hunden a España y hacen más complicada para Andalucía la salida de la crisis".

La delegada del Gobierno en Andalucía afirmó que si la comunidad no cumple con el déficit, el Ejecutivo negociará con ella las "medidas adicionales" que tendrá que tomar. Crespo señaló que las autonomías tienen que "autolimitarse" para llegar a sus objetivos independientemente de la imposición del Ejecutivo central. "Todos tenemos que cumplir y poner en orden nuestras cuentas públicas, la deuda y el déficit", explicó la delegada, quien en cualquier caso aclaró que "aún no está vista" una posible intervención de Andalucía, ya que esto dependerá del resultado de las negociaciones y del cumplimiento del objetivo de déficit.

(El Correo de Andalucía)