La Fiscalía acusa duramente al alcalde de Fines

Juan Folío 
La Opinión de Almería 

La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar penas individuales de dos años y tres meses de prisión para el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, y para su hermano, Francisco Sánchez, acusados de ejecutar obras en agosto de 2005 para construir una piscina y una edificación anexa en una finca de su propiedad y en suelo calificado como no urbanizable, según uan información distribuida estar tarde por la agencia Europa Press. Se imputa a los hermanos Sánchez la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia, ya que ambos continuaron con la obra pese a que tenían conocimiento de la existencia de una orden de paralización.

Según el Ministerio Público, Rodrigo Sánchez y su hermano, como propietarios de una finca no urbanizable localizada en la parcela 10 del polígono 47 del paraje rural de Los Llanos, procedieron en agosto de 2005 a realizar movimientos de tierra para construir una piscina y una edificación anexa a una vivienda. La Consejería de Medio Ambiente notificó a los acusados con fecha 16 de marzo de 2006 la apertura de un expediente sancionador y comunicó una orden de paralización inmediata de los trabajos de desmonte que estaban realizando en su propiedad. Según la Fiscalía, pese a tener conocimiento de dicha prohibición, de la que fueron informados en dos ocasiones más en septiembre y noviembre de ese mismo año para comunicar la propuesta de multa y su resolución definitiva, tanto el alcalde como su hermano desatendieron los requerimientos y continuaron los trabajos.

El escrito de acusación ordena, asimismo, que, como prueba anticipada a practicar por el Juzgado de Instrucción de Purchena antes de remitir el procedimiento al Juzgado de lo Penal, se libre oficio al secretario del Ayuntamiento de Fines para que certifique si se le concedió o no a las obras la licencia de obras en respuesta a la solicitud que se presentó el 18 de agosto de 2005, fecha en la que ya era regidor Sánchez. Resuelve en esta línea el fiscal que, en caso de que le fuese concedida la licencia, el juzgado debe proceder a la incoación de unas nuevas diligencias previas ante una presunta prevaricación urbanística para determinar quien informó y votó favorablemente en ese acto administrativo de la corporación local.