Una reforma histórica

Luis Rogelio Rodríguez-Comendador

Alcalde de Almería

A lo largo del fin de semana el Partido Popular ha celebrado en Almería, en el Palacio de Congresos de El Toyo, un importante encuentro nacional que ha servido para presentar a la sociedad española un proyecto de trascendencia histórica: la reforma de las administraciones públicas. Se trata, ni más ni menos, que poner el tejido administrativo de nuestro país a funcionar acompasadamente con los tiempos que corren, deshaciéndonos de inercias y lastres que no nos permitían avanzar en el camino que nos demanda la sociedad. Y esta transformación ha de producirse a través de un cambio de cultura.

Intermunicipal en El Toyo

Debemos pasar de la cultura del gasto a la conciencia del coste. De la cultura del monopolio a la cultura de la competencia. De la cultura del ciudadano-servidor a la cultura del ciudadano-cliente. De la cultura de la burocracia a la cultura de la adaptación. Y, en definitiva, de la cultura de la costumbre a la cultura de la calidad. Y eso nos obliga a todos a ser más competitivos.

España necesita una Administración Pública austera y eficiente que sea un valor competitivo para nuestro país y para el conjunto de la Unión Europea. Es necesario, en consecuencia, racionalizar estructuras, procedimientos y recursos. Por eso se hacen necesarias medidas que mejoren la eficacia de los servicios que actualmente prestan las entidades locales.

Los ejes de este cambio han de buscar, en primer lugar, unos gobiernos locales más austeros. Y esta austeridad habrá de apoyarse en una legislación más ágil que nos permita evitar innecesarias y costosas duplicidades en las competencias, ahorrando así importantes cantidades de dinero. Y estas medias no sólo deben afectar a los Ayuntamientos, sino también a las Diputaciones, que deberían centrar su necesario papel en aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes.

En este sentido, la supresión de las mancomunidades innecesarias supondría un avance significativo en este propósito. Sólo así acabaremos con el actual problema de que los Ayuntamientos destinen en torno a un 20 ó 25 % del gasto de sus presupuestos a servicios que no son realmente de su competencia, o especificando el necesario desempeño de los secretarios e interventores, de modo que no puedan suponer un factor de limitación o retraso en las tramitaciones y decisiones de los Ayuntamientos.

El objetivo final de todo este proceso no es otro que buscar la excelencia en los estándares de calidad y eficacia de los servicios públicos que prestamos.