Luis Rogelio Rodríguez-Comendador
Alcalde de Almería
Más pendiente de sus
ocurrencias de corte populista, el gobierno bipartito PSOE-IU en la Junta de
Andalucía está dando la espalda al problema de los desahucios, al que pretende
poner freno a base de titulares de prensa. Pero lo cierto es que la Junta de
Andalucía se ha negado a destinar las viviendas sociales de la Junta a familias
afectadas por desahucios y tampoco ha querido crear un Fondo Autonómico para
ayudar a familias afectadas. Además de eso, la Junta ha incumplido
sistemáticamente sus planes de ayuda a la vivienda, ha roto su promesa de ayudas
para el alquiler y han olvidado sus compromisos para la vivienda gratis a
personas con renta baja.
Frente todo ese populismo demagógico, el gobierno de
Mariano Rajoy ha sido el primero que ha suspendido por un plazo de dos años los
desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo
de exclusión. Y eso son medidas efectivas, realistas y efectivas, y no esa serie
de ocurrencias populistas y de complejísimo ajuste legal, como los recientes
decretos del bipartito PSOE-IU en Junta de Andalucía. El gobierno del PP ha
paralizado los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos
especialmente vulnerables, regulando un Código de Buenas Prácticas que incluye
la dación en pago de la vivienda con carácter retroactivo para deudores
hipotecarios sin recursos.
Del mismo modo, se ha creado un Fondo Social de
Viviendas, para que las familias desahuciadas accedan a contratos de
arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban, al
tiempo que se está tramitando en el Congreso un Proyecto de Ley sobre protección
de deudores hipotecarios que incluye la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea para proteger sus derechos como consumidores. Todo eso es la
sencilla verdad de este problema, y no la interesada carga de demagogias,
falsedades y olvidos que está enarbolando el PSOE.
El objetivo del
Partido Popular es proteger a los deudores hipotecarios con especial
vulnerabilidad, teniendo en cuenta dos prioridades: en primer lugar, que ninguna
persona sea desahuciada de su primera vivienda como consecuencia de una
ejecución hipotecaria y, en segundo lugar, que ese 96% de personas que están
actualmente pagando su hipoteca no se vean afectadas negativamente por las
reformas del mercado hipotecario porque el Partido Popular gobierna en función
del interés nacional sin desahuciar a la verdad, como está haciendo el
PSOE.
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