El Gobierno, incansable: otra vez lleva al Constitucional la subasta de medicamentos

Isabel Morillo

Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía

El Gobierno de la Nación está enrocado. No le ha servido que en dos ocasiones el Tribunal Constitucional haya levantado la suspensión cautelar contra la subasta de fármacos en Andalucía y haya dado luz verde a esta medida de ahorro a la espera de adoptar una resolución definitiva sobre el fondo del asunto. El Ministerio de Sanidad vuelve al ataque y por tercera vez formalizó ayer en el Consejo de Ministros un recurso al Alto Tribunal que pretende frenar de nuevo la iniciativa de la Junta de Andalucía. La subasta de medicamentos fue lanzada por el Gobierno andaluz como una medida de ahorro, en esta última convocatoria de 200 millones de euros. Consiste en que se plantea un concurso público y se garantiza a los laboratorios que ofrezcan las mejores condiciones que todos los medicamentos genéricos que se receten serán de su marca. El farmacéutico ya no dispensa el genérico que quiera sino el que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ordene. Es una medida de economía de escala, defiende la Junta. La medida está sometida a numerosos vaivenes por el pulso político entre ambos Gobiernos, tras el que late el poderoso mundo de la industria farmacéutica.

Ana Mato no quiere la subasta de
medicamentos de Andalucía

Desde junio, la subasta ya funciona para algunos grupos de medicamentos muy comunes (protectores gástricos, contra el colesterol, para prevenir trombosis o infartos) con un ahorro de 22 millones de euros. Pero la convocatoria más fuerte es la que acababa de sacar la Junta, que pretendía que estuviera en vigor en abril. Tras este nuevo lote en subasta, la consejera de Salud, María Jesús Montero, estimó que más o menos la mitad de la factura farmacéutica andaluza, al margen de los hospitales, estaría en manos de los laboratorios que ganaran el concurso.

La guerra entre ambos gobiernos a cuenta de la sanidad se recrudece. Hace dos días el presidente Mariano Rajoy, durante el debate sobre el Estado de la Nación, atacó a la sanidad pública andaluza, hablando de privatizaciones al estilo de lo que ocurre en Madrid o Castilla-La Mancha. La Junta lo acusó de "repetir mentiras" como "coartada" de lo que hacen otras comunidades. Ayer, el Consejo de Ministros acordó elevar el tercer conflicto ante el Constitucional y alegó, de nuevo, que se vulneran las competencias estatales, al intervenir la comunidad autónoma en los precios y la selección de medicamentos a dispensar. En realidad, la subasta de fármacos no interviene directamente en los precios, pero sí obliga a los laboratorios a ajustar sus beneficios y deben ofrecer contraprestaciones que mejoren la oferta de su producto.

La indignación prendió en el Gobierno andaluz, que ya esperaba este tercer recurso. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se preguntó en Twitter "en qué y a quién beneficia suprimir" la subasta de medicamentos. La consejera de Salud hablo de "falta de respeto" del Gobierno a Andalucía y al propio Constitucional. Admitió que no sabe qué ocurrirá ahora con esta tercera subasta, que podría ser paralizada a pesar de que ya está casi cerrada, y denunció que el Ministerio defiende "los intereses millonarios de la industria farmacéutica frente a trabajadores y pensionistas". Esta medida de ahorro ha descontado 200 millones de euros del Presupuesto que, de paralizarse la subasta, habría que descontar de otras partidas, advirtió Montero: "Supondría un ajuste similar al despido de 6.500 trabajadores, al cierre del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, al cierre de los centros de salud de Córdoba un año o al desmantelamiento de la red de unidades móviles o helicópteros de Emergencias Sanitarias".