Miguel Jiménez
El País
Buena parte de los ingresos registrados en la contabilidad
manuscrita que llevaba el extesorero del Partido Popular, Luis
Bárcenas, vulneraban la ley de financiación de partidos políticos.
Tales supuestos donativos no hubieran podido entregarse por las vías oficiales
bien porque su importe superaba el tope legal fijado para una misma persona
física o jurídica o bien porque procedían de personas o empresas a las que les
estaba prohibido hacer aportaciones a los partidos. Se hallan en esa situación
más de dos tercios de los ingresos registrados en esa contabilidad, en la que
del lado del gasto figuran pagos regulares con ese dinero a los miembros de la
cúpula del Partido Popular. Eso apunta a una supuesta financiación ilegal, algo
que el PP niega.
La Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos
Políticos que estuvo vigente desde 1987 hasta julio de 2007 señalaba que “los
partidos no podrán recibir, directa o indirectamente, aportaciones procedentes
de una misma persona física o jurídica superiores a la cantidad de 10.000.000
de pesetas [60.101 euros] al año. También estaban prohibidas las aportaciones
procedentes de “empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o
realicen obras o suministros para alguna Administración Pública”, según la ley.
Los apuntes registrados en las anotaciones de la
contabilidad de caja de Bárcenas se saltan sistemáticamente esas dos
prohibiciones. Hay ingresos de una sola vez hasta de 250.000 euros y de una
misma persona en un año de hasta 400.000 euros. En más de 30 ocasiones se
superó el límite legal, que subió a 100.000 euros a mediados de 2007.
Los pagos figuran principalmente a nombre de empresas
y empresarios del sector de la construcción, que suelen contratar habitualmente
con la Administración. Aquellos con los que ha podido contactar EL PAÍS han
negado su implicación. En ocasiones parece haber pocas dudas sobre la identidad
de las personas que figuran en la lista de Bárcenas, pero en otras solo aparece
un nombre propio o un apellido, con lo que no está tan clara.
Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, y Luis del
Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso, son quizá las personas más
conocidas de la lista de Bárcenas. Ambos niegan tajantemente las aportaciones
de 530.000 euros y hasta 480.000 euros que se les atribuyen en la contabilidad
manuscrita. Pero no son ellos los constructores que figuran como principales
financiadores de la caja de Bárcenas. La persona a la que se atribuye un mayor
volumen de donativos e ingresos es José Luis Sánchez (a veces figura con su
nombre completo y otras como J. L. Sánchez o simplemente José Luis). En cinco
años aparecen bajo esa denominación, que puede corresponder al promotor
malagueño José Luis Sánchez Domínguez, fundador y presidente del grupo Sando,
un total de 1,15 millones de euros. A nombre de Manuel Contreras o M. Contreras
figuran ingresos por importe de cerca de un millón de euros. Manuel Contreras
Caro sucedió a su padre, Manuel Contreras Ramos, en el año 2005 en la
presidencia de Azvi, una empresa familiar andaluza de larga tradición.
Varios ingresos de implicados en la trama Gürtel como
Pablo Crespo, Juan Cotino (de Sedesa) o Alfonso García Pozuelo (Construcciones
Hispánica) también superan el límite legal. Por encima de ese listón se sitúan
también apuntes en los que Bárcenas recoge supuestos ingresos de Copasa,
Copisa, Aldesa, Ignacio Ugarteche (Urazca) y Antonio Vilella (Rubau). Hay otros
ingresos más difíciles de identificar, pues solo aparece un nombre propio o un
apellido. Uno de los ingresos recogidos en la contabilidad de Bárcenas que
sobrepasa el tope legal está a nombre de “López H.” por importe de 15 millones
de pesetas (90.150 euros) y aparece como efectuado en 1997. Al año siguiente
figura otro ingreso de cuatro millones de pesetas de López Hierro. EL PAÍS se
puso ayer en contacto con el actual marido de la secretaria
general del PP, Dolores de Cospedal, cuyo nombre es Ignacio López
del Hierro y que ha sido consejero y directivo de empresas inmobiliarias como
Bami o Metrovacesa. López del Hierro negó rotundamente que ese apunte pueda ir
referido a él. Aseguró que jamás ha realizado una aportación al Partido
Popular, subrayó que en esas fechas aún no se había incorporado a Bami y era un
ejecutivo de la ONCE sin capacidad para hacer desembolsos semejantes y que no
tenía vínculo alguno con el PP ni conocía entonces a Cospedal.
La sanción por aceptar donativos que superen los
máximos legales o de procedencia prohibida era con la ley vigente hasta 2007
una multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente recibida. Además,
aquella ley exigía que todas las donaciones privadas se abonasen
“exclusivamente en cuentas de entidades de crédito, cuyos únicos ingresos serán
los procedentes de las mismas”. Desde ese punto de vista, todos los apuntes
registrados en la caja de Bárcenas parecen estar fuera de la ley.
Reiteradamente, en los papeles aparece que las aportaciones se hacen en
efectivo.
En los
mejores momentos, la caja de Bárcenas llegó a registrar un saldo superior a los
900.000 euros. Los registros muestran que cuando tras los pagos registrados a
la cúpula o destinados a otros gastos del partido quedaba un remanente
importante en caja, este se iba ingresando en la cuenta de donativos que el
Partido Popular tenía en el Banco de Vitoria (luego absorbido por Banesto), que
tenía una oficina muy cerca de la sede central del PP. En la contabilidad
manuscrita de Bárcenas figuran 13 ingresos en dicha cuenta por un montante
total de 1,2 millones de euros. El destino que figura en las cuentas de
Bárcenas para el resto de los 7,5 millones de euros que pasaron por su caja son
los pagos a la cúpula del partido y otros gastos de funcionamiento.
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