Elio Sancho
Jefe de Finanzas y Agricultura de Diario de Almería
Con el firme propósito de
disuadir a las empresas que realizan fraudes laborales, el subdelegado del
Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, presentó ayer el resultado del Plan de
Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social en el
ejercicio 2012, así como los principales objetivos para el año que viene, además
de resaltar, en palabras del propio subdelegado, la vocación de "transparencia"
del Ejecutivo. Acompañado de Juan Ramón Fernández, jefe de la
Dependencia Provincial de Trabajo e Inmigración, y por Sonia Navas, jefa de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, García Lorca hizo hincapié
en que desde el Gobierno "somos conscientes de los datos y queremos transmitir
las actuaciones que realizamos para reprimir esta situación porque se trata de
un problema de cultura empresarial".
Del análisis presentado, se extrae
que Almería lidera el fraude en el empleo irregular y en las actuaciones ante la
Seguridad Social en Andalucía, pues absorbe el 45% de las inspecciones
realizadas en el conjunto de Andalucía y registra el 77% de las altas laborales
realizadas por empresas ficticias para el cobro de bonificaciones o ayudas.
A lo largo de 2012, los servicios de inspección laboral en Almería,
dotados con 12 inspectores y 14 subinspectores, además del personal
administrativo, han llevado a cabo un total de 9.846 inspecciones, de las que
3.803 se han realizado a luchar contra el empleo irregular y el fraude a la
Seguridad Social, que han permitido el afloramiento de 1.404 trabajadores en
situación irregular. De todos estos empleados, la mayoría se encuadran
en el sector de la hostelería, con 333 en situación de falta de alta; la
construcción, con 228 sin alta; y la agricultura, con 177.
El porcentaje
de inspecciones en materia de empleo sumergido en los que se han detectado
irregularidades ha sido del 26,3%, cifra que coincide con la media en Andalucía. En valores absolutos, se han contabilizado prestaciones ficticias y
revocadas por algo más de 1,5 millones de euros, que se corresponden con 1.967
altas anuladas; a esta cifra hay que añadir 14,3 millones de euros de
expedientes liquidatorios correspondientes a cuotas impagadas por parte de
empresas a la Seguridad Social.
Para 2013, el objetivo es llevar a cabo
9.952 actuaciones para seguir luchando contra esta lacra.
(elalmeria.es)
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