Mónica Ureta
Periodista
Una administración, una competencia. Esa es la máxima de la reforma de la
administración local del Gobierno de Mariano Rajoy que ha provocado el rechazo
frontal de Andalucía. El Ejecutivo andaluz amaga con recurrir ante el
Constitucional la futura ley porque, a su juicio, choca con el Estatuto andaluz,
supone una vuelta al "municipalismo franquista" y desembocará en la
"privatización" de servicios. La Junta alerta de que el 87% de los municipios de
la comunidad (689) podrían perder gran parte de sus competencias por la nueva
reorganización administrativa. De ellos, hay 530 (el 68% del total) que tienen
menos de 5.000 habitantes y que directamente podrían pasar a fusionarse o
agruparse con otros si no fueran viables.
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| Ayuntamiento de Roquetas de Mar |
La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, en
manos del vicepresidente de la Junta Diego Valderas, ya ha hecho una primera
aproximación de lo que supondrá en Andalucía la polémica reforma local del PP.
Denuncian que el 87% de los ayuntamientos de la comunidad verán mermada
"gravemente" su autonomía local. En estos municipios viven tres millones de
andaluces (el 30%). La futura norma -el viernes se aprobó el informe del
anteproyecto de ley- busca ahorrar 7.129 millones de euros en toda España
básicamente evitando las duplicidades (que dos administraciones asuman la misma
competencia), eliminando sueldos y personal.
La madre del cordero está en los servicios que cambian de mano. El
documento que el Consejo de Ministros dio el visto bueno da un mayor poder a las
Diputaciones Provinciales, unas instituciones cuyo papel está en entredicho y
que ahora el Gobierno central hará protagonistas. Podrán hacerse cargo
directamente de las competencias de los ayuntamientos de menos de 20.000
habitantes (en Andalucía 689) si estos no cumplen unos estándares de calidad
marcados por el propio Ejecutivo. Por real decreto se establecerá el coste
máximo de los servicios básicos (basuras, abastecimiento de agua, protección
civil, viales, salubridad pública y cementerios) que los pequeños pueblos
deberán cumplir si no quieren perderlos. Ahí es donde la Junta, y los dos
partidos que la conforman (PSOE e IU), ven el riesgo a la privatización, porque
muchas de las Diputaciones, también ahogadas financieramente, no van a prestar
esos servicios, sino que contratarán a empresas externas, denuncian desde la
izquierda.
La reforma también permitirá a las comunidades autónomas rescatar
servicios que ahora delegan (como limpieza de colegios, teleasistencia o
guarderías) o bien cedérselos a los ayuntamientos a través de un convenio que
determine su coste y se asegure su financiación. La Junta cree que este punto
también contradice el Estatuto y choca con las leyes locales aprobadas en
Andalucía. Otros ayuntamientos del PP han mostrado sus reticencias a la reforma
local y han obligado a este partido a limar algunos de sus aspectos más
polémicos.
La consejería de Diego Valderas aún no ha
calculado cuántos concejales no podrán tener dedicación exclusiva y, por
consiguiente, un sueldo. El cruce de datos es complicado, advierten desde su
departamento. En Andalucía hay 9.031 ediles, según datos de la Junta al cierre
de 2011. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró el viernes que el
82% de los concejales de toda España no podrán cobrar un salario. La reforma
local también fijará un tope de sueldo en los ayuntamientos: el techo será la
nómina de un secretario de Estado (100.000 euros brutos al año). Es lo que
podrán cobrar los alcaldes de las seis ciudades más pobladas del país, entre las
que se encuentran Sevilla y Málaga, ambas gobernadas por el PP.
Los regidores de los municipios que tienen entre 300.000 y medio millón
de habitantes (entre ellos está Córdoba) percibirán un 10% menos (90.000 euros
al año) y la horquilla irá bajando según descienda la población. Los pueblos de
menos de mil habitantes no podrán pagar a nadie del pleno más allá de las dietas
por asistencia. Además de un recorte en las nóminas, los ayuntamientos tendrán
que prescindir de personal de confianza. En eso se apoya el PP andaluz para
justificar el rechazo de la Junta a la reforma local de Rajoy. "No quieren echar
a los enchufados", sostienen los populares. Sin embargo, la contención salarial
y las plantillas más ajustadas solo supondrán 146 millones (el 2%) de los 7.129
que el Ejecutivo pretende ahorrar.
Los socialistas andaluces instaron ayer de nuevo al Gobierno a que retire
"inmediatamente" la reforma local. El secretario de Política Municipal del
partido, Francisco Conejo, la calificó de "una voladura" de los ayuntamientos y
dijo que "solo busca rentabilidad económica sin tener presente en ningún momento
la rentabilidad social". Auguró más destrucción de empleo y un "empeoramiento"
de los servicios públicos.
(El Correo de Andalucía)
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