Arancha Martín
Diputada de Andalucía por el PP
Noticias de Almería
Del hotel de la playa del Algarrobico se viene hablando hace ya seis años a través de distintas iniciativas en el Parlamento de Andalucía, cuando se puso de manifiesto una de las mayores aberraciones urbanísticas consentidas por el Partido Socialista y la Junta de Andalucía. Y cuando digo aberraciones no me refiero tan sólo a la estructura, a la edificación propiamente dicha del hotel. Me refiero a todas las actuaciones que han envuelto a la construcción en particular, pero también –no hay que olvidar- a la calificación de ese entorno, de ese paraje, de ese sector en general.
Una mañana, por lo que en un principio parecía un calentón político del huido Presidente de la Junta de Andalucía, el Sr. Chaves, se decidió unilateralmente, sin garantía jurídica alguna, demoler una edificación que contaba con todos los parabienes de la misma Junta de Andalucía. Y digo lo que en un principio parecía porque tras ese anuncio que recogieron todos los medios de comunicación había otras muchas circunstancias que llevaron a la toma de decisión de la demolición: decisión fundamentada más en circunstancias partidistas –que no políticas, que no es lo mismo- que circunstancias objetivas y jurídicas.
Hablar hoy de demolición del hotel El Algarrobico significa hablar irremediablemente de responsabilidades. Responsabilidades de quien calificó, permitió y hasta subvencionó su construcción, y esa administración no es otra que la Junta de Andalucía. Construir ha tenido un precio: una “supuesta perdida” de un valor ecológico irreparable. Y digo supuesta porque fue el propio Viceconsejero de Medio Ambiente, el Sr. Espadas, el que dijo que no se podía hablar “de perjuicios al LIC y ZEPA en su conjunto, ni de una necesidad de evaluar repercusiones ambientales, (…) ya que se demuestra que no estábamos ante una construcción en zona de especial sensibilidad”.
Construir ha tenido ese precio. La pregunta es: ¿cuál es el precio de derribar? Sabemos que, según el estudio técnico efectuado por la empresa pública Tragsa, la demolición de la construcción, así como el tratamiento de los residuos y la posterior regeneración de la misma, podría ser de 7,17 millones de euros. Pero, ¿qué precio tiene romper el futuro prometido a miles de personas que lo veían aparejado a ese hotel, y no sólo ciudadanos de Carboneras sino de los municipios del área de influencia socioeconómica? Y es que allí se ofrecieron cientos de puestos de trabajo por el ayuntamiento socialista, pero, también, incluso por destacados miembros del gobierno andaluz.
Una mañana, por lo que en un principio parecía un calentón político del huido Presidente de la Junta de Andalucía, el Sr. Chaves, se decidió unilateralmente, sin garantía jurídica alguna, demoler una edificación que contaba con todos los parabienes de la misma Junta de Andalucía. Y digo lo que en un principio parecía porque tras ese anuncio que recogieron todos los medios de comunicación había otras muchas circunstancias que llevaron a la toma de decisión de la demolición: decisión fundamentada más en circunstancias partidistas –que no políticas, que no es lo mismo- que circunstancias objetivas y jurídicas.
Hablar hoy de demolición del hotel El Algarrobico significa hablar irremediablemente de responsabilidades. Responsabilidades de quien calificó, permitió y hasta subvencionó su construcción, y esa administración no es otra que la Junta de Andalucía. Construir ha tenido un precio: una “supuesta perdida” de un valor ecológico irreparable. Y digo supuesta porque fue el propio Viceconsejero de Medio Ambiente, el Sr. Espadas, el que dijo que no se podía hablar “de perjuicios al LIC y ZEPA en su conjunto, ni de una necesidad de evaluar repercusiones ambientales, (…) ya que se demuestra que no estábamos ante una construcción en zona de especial sensibilidad”.
Construir ha tenido ese precio. La pregunta es: ¿cuál es el precio de derribar? Sabemos que, según el estudio técnico efectuado por la empresa pública Tragsa, la demolición de la construcción, así como el tratamiento de los residuos y la posterior regeneración de la misma, podría ser de 7,17 millones de euros. Pero, ¿qué precio tiene romper el futuro prometido a miles de personas que lo veían aparejado a ese hotel, y no sólo ciudadanos de Carboneras sino de los municipios del área de influencia socioeconómica? Y es que allí se ofrecieron cientos de puestos de trabajo por el ayuntamiento socialista, pero, también, incluso por destacados miembros del gobierno andaluz.
¿Qué precio tiene que muchas pequeñas y medianas empresas se vieran abocadas al fracaso al ver paralizadas no sólo las obras de un hotel, sino el desarrollo de un paraje que, supuestamente y según la Junta, era totalmente acorde a derecho y legal a efectos de planeamiento? ¿Qué coste tiene eso? Evidentemente, y tras el informe emitido en el caso de los ERES, este es otro ejemplo de que con ustedes en el Gobierno, por desgracia, mentir, incumplir y defraudar en Andalucía sale realmente barato.
¿Y quién paga? Y no hablo tan sólo del coste económico, sino muy particularmente del político.
Aquí se pueden cometer barbaridades como la de consentir que se construya un hotel, ladrillo a ladrillo, jornal a jornal, un hotel de 21 plantas y más de 400 habitaciones, del que nadie se percató como tampoco se percataron del desmonte previo piedra a piedra que fue necesario para que se hiciera. Como digo, ¿se puede permitir esto, y cuando una mañana se decide que es ilegal y que hay que paralizarlo y demolerlo, aquí no se pide responsabilidades a nadie?
Esto es lo realmente alarmante, y de esto Izquierda Unida no dice absolutamente nada. Y no lo dice porque en su pacto con el PSOE no está, evidentemente, pedir responsabilidades con los que se sientan en el Gobierno. La diputada de IU de mi provincia, la Sra. Rosalía Martín, parece que lo tiene claro: “Debe pagarlo quien permitió construirlo”. Pues termine, Sra. portavoz de IU, complete usted la frase: "Debe pagarlo la Junta de Andalucía, que fue quien permitió construirlo”. El problema es, claro está, que al final quienes vamos a pagarlo somos todos los andaluces.
IU sabrá, al igual que yo, cómo el Partido Socialista mantuvo, hasta las últimas consecuencias, la legalidad y regularidad del proceso seguido para llevar a cabo las obras del Algarrobico. Un proceso que comenzó hace mucho tiempo desde que en mayo de 1984 el Ayuntamiento de Carboneras iniciara la redacción de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Carboneras, desde que en 2001 la sociedad Azata del Sol solicitara del Ayuntamiento la tramitación de la licencia de actividad de un hotel de 4 estrellas en el sector del Algarrobico, hasta que al final el Presidente Chaves y la Junta de Andalucía dictara, a través de juicio sumarísimo, la sentencia de muerte del hotel.
En medio de este proceso, todo tipo de bendiciones por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía:
¿Y quién paga? Y no hablo tan sólo del coste económico, sino muy particularmente del político.
Aquí se pueden cometer barbaridades como la de consentir que se construya un hotel, ladrillo a ladrillo, jornal a jornal, un hotel de 21 plantas y más de 400 habitaciones, del que nadie se percató como tampoco se percataron del desmonte previo piedra a piedra que fue necesario para que se hiciera. Como digo, ¿se puede permitir esto, y cuando una mañana se decide que es ilegal y que hay que paralizarlo y demolerlo, aquí no se pide responsabilidades a nadie?
Esto es lo realmente alarmante, y de esto Izquierda Unida no dice absolutamente nada. Y no lo dice porque en su pacto con el PSOE no está, evidentemente, pedir responsabilidades con los que se sientan en el Gobierno. La diputada de IU de mi provincia, la Sra. Rosalía Martín, parece que lo tiene claro: “Debe pagarlo quien permitió construirlo”. Pues termine, Sra. portavoz de IU, complete usted la frase: "Debe pagarlo la Junta de Andalucía, que fue quien permitió construirlo”. El problema es, claro está, que al final quienes vamos a pagarlo somos todos los andaluces.
IU sabrá, al igual que yo, cómo el Partido Socialista mantuvo, hasta las últimas consecuencias, la legalidad y regularidad del proceso seguido para llevar a cabo las obras del Algarrobico. Un proceso que comenzó hace mucho tiempo desde que en mayo de 1984 el Ayuntamiento de Carboneras iniciara la redacción de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Carboneras, desde que en 2001 la sociedad Azata del Sol solicitara del Ayuntamiento la tramitación de la licencia de actividad de un hotel de 4 estrellas en el sector del Algarrobico, hasta que al final el Presidente Chaves y la Junta de Andalucía dictara, a través de juicio sumarísimo, la sentencia de muerte del hotel.
En medio de este proceso, todo tipo de bendiciones por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía:
- Se aprueba por parte por parte de la Consejería de Obras Públicas el Plan Parcial y el proyecto de urbanización del sector R-5 “El Algarrobico”.
- Concedieron licencia desde el Ayuntamiento socialista para su apertura.
- Eximieron a la empresa del pago de miles de euros en concepto de tasas municipales.
-La Junta de Andalucía concedió, desde el Servicio Andaluz de Salud más concretamente, hasta el informe higiénico favorable para el inicio de actividad.
Dice el Sr. Consejero de Turismo y Comercio, en reciente entrevista concedida en Almería, que “Demoler el Algarrobico es devolver la credibilidad al turismo”. Y esto lo dice el Consejero de la misma Consejería que a la postre dio también el visto bueno a la autorización de instalación del hotel y hasta le dio el número de registro de establecimientos y actividades turísticas.
Ofrecer credibilidad es que las personas encargadas de velar por que se cumplan las normas, lo hagan, y de paso, que las cumplan esas mismas personas.
Esta es la historia de cómo se ha venido permitiendo la construcción del hotel, cómo le han dado las licencias y cómo ahora quieren demolerlo sin que aquí parezca que no ha pasado nada… ¡Y esto es realmente muy grave!
(Extracto del artículo publicado en Noticias de Almería)
Ofrecer credibilidad es que las personas encargadas de velar por que se cumplan las normas, lo hagan, y de paso, que las cumplan esas mismas personas.
Esta es la historia de cómo se ha venido permitiendo la construcción del hotel, cómo le han dado las licencias y cómo ahora quieren demolerlo sin que aquí parezca que no ha pasado nada… ¡Y esto es realmente muy grave!
(Extracto del artículo publicado en Noticias de Almería)
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