Almerimar-Playa Serena, sin deslinde

Iván Gómez
Jefe de Local de Diario de Almería

El Tribunal Supremo ha tumbado en una sentencia de principios de febrero uno de los deslindes de mayor extensión de la provincia. Nada menos que 15,7 kilómetros de longitud de dominio público marítimo-terrestre entre la zona de aparcamientos del apartahotel Aguamarina en Almerimar y la urbanización de Playa Serena en Roquetas han sido anulados por resolución del magistrado Rafael Fernández Valverde de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal contra la que ya no cabe recurso ordinario alguno.

Playa Serena

La entidad mercantil Cerrillos,  S. A., ha ganado la batalla judicial iniciada hace más de cinco años contra la orden del Ministerio de Medio Ambiente en diciembre de 2007 por la que se aprobaba un expediente “complejo”, según reconocía la Dirección General de Costas en sus informes, que afecta a los términos municipales de El Ejido y Roquetas. A pesar de que la Audiencia Nacional optó por desestimar el primer recurso interpuesto contra el deslinde, al que se sumaron otros de un buen número de afectados como, por ejemplo, la mercantil Claudia Sol SL de Cecilio Guillén, la empresa Cerrillos siguió adelante de la mano de uno de los abogados con mayor recorrido en ordenación del territorio, Vicente Fernández Capel, y al final ha conseguido que el Supremo lo declare nulo y sean ahora los ayuntamientos los que tengan que dar calificación a un suelo que ha dejado de ser de dominio público. De hecho, la administración andaluza tendrá que determinar la protección que se le concede a una zona de casi 16 kilómetros, más de dos mil hectáreas, en la que se encuentra enmarcado el paraje natural Punta Entinas-Sabinar, conjunto de dunas cercanas al mar entre las que se sitúan charcas dentro de un ecosistema subárido.

El deslinde se autorizó el 30 de octubre de 2003 por el Servicio Provincial de Costas y el 18 de junio de 2004 el procedimiento es incoado. La orden resolutoria no llegaría hasta el 13 de diciembre de 2007 y afectaba de lleno a dos fincas de la mercantil Cerrillos, la número 30.619 del registro de la propiedad de Berja y la 5.884 del de Roquetas, situadas en las Salinas de Cerrillos y el Charcón del Hornillo. La línea de deslinde se sitúa en el punto más interior alcanzado por las olas en los mayores temporales conocidos y las marismas, albuferas, marjales, esteros y en general los terrenos bajos que se inundan debido al flujo y reflujo de las mareas o de la infiltración del agua del mar. El recurso de casación entiende que en la orden ministerial se ha producido una infracción en las normas del ordenamiento jurídico y se argumenta como motivos la caducidad del procedimiento (ampliación del plazo), la falta de motivación de la resolución, la existencia de fraude de ley al ser parcial y no recoger la totalidad de los bienes definidos en la Ley de Costas de 1988 (atiende a la de 1969). Además, la empresa afectada presentó alegaciones al estudio geomorfológico porque entiende que los terrenos detrás del cordón dunar litoral no son necesarios para la protección de la costa, ya que se trata de dunas móviles fijadas por la vegetación. “Pone de manifiesto que se han aprobado deslindes sin respetar las garantías legales y derechos de los afectados”, argumenta el letrado Fernández Capel.

Vicente Fernández Capel

De hecho, según ha explicado a este periódico el abogado, la calificación efectuada como zona marítimo-terrestre no resulta la “adecuada” al llegar el deslinde hasta los 600 metros, más allá de la carretera donde se multiplican hoy los invernaderos y fincas. El abogado Vicente Fernández Capel, ex alto cargo del PP de Almería y en su día gerente de la asociación de promotores inmobiliarios de la provincia, es uno de los letrados con mayor trayectoria y logros en el ámbito de la ordenación urbanística del litoral. Además de liderar los recursos de constructores y promotores contra el reglamento del ladrillo de la Junta de Andalucía, ha conseguido paralizar el deslinde de San Miguel entre Cabo de Gata y el límite de la capital, sentando jurisprudencia al prosperar la demanda de unos particulares contra una orden del Ministerio de Medio Ambiente de mayo de 2008, y ahora uno que afecta a nada menos que 15,7 kilómetros.

Las Salinas sigue pendiente de una sentencia definitiva

El Gobierno de Zapatero paralizó en junio de 2008 el propósito del Ayuntamiento de Roquetas en Las Salinas blindando una zona, de más de 2.600 metros de costa, con la calificación de dominio público marítimo-terrestre. Era la única forma de frenar un plan que contemplaba inicialmente la construcción de 18.000 casas y un millón de metros de zonas verdes junto al antiguo cuartel de Carabineros.

Almerimar

El deslinde fue aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente poco después de la marcha de Cristina Narbona y recurrido por el consistorio que gobierna el PP de Gabriel Amat con resultado satisfactorio. En octubre de 2010 la Audiencia Nacional determinó su anulación y el Estado decidió casi un año después recurrir esta sentencia. Ahora será el Tribunal Supremo el que dirimirá si sigue siendo nulo, tal y como también ha ocurrido ahora con la zona comprendida entre Almerimar y la urbanización de Playa Serena, o si acepta los argumentos de la Abogacía del Estado. Ha sido uno de los deslindes más polémicos de los últimos años y ha llegado incluso al Congreso de la mano de los diputados de Izquierda Unida. Comprendido entre el extremo norte de la calle Antonio Machado y las inmediaciones de la playa de los Bajos, la oposición roquetera entiende que forma parte de un patrimonio natural que se debe proteger. A juicio del abogado Fernández Capel, es un deslinde que se ha realizado por una “cuestión política”, al igual que los recursos de la Junta de Andalucía en Playa Serena y Venta Vitorino tumbados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en los últimos días.

El Ministerio de Medio Ambiente ha deslindado ya más del 91% de los poco más de 245 kilómetros de litoral de la provincia. Los trabajos de la Dirección General de Costas no empezaron hasta 1998, siendo uno de los casos más tardíos del país, y esas prisas en la tramitación de los expedientes están posiblemente influyendo en las revocaciones que están sufriendo en los tribunales. La actual Ley de Costas lleva más de 25 años en vigor, pero no fue hasta la llegada de Narbona al Gobierno, en la legislatura de 2004 a 2008, cuando se aceleró la delimitación del dominio público marítimo-terrestre en la provincia de Almería. El Servicio Provincial de Costas trabajó a un ritmo forzoso para atender sus demandas, un excesiva agilidad en las tramitaciones que está detrás de los continuos mazazos en los tribunales que están sufriendo la mayoría de los deslindes en los que hay recursos de las empresas y vecinos afectados.