Ayuntamientos contra las cuerdas

Iván Gómez

Jefe de Local de Diario de Almería

Las arcas municipales llevan años tiritando y ni los severos ajustes que se vienen aplicando en los ayuntamientos de la provincia, con rebajas de sueldos y despidos, han podido evitar que algunos se hayan condenado a una situación de quiebra técnica. Las huelgas son la respuesta de los sindicatos a una coyuntura que ha empeorado tras la reforma laboral y que tiene su origen en los años de excesos y desmanes. “Las corporaciones han tirado con pólvora de rey y ahora hay que ajustar”, asegura Manuel Alías, responsable de Hacienda en la Diputación Provincial.

El ERE de Macael y el corte del suministro eléctrico de Endesa en Albox son sólo un par de ejemplos de que su crisis no ha hecho nada más que empezar. Los ayuntamientos se han visto en la disyuntiva de cerrar guarderías, servicios escolares y dependencias sanitarias que antes financiaban a pesar de que no era su competencia. Pero ahora no pueden. No tienen liquidez para cubrir más allá de sus gastos de personal. Es más, ya son cerca de una veintena los que han tenido serias dificultades económicas de forma puntual para el pago de las nóminas de sus funcionarios. La crisis fiscal los ha paralizado y de no cubrir vacantes como forma menos traumática de aligerar las plantillas han tenido que pasar a los despidos, más de un centenar en los dos últimos años.

El ERE de Macael ha sido el primero, pero no será el último. Albox, Turre, Adra, Berja, Dalías, Arboleas, Huércal Overa y Cuevas, por citar algunos ejemplos repartidos por la geografía provincial, están contra las cuerdas. Las alternativas para salvar el colapso pasan por subir los impuestos y aplicar un severo recorte de gastos. Hoy por hoy, la primera opción es impensable, por la delicada situación de las familias españolas y el desgaste electoral que conlleva para el que gobierna. La segunda, una vez atacados los cánones millonarios de las concesionarias, obliga a actuar sobre los funcionarios y, de ahí, que se sucedan por toda la provincia las huelgas y protestas.

Los planes de ajuste surgidos de la reforma laboral aprobada por el Gobierno han provocado, según los sindicatos, despidos colectivos, impago y reducción de salarios y modificaciones en la jornada de trabajo. Destrucción de empleo y precariedad. Más de 1.500 funcionarios municipales han sido despedidos a raíz del plan de pago a proveedores que obligó a reestructurar plantillas en los ayuntamientos, según la Federación de Servicios Públicos de UGT. La Diputación ha adelantado en apenas tres meses más de 15 millones de euros a los pueblos almerienses a los que gestionan la recaudación de tributos. Y la cifra se disparará, según estima el diputado de Hacienda, a los 65 millones de euros cuando acabe el año. Es más, han tenido que responder ante otros que pedían anticipos excepcionales porque no podían pagar las nóminas de sus empleados públicos. Eso sí, a juicio del diputado Manuel Alías, “los ayuntamientos almerienses lo están pasando mal, pero la mayoría han puesto en orden sus cuentas”. Una mejoría financiera que ya se puede apreciar en las arcas de Mojácar, Alhama, Vícar o Huércal de Almería, hasta hace bien poco con el agua al cuello. Roquetas es un ejemplo -señala- en liquidez y pagos. No obstante, no escapa a las polémicas con las contratas cuando se negocia a la baja. La amenaza de huelga de los trabajadores de Urbaser es un claro síntoma de la conflictividad laboral creciente en la provincia. Ocurre igual con el consistorio de la capital. A pesar de sus cifras de superávit, no ha evitado que la negociación colectiva tuviera episodios de crispación (pitadas e insultos) nunca antes vividos.

Los sindicatos mayoritarios son más que conscientes de que hay que reequilibrar las cuentas, pero lamentan que sean sólo los empleados públicos los afectados por años de mala gestión y falta de previsión en plena ebullición de la burbuja inmobiliaria. En nuestro país los ayuntamientos no pueden quebrar ni sufrir un embargo de bienes, pero sí que pueden llega a experimentar un momento crítico cuando incumplen su obligación de liquidar el presupuesto o de pagar a los proveedores. La Ley 2/2011 de Economía Sostenible permite retener los ingresos de su participación en los tributos del Estado. En los últimos meses lo han hecho con Alcolea, Felix, Enix, Ohanes, Vera y Albox. Juan Fernández, responsable de Administración Local de CSIF, entiende que “es el momento de la unión de los funcionarios”. A la vuelta de la esquina se encuentra la reforma propuesta por el PP, su mayor incertidumbre. “Otra vez seremos los empleados públicos los que paguemos el pato y los políticos siguen sin dar ejemplo”.

La reforma de la administración local

El Consejo de Alcaldes del PSOE de Almería celebrado esta semana ha puesto sobre la mesa que la reforma de la administración local que va a aprobar el Gobierno supondrá “despidos masivos” en los ayuntamientos. El secretario de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Paco Conejo, asegura que de salir adelante la propuesta del Ejecutivo de Rajoy “todos los municipios de menos de 20.000 habitantes se quedarían prácticamente sin competencias y también sin capacidad para prestar servicios”. Una argumentación falsa para el PP de Almería que entiende que la reforma local será la solución a los problemas de financiación de los ayuntamientos. Juan José Matarí, diputado nacional del PP, aseguró ayer que “no es cierto que vaya a provocar despidos masivos”. Plantea que servirá para “sanear las entidades y eliminar las que sean deficitarias”.

Despidos  

A pesar de la severa crisis y los planes de austeridad, ninguno de los 102 ayuntamientos de la provincia ha tenido que recurrir a un expediente de regulación de empleo, conocido como ERE, hasta que este mes ha llegado el anuncio del alcalde de Macael, Raúl Martínez. El consistorio plantea reducir en 18 empleados la plantilla con el objetivo de ahorrar 500.000 euros anuales. Es el único ERE de la provincia, pero son más de un centenar los despidos, 63 a lo largo del pasado año según un informe de UGT de Almería. Tras la aprobación de la reforma laboral optaron por una reducción de plantillas los ayuntamientos de Cuevas del Almanzora, Vera, Carboneras, Macael, Huércal-Overa, Níjar y Vélez-Rubio. El expediente de regulación de empleo que han planteado en El Ejido (Elsur) es el precedente y afecta a una empresa concesionaria. En el Ayuntamiento de Níjar se han los efectivos en los servicios y concesiones en un total de 42 trabajadores, incluyendo los del personal de confianza. En Andalucía son 1.474 despidos.

Impagos

En los últimos años, a raíz de la caída de los ingresos propios ytodavía arrastrando la gravosa liquidación negativa del Estado, son más de una veintena de municipios de la provincia los que han tenido problemas de impago de salarios de forma puntual. Pendientes siempre de los adelantos que llegan de la Diputación -los que tienen cedidas las competencias de recaudación- y de los retrasos ocasionales por parte del resto de administraciones, al menos una decena de pueblos están contra las cuerdas, sin apenas capacidad para poder afrontar las nóminas de sus plantillas. Macael, Albox y Turre son los que tienen una mayor asfixia.