Aguayo abre la caja de Pandora

Isabel Morillo

Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía

Quien conozca bien a Carmen Martínez Aguayo no podrá decir que ha participado de una estrategia premeditada y orquestada de uno de los bandos del partido para reabrir las heridas internas del PSOE andaluz. Pero, casi seguro que sin querer, ha abierto la caja de Pandora. Los socialistas vuelven a atrincherarse. De un lado, la vieja guardia de Manuel Chaves. De otro, los de José Antonio Griñán. Y en medio, Alfredo Pérez Rubalcaba, un líder desdibujado y de salida que se mantiene en su puesto gracias a los socialistas andaluces.

Carmen Martínez Aguayo

Militante neófita del PSOE de Sevilla, Martínez Aguayo no es mujer de aparato ni de fontanería sino de gestión y números. La consejera de Hacienda en un, dicen, inoportuno e inesperado arranque de sinceridad situó el viernes “sin duda” la responsabilidad política del caso de los ERE en los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández. Posiblemente dijo lo que pensaba y lo que ha oído que piensan muchos en su entorno político directo. Pero se saltó el acuerdo tácito, el guión escrito por el PSOE, que dicta que hasta que no lleguen las condenas no se pedirán responsabilidades por encima del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Ese hombre de vida loca, que vuelve a estar entre rejas, que gestionó más de 1.000 millones de euros sin que sus superiores sospecharan nada, según la versión socialista. Que se mantuvo una década en su cargo, ratificado por tres consejeros, pero que, según el relato del PSOE, era una “desaprensivo” que los engañó a todos. Hay lagunas, sobre todo, porque fueron diez años. Y aunque, en un acto de fe, se crea la doctrina Guerrero, a la espera de la justicia, la responsabilidad política in vigilando de sus jefes directos existe. Hasta Griñán así lo ha reconocido.

Desde luego, la consideración de la consejera de Hacienda, pese al revuelo interno en el PSOE, no es ninguna extravagancia. Antonio Fernández, consejero de Empleo desde 2004 a 2010, fue imputado por la jueza Mercedes Alaya en marzo de 2011. Un año más tarde, el pasado abril, la jueza ordenó su ingreso en prisión, imputado de los delitos de negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones, prevaricación, cohecho y falsedad en documento. Salió de prisión en agosto, tras el pago en metálico de una fianza de 450.000 euros que fueron donados por amigos y familiares, según su abogado. Aunque tras su imputación el PSOE no lo dio de baja como militante, él mismo dejó de pagar las cuotas. Estaba dolido porque consideraban que los suyos le habían dado la espalda. El abogado de la Junta pidió afianzamiento ante su ingreso en la cárcel. La jueza Alaya lo consideró autor intelectual, entre otros, del “sistema operativo” de las ayudas irregulares investigadas.

Las distancias con Fernández comenzaron cuando se supo que su nombre aparecía en el ERE de González Byass, empresa bodeguera donde el exconsejero había trabajado y donde se dispuso una indemnización de 400.000 euros, a la que renunció. Cuentan que Griñán montó en cólera. Era fácil distanciarse porque el exconsejero jerezano no tenía ya ningún cargo.

Fue Guerrero quien directamente implicó a Fernández y José Antonio Viera como presuntos conocedores de las irregularidades. Con el exconsejero Viera (2000-2004) y exsecretario general del PSOE de Sevilla (2004-2012) todo es distinto. Viera, que no está imputado aunque la Guardia Civil le ha apuntado un “papel esencial” en la trama de los ERE, es diputado en el Congreso y, por lo tanto, aforado. Su imputación –para muchos abogados del caso ERE es incomprensible que aún no haya llegado tras ver el rasero con el que se trató a Fernández– supondría que la jueza Alaya perdería el control de la instrucción, que iría al Supremo. En eso se ampara el PSOE para respetar a Viera en su puesto en el Congreso. Por cierto, que la web de la Cámara Baja le atribuye cero iniciativas en la actual legislatura.

Pero el diputado cero, insiste el PSOE-A, no está en la cuerda floja. Para la mayoría de las personas fuera del ámbito de la política puede sonar raro. Los socialistas se escudan en la presunción de inocencia y en la importancia de no adelantarse a la justicia. Pero aquí no se habla de responsabilidades penales, que pueden o no llegar, sino políticas y esas tampoco se cobran. Viera hizo estallar una bomba contra Griñán en febrero de 2012 con su dimisión como dirigente del PSOE de Sevilla y bloqueó la elaboración de las listas de las autonómicas. Griñán no le debe ningún favor. Otros en su equipo, puede que sí. Desde fuera, la sobreprotección de Viera, es llamativa, da que pensar. Y la voz de la sensata y sincera Aguayo lo ha evidenciado.

El apunte. Zoido, al desnudo

La actuación del presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, esta semana en el Parlamento fue lamentable. Que un líder de la oposición acuse directamente al Gobierno andaluz de José Antonio Griñán de haber permitido la inclusión de intrusos en un ERE aprobado en 2012, con el caso ya en los tribunales, es una denuncia de tal envergadura que debería salir caro pronunciarla si no es verdad. Y más en sede parlamentaria. Posiblemente Zoido no mintió a sabiendas sino mal asesorado. La prueba es que después, un diputado del PP-A explicó a los periodistas la denuncia que había vertido su jefe en el pleno, para que luego una llamada desde el gabinete de prensa rectificara la grave acusación. Fue inexplicable por lo absurdo. El caso ERE es una trama corrupta de tal envergadura que cuesta trabajo comprender cómo se lía a Zoido en detalles complicados y aparentemente nimios contra Griñán. El patinazo quizás pruebe el caos interno del partido y la falta de un equipo que blinde al alcalde de Sevilla en el Parlamento.