Inmigrantes y desempleo en Almería

Javier Menezo 

Letrado del INEM 

A nadie puede sorprender que en Almería susciten interés las noticias que mezclen prestaciones por desempleo y extranjeros. Se comprende fácil si recordamos que nuestra tasa de paro es del 38,43 % y somos la cuarta provincia española en porcentaje de población extranjera, un 19,9 %.

Evolución de los eres en Almería

Por eso, mezclar las palabras paro y extranjero debe hacerse con cuidado para no animar debates extremistas en un momento en el que, según el barómetro de IESA, el 60,8 % de los andaluces tiene una opinión negativa sobre la inmigración.

La noticia a la que me refiero ahora es la relativa a una sentencia del Tribunal Supremo -en realidad son dos, pero sólo una ha trascendido- que, en resumen, venía a anular la decisión de quitar el paro a un extranjero que se fue 20 días a su país sin comunicarlo a la Oficina de Empleo y fijar, en su lugar, que sólo debía suspendérsela. Me hizo gracia escuchar comentar la noticia entre clientes del bar donde desayuno y, por lo que oía, pareciera que se había decretado el derecho a noventa días de vacaciones en el país de origen con cargo al desempleo. Es normal, porque en estas cosas, la información evoluciona mucho mientras pasa de uno a otro. Me recuerda la anécdota, absolutamente real, de personas llamando a las oficinas de empleo para preguntar por el subsidio que se iba a conceder con motivo de la victoria española en el mundial de futbol.

La sorpresa viene por la ligereza con la que personas progresistas, incluso con responsabilidades en partidos de izquierda, han comentado la noticia. Basta un vistazo a las redes sociales para comprobar que incluso se venía a considera un triunfo sobre las políticas antisociales del actual Gobierno. Me sorprende por dos razones: una, porque era evidente que no se han leído la sentencia, y la otra, porque la cuestión hace referencia a una norma de 2006, es decir, del Gobierno socialista, que, en mi opinión, fue muy acertada.

Somos un país que establece pocas obligaciones para quien cobra el paro y esa medida de exigir que quien lo cobrase no podía irse más de quince días y tenía que pedir autorización a la Oficina de Empleo buscaba evitar convertir la protección por desempleo en una subvención para personas que en muchos casos no serían capaces de situar España en un mapa. No habría tanta euforia si recordásemos que las prestaciones por desempleo se basan en el principio de solidaridad, es decir, lo que cobran los que han perdido el trabajo procede de lo que cotizan los que lo tienen y, en los últimos años, de los impuestos, y que supone una factura de 30.000 millones anuales, 500 sólo en Almería.