José Fernández
Periodista
A la hora de escribir estas líneas creo que todavía
no se ha revocado la pintoresca decisión del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) de archivar la denuncia contra el parlamentario de IU Juan
Manuel Sánchez Gordillo por liderar el asalto sindical a varios
establecimientos comerciales durante la reciente huelga general. Ojalá que esta
columna aparezca desfasada y que la corrección de semejante disparate ya se
haya producido porque, de no ser así, más vale que vaya usted cerrando su
tienda, su empresa o su oficina, porque debe saber que está usted vendido y a
disposición del primer impresentable que quiera entrar a reventarle el negocio
en la próxima huelga. Que la habrá, claro.
Por sorprendente que parezca, en
España hay jueces que avalan el mangazo en los mismos supermercados en los que
usted y yo pagamos porque, según su singular criterio, no se puede considerar
delito que un grupo de personas “afee la conducta” (sic.) de los trabajadores
del establecimiento que no secundan la huelga, “sin más arma que la palabra”
(sic.). Carros llenos sin pasar por caja, estantes volcados, cajeras amenazadas…
y algunos jueces templando gaitas. Ya ven que del Estado de Derecho al Estado
de Desecho hay apenas un paso. El paso que se da cuando desde los tribunales se
valida el derecho de los rateros a actuar disfrazados de sindicalistas
extendiendo el terror por los comercios.
Me pregunto si sus pusilánimes Señorías
habrían evacuado una resolución tan power-flower si sus domicilios particulares
o sedes judiciales se hubieran visto afectados por la labor “percutivo-informativa”
de esa banda de desgarramantas legalizados.
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