Catedrático de Filosofía
En el año 1996 preparamos un congreso sobre la idea federal en la UIMP. Reunimos en al palacio de Pineda a Pérez Royo y a Carme Chacón y a otros estudiosos que ahora no vienen al caso. El primero era ya el jurista de cabecera del PSOE, y la segunda, entonces profesora de la Universitat de Girona, formaba parte del equipo de Zapatero. Recuerdo sus cautelas y reservas. Fue un encuentro incómodo, pues nadie aceptaba en aquel tiempo que se tuvieran intereses reales en la idea federal. El caso es que entonces todavía había tiempo para un debate sereno destinado a aclarar el futuro constitucional español; este asunto no estaba en la agenda política y nadie podía pretender que el reloj de los universitarios marcase el tiempo de los políticos. Pero si hay generosidad y franqueza, y si la inteligencia se entrega con libertad a su asunto, entonces es posible que cuando la agenda política marque su hora, encuentre en la propia sociedad los suficientes referentes solventes como para generar un sentido común sólido y eficaz. Una transformación federal de nuestra Constitución, desde luego, necesitaba de una preparación pedagógica seria y constante, y algo de eso se buscaba en aquel encuentro.
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| España |
En un encuentro en mi Facultad de la Complutense de Madrid, en pleno gobierno de Zapatero, el profesor Santos Juliá se negaba a aceptar el horizonte federal con argumentos espurios, que daban por bueno el amateurismo de Ortega en asuntos de forma política. No es que el PSOE abandonara la necesaria pedagogía para que este proyecto pudiera ser entendido por mucha gente, es que dejó de vincularse a una idea que no parecía tener relación con el futuro español. Mientras tanto, todo ha crecido en sentido contrario.
El error fundamental de la derecha política española no reside en tener una idea de nación española. Esto es legítimo. El error reside en pensar que con esta idea ya se tiene algo, y algo así como una nación constituida. El segundo error es tener una idea de la nación española de tal índole que impide una constitución sólida. En suma, la derecha española cree que el proceso constitucional español, inaugurado en 1812, ha sido todo un éxito. Pero incluso el éxito histórico de 1978 nadie puede entenderlo como definitivo, dado el grado de reservas, cautelas y compromisos ambivalentes con que se cerró. Por tanto, el error fundamental de la derecha reside en que cree que España ya es una nación plenamente constituida y que no debe tocarse una coma de nada. Esto no es así nunca, pero todavía menos en el caso español. Desde luego, la vida histórica siempre produce sordas mutaciones constitucionales. En el caso de nuestro Estado de las Autonomías, era fácil comprender que para unas realidades como Cataluña, la Constitución de 1978 no alcanzaba el techo de autogobierno que el Principado había tenido en otras épocas históricas, mientras que en otros territorios, como Andalucía, iba mucho más allá de su vida histórica pasada. En todo caso, la experiencia inédita de una democracia que cumple 35 años y de unas nuevas autonomías requiere una evaluación y, desde luego, una reforma institucional.
En aquel encuentro de la UIMP, Pérez Royo dijo algo que no olvidaré: Andalucía no es periferia, es centro. Ahora sabemos lo que esto significa. Andalucía se apresta a defender el Estado de las Autonomías vinculando al PSOE a una reforma constitucional federal. Es centro porque tiene una idea de Estado y la propone como mediadora entre la independencia de Cataluña y la fijación a la letra constitucional. Ahora, como antes, el federalismo es la única salida oportuna para perfeccionar la Constitución de 1978, mejorando su lógica y manteniendo una fidelidad básica a sus planteamientos de partida. Y el PSOE hace bien en proponer esta agenda de reforma constitucional de manera nítida y clara. Esto implicará retos importantes, como cambiar el actual Tribunal Constitucional y dar garantías a las Autonomías de que tendrán voz suficiente en él para defender sus ordenamientos propios. Sin duda, los poderes del Senado deberán aumentarse hasta darle poder de veto a ciertas mayorías cualificadas. Aquí el modelo europeo será útil. Una España federal en una Europa federal es la consigna adecuada. Para ello hay que dar a los poderes autonómicos más capacidad de cooperación con el legislativo (este es el origen del problema catalán), pero menos poder en el ejecutivo central, justo lo contrario de lo que tenemos hoy. Y desde luego, debemos reflexionar sobre la experiencia de gestión realizada por ciertos poderes autonómicos que han llevado a la ruina a sus respectivos pueblos. Hay que disponer medidas de corrección que puedan impedirlo. Todas estas cosas son muy necesarias.
Pero el problema es que la clase política española tiene el 11% de aceptación entre la población. Con este dato en la mano, ni se tiene legitimidad para mantenerse en una idea errónea, abstracta, antigua y confusa de nación, ni fuerza para avanzar hacia una solución adecuada para España. Una reforma constitucional se puede convertir en una manera de aumentar el prestigio de la clase política, pero también se corre el riesgo de que incluso la propuesta correcta quede desprestigiada por la falta de credibilidad de quien la pone encima de la mesa. La pregunta final es si el PSOE será capaz de convencer a la ciudadanía de que con esa reforma constitucional también tendremos una clase política más presentable. Las dos cosas deben ir juntas. La cuestión sigue siendo la pedagogía política, algo que nuestros partidos políticos han abandonado desde hace varias décadas.
Pero estamos en una situación insostenible, y el PP debe saber que su mayoría absoluta permite mantener la máquina gubernativa, pero desde el punto de vista político es humo. Cuando sólo el 11% de la población está contenta con la clase política, todo está cogido por pinzas. La sospecha de que todo, nación abstracta y reforma federal, sea una huida hacia adelante para que todo siga igual, es demasiado intensa y constituye el mayor obstáculo para una pedagogía política eficaz. Pero ya no tenemos ni margen ni tiempo. La agenda de los universitarios no tiene por qué marcar la agenda política, desde luego. Pero eso no quiere decir que la agenda política siempre sea la correcta».
(levante-emv.com)
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