¿Sobran funcionarios?

Emilio Ruiz

www.emilioruiz.es

Las palabras pronunciadas la semana pasada por Juan Rosell, presidente de la patronal CEOE –“Quizá es mejor ponerles un subsidio a los funcionarios a que estén en la Administración consumiendo papel y teléfono”-, han soliviantado a todos los sindicatos de funcionarios, y no sin razón. No entiendo esta manía de los presidentes de la CEOE por meterse en charcos extraños. Igual que poner en duda, como hizo el mismo Rosell, la fiabilidad de los datos de la EPA. Es navegar contracorriente en la aceptación de unos criterios de recuento de desempleados que están universalmente aceptados. Mucho debieron aprender, pero no lo hicieron, este presidente y su antecesor, Díaz Ferrán, de quien les precedió en la CEOE, José María Cuevas, un hombre comedido y prudente que supo ostentar el cargo de presidente con bastante dignidad.

Un poco de humor

Las palabras de Rosell son injustas. Generalizar siempre es injusto. Generalizar, además, de forma burda, como ahora, puede llevar a alguien a pensar que lo que quiere este hombre no es otra cosa que la propia destrucción del Estado para dejarlo en manos de las “leyes del mercado”, que ni siquiera deben estar escritas. Una administración pública suficiente y eficaz es la mayor garantía de supervivencia de un Estado de Derecho, que no puede estar sometido a las veleidades políticas.

Rosell ha rectificado y es precisamente en los términos de su rectificación donde hay que insertar el debate. La pregunta que hoy ronda por la mente de muchos españoles es simple: ¿Sobran en España empleados públicos?

Según el último informe del Gobierno, en España el número de empleados públicos es de 2.530.956.  De éstos, el 61 por ciento (1.653.498) es funcionario; el 26 por ciento (690.278) es personal laboral y el 13 por ciento restante es personal interino y eventual. En Andalucía el número de empleados públicos es de 499.974, según los últimos datos conocidos. Representa el 19 por ciento del total nacional, algo más de un punto por encima del peso específico de la población de Andalucía en el conjunto de España. Tras Andalucía las siguientes comunidades autónomas con más empleados públicos son Madrid (427.650, el 16 por ciento del total nacional), Cataluña (302.607, con el 11,38 por ciento) y Comunidad Valenciana (228.453, con el 8,59 por ciento).

Distribuidos los empleados públicos andaluces por administraciones, 257.234 (51,44 por ciento) son de la Junta de Andalucía, a la administración local corresponden 130.415 (el 26 por ciento), 92.408 son empleados del Gobierno central y 19.917 personas dependen de las universidades públicas. Por provincias, Sevilla es la provincia que concentra mayor número de funcionarios, con 120.806, y las que menos, Almería (37.806) y Huelva (33.631).

Volvemos a la pregunta que da título a este artículo: ¿Sobran funcionarios, o empleados públicos, por ser más exactos, en España y en Andalucía? A tal pregunta los sindicatos responden proporcionando unos datos que consideran concluyentes: en España hay un empleado público por cada 17,79 habitantes. La media en la Unión Europea está en los 16,89 habitantes. Hay notables diferencias entre países. En Suecia hay un empleado público por cada 8,09 habitantes mientras en Eslovaquia hay 135 habitantes por cada empleado público. En Alemania son 18,26  y 30,29 en Grecia. Tomando estos datos de los países de nuestro entorno, se puede llegar a la conclusión de que la función pública española no sólo no está sobredimensionada.

Pero estas cifras pueden inducir a confusión. Por dos razones. Una de ellas es muy importante: ¿cuál es la referencia idónea que hay que tomar para establecer el número de funcionarios: el de habitantes, el de la población activa, el que se adecúa a la edad de la población…? Con cada una de estas referencias el resultado sería distinto.  Y la otra razón no es menos importante: habrá que determinar el número de funcionarios por la cantidad de servicios que tiene asignado el personal de las distintas administraciones públicas. Es obvio que un país con fuerte implantación de la llamada “externalización de servicios” precisa de menos funcionarios que otro que tiene a su personal fuertemente implantado en todas las organizaciones gubernamentales.

En los últimos años, las administraciones públicas españolas han orientado sus políticas hacia la externalización de servicios. Se ha cedido a empresas privadas la explotación de multitud de servicios que tradicionalmente ha desempeñado el funcionariado. Hoy en día no resulta fácil encontrar empleados públicos en labores como mantenimiento de jardinería, limpieza viaria, mantenimiento de carreteras, transporte sanitario, servicios de cátering de instituciones públicas, etc., etc. Incluso estamos aceptando como normal la presencia de la empresa privada en actividades públicas que, hasta ahora, eran casi intocables, como la sanidad, la educación, la dependencia y la seguridad.

Volviendo a la respuesta que se pide, podemos concluir que la administración pública española no está sobredimensionada. Pero sí se tiene la percepción de que la distribución no es la adecuada. Mientras encontramos despachos con las mesas apelotonadas y sus ocupantes disfrutando de muchos ratos de ocio hay centros de salud con un solo médico, dejando el centro desasistido en caso de tener que atender a una urgencia, por poner sólo un ejemplo. El propio Rosell puso, en la rectificación de sus declaraciones, otro ejemplo que tampoco nos es ajeno: servicios municipales de urbanismo que se llenaron de empleados con el boom inmobiliario hoy mantienen sus plantillas inalterables.

Conclusión: no sobran funcionarios. Pero los que hay están mal distribuidos. Hay actividades públicas en las que su escasez es alarmante, pero hay otras en las que los excedentes son igualmente alarmantes. El  criterio del ministro Montoro (“subimos los impuestos porque mucha gente no los paga”), aplicado al personal público conduce a la afirmación de que es normal que en muchas instituciones falte personal porque en otras sobra. El buen administrador público no es el que sube los impuestos a los que pagan para compensar la pérdida de ingresos por los que no pagan. El buen administrador público es el que consigue que paguen los que están obligados a pagar. Pues aplíquese la afirmación a los empleados públicos: hay que excluir a los que sobran para incluir a los que faltan.