Nadie sin casa

José Luis Sánchez Teruel

Secretario General del PSOE de Almería

A los que dudan, que son pocos pero ruidosos y miran a Venezuela -ya les vale- como su mejor salvavidas para oponerse a que los ciudadanos puedan vivir en condiciones dignas, les recuerdo que la Constitución establece en su artículo 47 que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. También lo hace el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que es firmante España, en el que se reconoce que toda persona tiene derecho a una vivienda.

El Decreto ya está en el BOJA

El Decreto Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda aprobado por el Gobierno andaluz da una respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social y a una insistente demanda ciudadana: la del acceso a una vivienda para desarrollar un proyecto de vida digno, puesto que sin vivienda no hay dignidad y sin dignidad no hay futuro.

Las medidas previstas pivotan sobre dos ejes fundamentalmente: el fomento del alquiler y la expropiación temporal de las viviendas para garantizar la protección de las familias en riesgo de exclusión social.

La decisión de la Junta de Andalucía supone, por lo tanto, un ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses particulares y contrasta, además, con la sumisión del Gobierno de Rajoy a los dictados de la banca. Más claro: Andalucía no juega con las esperanzas de las familias desahuciadas y no trampea con la voluntad ciudadana como ha hecho la derecha con la Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación de pago.

La Junta, a través del Decreto Ley que ha aprobado, podrá expropiar temporalmente el uso de los inmuebles embargados a personas en riesgo de exclusión social, garantizando así el derecho a la vivienda de quienes menos tienen. Se trata de una medida excepcional para casos excepcionales y se aplicará a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias. En ese caso, la Junta abonará a estas entidades el 2% del justiprecio, la cantidad por la que la vivienda se haya adjudicado en subasta.

Este decreto es la respuesta de un Gobierno de izquierdas que está al lado de los más desprotegidos por la crisis y que tiene como máxima aspiración que no haya viviendas sin gente ni gente sin vivienda. ¿Es esto lo que tanto molesta a la derecha de este país? ¿A quién defiende el PP cuando carga contra esta medida? ¿A los bancos o a los ciudadanos? La respuesta está en la misma pregunta.