Al menos dos empresas andaluzas, Sando y Azvi, presuntamente implicadas en el Caso Bárcenas

Miguel Jiménez

El País

Buena parte de los ingresos registrados en la contabilidad manuscrita que llevaba el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, vulneraban la ley de financiación de partidos políticos. Tales supuestos donativos no hubieran podido entregarse por las vías oficiales bien porque su importe superaba el tope legal fijado para una misma persona física o jurídica o bien porque procedían de personas o empresas a las que les estaba prohibido hacer aportaciones a los partidos. Se hallan en esa situación más de dos tercios de los ingresos registrados en esa contabilidad, en la que del lado del gasto figuran pagos regulares con ese dinero a los miembros de la cúpula del Partido Popular. Eso apunta a una supuesta financiación ilegal, algo que el PP niega.

La Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos que estuvo vigente desde 1987 hasta julio de 2007 señalaba que “los partidos no podrán recibir, directa o indirectamente, aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a la cantidad de 10.000.000 de pesetas [60.101 euros] al año. También estaban prohibidas las aportaciones procedentes de “empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna Administración Pública”, según la ley.

Los apuntes registrados en las anotaciones de la contabilidad de caja de Bárcenas se saltan sistemáticamente esas dos prohibiciones. Hay ingresos de una sola vez hasta de 250.000 euros y de una misma persona en un año de hasta 400.000 euros. En más de 30 ocasiones se superó el límite legal, que subió a 100.000 euros a mediados de 2007.

Los pagos figuran principalmente a nombre de empresas y empresarios del sector de la construcción, que suelen contratar habitualmente con la Administración. Aquellos con los que ha podido contactar EL PAÍS han negado su implicación. En ocasiones parece haber pocas dudas sobre la identidad de las personas que figuran en la lista de Bárcenas, pero en otras solo aparece un nombre propio o un apellido, con lo que no está tan clara.

Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, y Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso, son quizá las personas más conocidas de la lista de Bárcenas. Ambos niegan tajantemente las aportaciones de 530.000 euros y hasta 480.000 euros que se les atribuyen en la contabilidad manuscrita. Pero no son ellos los constructores que figuran como principales financiadores de la caja de Bárcenas. La persona a la que se atribuye un mayor volumen de donativos e ingresos es José Luis Sánchez (a veces figura con su nombre completo y otras como J. L. Sánchez o simplemente José Luis). En cinco años aparecen bajo esa denominación, que puede corresponder al promotor malagueño José Luis Sánchez Domínguez, fundador y presidente del grupo Sando, un total de 1,15 millones de euros. A nombre de Manuel Contreras o M. Contreras figuran ingresos por importe de cerca de un millón de euros. Manuel Contreras Caro sucedió a su padre, Manuel Contreras Ramos, en el año 2005 en la presidencia de Azvi, una empresa familiar andaluza de larga tradición.

Varios ingresos de implicados en la trama Gürtel como Pablo Crespo, Juan Cotino (de Sedesa) o Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica) también superan el límite legal. Por encima de ese listón se sitúan también apuntes en los que Bárcenas recoge supuestos ingresos de Copasa, Copisa, Aldesa, Ignacio Ugarteche (Urazca) y Antonio Vilella (Rubau). Hay otros ingresos más difíciles de identificar, pues solo aparece un nombre propio o un apellido. Uno de los ingresos recogidos en la contabilidad de Bárcenas que sobrepasa el tope legal está a nombre de “López H.” por importe de 15 millones de pesetas (90.150 euros) y aparece como efectuado en 1997. Al año siguiente figura otro ingreso de cuatro millones de pesetas de López Hierro. EL PAÍS se puso ayer en contacto con el actual marido de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, cuyo nombre es Ignacio López del Hierro y que ha sido consejero y directivo de empresas inmobiliarias como Bami o Metrovacesa. López del Hierro negó rotundamente que ese apunte pueda ir referido a él. Aseguró que jamás ha realizado una aportación al Partido Popular, subrayó que en esas fechas aún no se había incorporado a Bami y era un ejecutivo de la ONCE sin capacidad para hacer desembolsos semejantes y que no tenía vínculo alguno con el PP ni conocía entonces a Cospedal.

La sanción por aceptar donativos que superen los máximos legales o de procedencia prohibida era con la ley vigente hasta 2007 una multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente recibida. Además, aquella ley exigía que todas las donaciones privadas se abonasen “exclusivamente en cuentas de entidades de crédito, cuyos únicos ingresos serán los procedentes de las mismas”. Desde ese punto de vista, todos los apuntes registrados en la caja de Bárcenas parecen estar fuera de la ley. Reiteradamente, en los papeles aparece que las aportaciones se hacen en efectivo.

En los mejores momentos, la caja de Bárcenas llegó a registrar un saldo superior a los 900.000 euros. Los registros muestran que cuando tras los pagos registrados a la cúpula o destinados a otros gastos del partido quedaba un remanente importante en caja, este se iba ingresando en la cuenta de donativos que el Partido Popular tenía en el Banco de Vitoria (luego absorbido por Banesto), que tenía una oficina muy cerca de la sede central del PP. En la contabilidad manuscrita de Bárcenas figuran 13 ingresos en dicha cuenta por un montante total de 1,2 millones de euros. El destino que figura en las cuentas de Bárcenas para el resto de los 7,5 millones de euros que pasaron por su caja son los pagos a la cúpula del partido y otros gastos de funcionamiento.