Operación Costurero, ¿operación mal hilvanada?

Emilio Ruiz 

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Fue a principios de abril del año 2008 –hagamos cuentas: cuatro años y ocho meses- cuando la comarca del Almanzora se despertó con un bombazo informativo: la policía judicial había ocupado el ayuntamiento de Zurgena, los domicilios particulares de varios empresarios y las sedes sociales de varias empresas, donde se incautó de miles de documentos y expedientes relacionados todos ellos con el urbanismo en la que se denominó Operación Costurero, dicen que llamada así por la identificación con el concejal de Urbanismo del pueblo, de apellido Tijeras, Manuel Tijeras. Al cabo de unos meses la investigación dio como resultado 25 imputados, entre ellos 9 concejales y 11 empresarios de la construcción. El entonces alcalde del municipio, Cándido Trabalón, fue, y aún está, acusado de cinco delitos.

Tijeras y Trabalón, con su abogado,
Antonio Segura

Después de aquella enorme operación mediática, lo poco que se ha sabido es que el juez que la promovió ya no está en la judicatura, está en la política, y que el fiscal cambió de destino. El  voluminoso sumario, conocido por la opinión pública de la comarca gracias a la reproducción de una amplia parte del mismo por el periódico Actualidad Almanzora, lo único que daba a entender era que lo que allí se cocía tenía más cáscara que nueces. Los únicos rastros que aparecían de un posible enriquecimiento ilícito eran una cartilla de un hijo de uno de los encausados, en la que se habían ingresado algo menos de 12.000 euros día después de que el chiquillo hiciera su Primera Comunión, y un coche de un concejal que parece que anteriormente había sido propiedad de un empresario y que fue comprado a un compraventa. Nada, nada, absolutamente nada, tiene que ver esta Operación Costurero con la otra operación que tenemos en la provincia, la Operación Poniente, también conocida en lo esencial por las filtraciones del del sumario ofrecidas por La Voz de Almeía.

Hoy se ha sabido que el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha absuelto al hoy exalcalde de Zurgena Cándido Trabalón y otra docena de encausados de un delito de prevaricación por autorizar la construcción de cinco viviendas en el paraje de El Cucador. Este sumario que ahora se ha resuelto en primera instancia y el de la Operación Costurero son distintos. Pero comparten el fondo del asunto: si las cientos de viviendas que se estaban construyendo en Zurgena lo hacían sobre suelo rústico o sobre suelo urbano. La Junta de Andalucía siempre ha dicho que ese suelo era rústico, mientras el Ayuntamiento lo ha considerado urbano. Cada uno de los dos organismos tenía pruebas sobradas para conducir la conclusión hacia lo expuesto en sus argumentos. Ahora, a la vista de esta sentencia, parece que la razón estaba más de parte del Ayuntamiento que de parte de la Junta. La divergencia de criterios, en condiciones normales, hubiera conducido a un pleito contencioso-administrativo. Pero no, se optó por la vía que más daño hace, la penal, que era la más mediática, pero también la que más dolor podía producir a los encausados y a la propia comarca.

El Almanzora, ese día, perdió todo el crédito que tenía ante un pujante mercado inmobiliario inglés que daba a la comarca mucho más de lo que pedía.