Luis Rogelio Rodríguez-Comendador
Alcalde de Almería
La ruinosa gestión del
ruinoso bipartito PSOE-IU es la responsable del estado de dificultades por el
que atraviesan los ayuntamientos andaluces, gobernados en su mayor parte por el
PP, y asfixiados financieramente por la Junta por haber cometido los ciudadanos
el "pecado" de votar al PP en lugar de al PSOE. Y mientras tanto, Andalucía
lidera el paro de la UE y está a la cabeza de los recortes al Estado del
Bienestar por no querer tocar su régimen de privilegios y la administración
paralela.
Por eso hace unos días los alcaldes de las ocho capitales de provincia
de Andalucía firmamos una carta recordándole al presidente Griñán los
demoledores datos que desveló en el Parlamento el presidente del PP Andaluz,
Juan Ignacio Zoido: la Junta debe cerca de 400 millones de euros a los
ayuntamientos andaluces, estableciendo una deliberada estrategia de asfixia
política en la que los únicos damnificados son los ciudadanos andaluces.
Este
sectarismo político ha tenido consecuencias tan lamentables como los daños
causados por las recientes inundaciones en la localidad de Écija después de que
la Junta paralizase allí las obras de encauzamiento fluvial por el simple hecho
de que el PSOE dejase de gobernar el Ayuntamiento tras las últimas elecciones
municipales.
En el caso de Almería capital, la Junta de Andalucía es el
principal deudor de nuestro Ayuntamiento, al que debe ya siete millones y medio
de euros en concepto de convenios incumplidos. Y es que la deuda de la Junta
sólo con las capitales supera los 128 millones de euros, que no se han ejecutado
895 en transferencias desde 2010 y que se ha recortado el presupuesto del Plan
de Cooperación Municipal en 517,8. Son los datos del Gobierno bipartito PSOE-IU,
el más moroso y antimunicipalista de la historia autonómica.
Del mismo modo,
hemos vuelto a pedir al presidente Griñán que nos reciba como ya lo ha hecho el
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Lo que no puede ignorar el presidente
de la Junta es que los ayuntamientos, con independencia de su color político,
son la primera puerta a la que llaman los andaluces cuando tienen un problema,
independientemente del reparto de competencias y de las garantías de
financiación establecidas. Se trata de un agravio evidente e irreponsable que no
recae sobre los alcaldes o sobre el PP: es un lastre directo sobre las economías
y la calidad de vida de miles de familias andaluzas que ven que sus
ayuntamientos no pueden ofrecerles los servicios que demandan por esos
impagos.
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