Jefe de Local de Diario de Almería
La financiación ilegal de los partidos políticos sigue contando en nuestro país con una más que sorprendente tolerancia legal, como se ha puesto de manifiesto en estos días con el caso Pallerols que ha estrechado el cerco sobre el líder de Unió Democrática (UDC), Josep Antoni Durán i Lleida. El democristiano que hace poco más de un año cuestionaba el PER andaluz por el gasto innecesario de fondos del Estado en los jornaleros mientras pasaban la mañana en el bar ha visto como su partido ha admitido en los tribunales una trama por la que se quedaron subvenciones destinadas a la formación de parados en los años noventa. Un caso más sobre las irregularidades de los distintos partidos en España, ni el primero, ni mucho menos el último.
Las leyes orgánicas sobre financiación sólo contemplan una multa económica, que acaba pagándose cómodamente a través de las propias subvenciones públicas que reciben, para aquellas formaciones que no justifiquen cada año sus ingresos y gastos ante el Tribunal de Cuentas. Se les deduce la cantidad, del doble de la percibida ilegalmente, de los fondos que les aporta el Estado. Tan solo en las elecciones andaluzas de 2012, por poner un ejemplo, el PP ingresó 4,6 millones de euros, 4,5 el PSOE y 1,6 Izquierda Unida.
La financiación ilegal de los partidos políticos sigue contando en nuestro país con una más que sorprendente tolerancia legal, como se ha puesto de manifiesto en estos días con el caso Pallerols que ha estrechado el cerco sobre el líder de Unió Democrática (UDC), Josep Antoni Durán i Lleida. El democristiano que hace poco más de un año cuestionaba el PER andaluz por el gasto innecesario de fondos del Estado en los jornaleros mientras pasaban la mañana en el bar ha visto como su partido ha admitido en los tribunales una trama por la que se quedaron subvenciones destinadas a la formación de parados en los años noventa. Un caso más sobre las irregularidades de los distintos partidos en España, ni el primero, ni mucho menos el último.
Las leyes orgánicas sobre financiación sólo contemplan una multa económica, que acaba pagándose cómodamente a través de las propias subvenciones públicas que reciben, para aquellas formaciones que no justifiquen cada año sus ingresos y gastos ante el Tribunal de Cuentas. Se les deduce la cantidad, del doble de la percibida ilegalmente, de los fondos que les aporta el Estado. Tan solo en las elecciones andaluzas de 2012, por poner un ejemplo, el PP ingresó 4,6 millones de euros, 4,5 el PSOE y 1,6 Izquierda Unida.
 |
| carteles electorales |
Nada menos que casi 11 millones de euros recibieron las tres formaciones políticas con representación en el Parlamento de Andalucía por sus resultados y ayudas para propaganda y publicidad, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas. Los tres partidos tenían un límite de gasto en campaña de 3,6 millones de euros que ninguno alcanzó, según sus declaraciones. El PP de Javier Arenas se quedó en 3,2 millones, los socialistas de Griñán en 2,3 e Izquierda Unida con Diego Valeras a la cabeza apenas invirtió 703.708 euros. Gastos en plena crisis económica a los que hay que sumar la publicidad realizada antes de los comicios que ascendió a 1,3 millones en el caso del PP, 2,2 millones del PSOE y 1,06 de Izquierda Unida. Son cifras que curiosamente coinciden con las aportaciones que finalmente han recibido en virtud de las subvenciones públicas contempladas en la Ley Electoral de Andalucía (LEA) y eso que los gastos se planifican mucho antes de saber los resultados que se obtendrán.
En la provincia de Almería, el PP se embolsó 89.196 euros por sus siete escaños y otros 77.789 por los 136.935 votos conseguidos en las andaluzas del pasado año. Los socialistas recibieron 156.093 euros por los cuatro escaños y otros 112.683 por las papeletas depositadas en las urnas. Finalmente IU se quedó en los 22.299 euros que se contempla para cada escaño y otros 4.333 por sus cerca de 19.000 votos. Se trata, en definitiva, de una fiscalización superflua, al igual que la que se hace a los grupos municipales en los ayuntamientos de toda España, que no llega a la verdadera raíz del problema: determinar si un partido está utilizando la administración pública en la que gobierna para dotar de fondos y liquidez a su aparato político.
El Consejo de Europa viene denunciando desde hace años, en sus informes y dictámenes sobre la corrupción en España, la opacidad de las cuentas de los partidos, sobre todo en el ámbito local y en lo referente a sus fundaciones y sus relaciones con los bancos. El magistrado del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez, del sector progresista, ha sostenido a raíz del ‘caso Pallerols’ que la financiación ilegal de los partidos políticos es “la madre de todas las corrupciones”. Y son muchos más los jueces que no acaban de comprender que el Código Penal no recoja el delito de financiación ilegal pese al rosario de casos que se vienen repitiendo desde que el ‘caso Filesa’ salpicó de lleno al PSOE a finales del siglo pasado. El Gobierno aprobó en el mes de octubre de 2012 la reforma de la ley de financiación de los partidos políticos, dando luz verde a un proyecto que envió a las Cortes en diciembre del año anterior. Una legislación que reduce en un 20% las subvenciones a partidos y fundaciones, incluyendo nuevas obligaciones en la información sobre sus finanzas y donaciones, pero que sigue siendo insuficiente a la hora de garantizar una plena transparencia de los partidos y, por tanto, del funcionamiento de una democracia con más de treinta años de historia.
En la provincia de Almería, el PP se embolsó 89.196 euros por sus siete escaños y otros 77.789 por los 136.935 votos conseguidos en las andaluzas del pasado año. Los socialistas recibieron 156.093 euros por los cuatro escaños y otros 112.683 por las papeletas depositadas en las urnas. Finalmente IU se quedó en los 22.299 euros que se contempla para cada escaño y otros 4.333 por sus cerca de 19.000 votos. Se trata, en definitiva, de una fiscalización superflua, al igual que la que se hace a los grupos municipales en los ayuntamientos de toda España, que no llega a la verdadera raíz del problema: determinar si un partido está utilizando la administración pública en la que gobierna para dotar de fondos y liquidez a su aparato político.
El Consejo de Europa viene denunciando desde hace años, en sus informes y dictámenes sobre la corrupción en España, la opacidad de las cuentas de los partidos, sobre todo en el ámbito local y en lo referente a sus fundaciones y sus relaciones con los bancos. El magistrado del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez, del sector progresista, ha sostenido a raíz del ‘caso Pallerols’ que la financiación ilegal de los partidos políticos es “la madre de todas las corrupciones”. Y son muchos más los jueces que no acaban de comprender que el Código Penal no recoja el delito de financiación ilegal pese al rosario de casos que se vienen repitiendo desde que el ‘caso Filesa’ salpicó de lleno al PSOE a finales del siglo pasado. El Gobierno aprobó en el mes de octubre de 2012 la reforma de la ley de financiación de los partidos políticos, dando luz verde a un proyecto que envió a las Cortes en diciembre del año anterior. Una legislación que reduce en un 20% las subvenciones a partidos y fundaciones, incluyendo nuevas obligaciones en la información sobre sus finanzas y donaciones, pero que sigue siendo insuficiente a la hora de garantizar una plena transparencia de los partidos y, por tanto, del funcionamiento de una democracia con más de treinta años de historia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario