Lourdes Lucio
El País
En
política los buenos momentos duran poco, muy poco. Izquierda Unida está
viviendo uno de esos instantes después de que el Consejo de Gobierno de
Andalucía aprobara el pasado martes el decreto sobre la función social
de la vivienda. Es una norma con la huella y el sello de IU,
elaborada en la Consejería
de Fomento. Este departamento está dirigido por Elena Cortés, la consejera más desenvuelta
y con mayor desparpajo de todo el Ejecutivo de coalición, que se permitió citar
a Hugo Chávez cuando defendió la legalidad de la norma. “Garantía jurídica plena, como
la luna llena”, subrayó. Han sido cinco meses de trabajo interno y
de discusiones con sus socios socialistas, que se opusieron a que las sanciones
por tener pisos deshabitados afectaran también a los particulares.
Después
de casi un año en la Junta
y vivir un recortazo de 2.500 millones de
euros al presupuesto de 2012 —que cimbreó a la organización—,
el decreto antidesahucios ha permitido a los dirigentes y a la militancia de IU
proclamar que por estas cosas “vale la pena estar en un Gobierno”, dice el
coordinador general y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas.
IU
es una formación con fama de ser una jaula de grillos, con una arraigada
cultura de oposición y de barricadas y una cierta superioridad moral sobre sus
parientes socialistas. Tras 30 años de gobiernos del PSOE en Andalucía, su
presencia al frente de tres consejerías en el Gobierno que preside José Antonio
Griñán le ha supuesto entrar en contacto con la realidad, zambullirse en
pragmatismo. También que cerca de un centenar de miembros de IU —una cifra que
facilita “a ojo” un dirigente— cobre nómina de la Administración
autonómica.
“Hemos aprendido a
que gobernar no es tan fácil, que las cosas requieren su tiempo”, dice el
secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), José
Manuel Mariscal, quien asegura que hasta ahora el Ejecutivo andaluz se ha
caracterizado por “resistir” a los recortes más que por plantear alternativas.
De hecho, le cuesta definir de “izquierdas” al Gobierno autónomo. “Ahora el
peligro es que las cosas que proponemos pueden ser aprobadas”, ironiza, “y hay
que ser solventes”.
El
decreto de la vivienda ha tenido un efecto balsámico en IU. Nadie cuestiona
—salvo la formación de Sánchez Gordillo— la permanencia en el Gobierno, sino
los ritmos y las formas de gobernar. Tampoco la corriente Izquierda Abierta.
“El balance de este primer año es bastante pobre, pero lo importante es pensar
en los tres años de legislatura que quedan”, dice su portavoz, Raúl García.
La
norma antidesahucios ha permitido que los militantes de IU que apoyaron en
referéndum cogobernar con los socialistas “salgan con la cabeza alta” y
defiendan su apoyo a la coalición, dice Mariscal, quien “duda mucho” de que el
decreto haya terminado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA) si no fuera por su formación.
En
este año de convivencia, uno de los rasgos del cogobierno ha sido que no ha generado ruido, pero
tampoco iniciativas que demuestren que es posible otra formar de
gobernar. Hasta el decreto que permite la expropiación del uso de la vivienda
para frenar los desahucios. Con esta norma, el Gobierno andaluz dice que inicia
una senda nueva que continuará con un plan contra la exclusión y las leyes de
fiscalidad y lucha contra el fraude fiscal y social, la de transparencia y la
de participación, donde se contempla la convocatoria de consultas populares de
ámbito regional.
Pero
si con su entrada en el Gobierno IU ha puesto los pies en la tierra, también el
PSOE andaluz ha cambiado y “ha adoptado una postura más de izquierdas, no por
contaminación de los socios, sino por la magnitud de los recortes sociales”,
afirma una fuente socialista del Ejecutivo, que admite que el propio Griñán,
que se define como un socialdemócrata puro, “ha ido impregnándose de la esencia
de la izquierda”. Como ejemplo, pone que renegara de la reforma exprés de la Constitución para
limitar el déficit.
Algunos
dirigentes socialistas ven en el horizonte un riesgo. PSOE e IU compiten por el
mismo espacio electoral y aunque los socialistas les sacaron 28 puntos de
ventaja en las elecciones andaluzas, hay temor de que cale la idea de que la
iniciativa social se debe a IU mientras el PSOE solo está para hablar del
fraude del caso de los ERE. Sobre todo, cuando el rechazo al bipartidismo va en
aumento. Este debate no ha saltado a la ejecutiva regional socialista, pero sí
ha empezado a abrirse paso en círculos más pequeños del PSOE.
“Esto
es un trabajo en equipo. Nadie se puede apropiar de las normas que emanan del
Consejo de Gobierno”, asegura la fuente gubernamental, que subraya que las
consejerías no funcionan como departamentos estancos, sino que hay una
permanente interrelación.
“Aquí
no vale decir que esta política es de uno y otra, de otro. Es una acción
conjunta de un Gobierno apoyado por los dos socios. Y lo bueno y lo malo es de
todos”, subraya Clara Aguilera, secretaria de Acción Ciudadana de la ejecutiva
socialista.
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