Corrupción

Juan Pardo

Funcionario de Administración Local

La corrupción en España está resurgiendo con tanta virulencia estos últimos días que tengo la sensación de "Tocata y fuga, pero no en Re Menor". Ya se sobrepasan los 300 políticos que están procesados por asuntos relacionados con la corrupción: prevaricación, cohecho o abuso de poder dominante, tráfico de influencias, apropiación indebida de caudales públicos... Los hay de todos los colores políticos. El último de la lista, que cuando termine de escribir este artículo ya no lo será, y a quien aún mantienen en el cargo, es el alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás (PP) por un presunto delito de tráfico de influencias. El penúltimo es José Luis Baltar, antiguo presidente de la Diputación de Orense, compañero de saqueo político del anterior y veterano en el ranking de la mafia gallega. Está acusado de haber contratado irregularmente a más de un centenar de amigos y correligionarios asentando nómina para todos ellos en la corporación que gobernó durante más de 20 años y que ahora preside uno de sus hijos. Ambos son de plena confianza de Rajoy.

In crescendo

De la famosa Ley de la Transparencia que prometió Mariano Rajoy Brey nada se sabe. Al exministro José Blanco (PSOE) lo investiga la Fiscalía en relación con el caso "Campeón" por un presunto tráfico de influencias a beneficio de un supuesto amigo que a su vez es "miembro" del PP. Las amistades peligrosas llevaron al exministro Jaume Matas (PP) a conceder favores millonarios fuera de concurso a Iñaki Urdangarín, el ciudadano que más ha hecho en los últimos años por defenestrar la Monarquía en España.

No hay más que ver las encuestas y saber interpretarlas. En Cataluña está al caer el juicio a la trama del caso "Palau", que implica a dirigentes del CiU; en Madrid también está lista la vista del caso "Gürtel", con un exconsejero (PP) de la comunidad en el banquillo. En Andalucía, por el asunto de los ERE falsos, será otro exconsejero (PSOE) de la Junta el que pase por el mismo trance. En Almería, la Operación Poniente y la Operación Costurero y una red incontable de corruptos nos representaron o nos representan. Lo de Murcia es demasiado. Lo de la Comunidad Valencia, ya ni se resiste.

Por otro lado, y para mi un hecho delictivo aunque lo permita el reglamento del Congreso, tenemos el caso de los 65 diputados que, pese a tener vivienda en Madrid, cobran un complemento de 1.823 euros sin razón justificada. Esto si que tiene nombre y apellidos, por mucho que ZP intentó "taparlos" y Rajoy los encubre con dinero de las preferentes. La perversión y la corrupción se disfrazan casi siempre de ambigüedad; por eso la ambigüedad no me gusta, ni confío en ella.