Iván Gómez
Jefe de Local de Diario de Almería
Una segunda cuenta bancaria
podría agrandar todavía más el agujero negro encontrado en la gestión económica
y financiera de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente. Si de la cuenta inicial, en la que se ingresan las tasas del
aprovechamiento de los montes públicos por los usos agrícolas y de la actividad
cinegética, han salido más de 300.000 euros en casi un centenar de talones al
portador, existe otra cartilla en la que se han venido ingresando los intereses
que se generaban en la anterior con un ritmo de crecimiento de 1.400 euros cada
trimestre. Lo peor de todo, tal y como consta en la denuncia que ha presentado
el delegado José Manuel Ortiz Bono y a la que ha tenido acceso este periódico,
es que nadie en la administración andaluza sabe quién es a día de hoy el titular
de esta cuenta.
De manera que a la salida de fondos públicos, que
debieran ser revertidos en la reforestación y mejora de los montes, lo que viene
siendo un presunto delito de malversación, se añade otro más procedente de la
jugada maestra de hacerse, además, con los ingresos procedentes de la generación
de intereses. La trama en la que hay implicados de momento cuatro personas, las
que figuran como políticos y funcionarios con potestad de operar sobre la
entrada y salida de estos caudales, va un paso más allá y evidencia que de una
sospecha de desaparición de un dinero sin justificar se pasa a la de una
maquinaria engrasada para el beneficio de todavía no se sabe quién. La sucursal
de la calle General Tamayo del BBVA tendrá que aclarar, por tanto, la identidad
de los destinatarios de los cheques y talones al portador que se recogieron en
su oficina y también la de los titulares de la cuenta en la que revertían cada
trimestre 1.400 euros debido a los intereses generados.
La denuncia que
presentó en enero José Manuel Ortiz Bono, en calidad de delegado, ante el
Juzgado de Instrucción número 1 de Almería detalla también que en el mes de
septiembre de 2011 se produjo un movimiento que dejó la cuenta en cuestión a
cero, pero posteriormente se anuló procediendo al reingreso. El primer
movimiento extraño de salida de cheques al portador sin justificar en una
cartilla sin fiscalizar por la administración andaluza data del 2 de marzo de
2009 y el último coincide con el Día del Emprendedor, el 28 de noviembre de
2012. Ese día, un emprendedor de los dineros de los ciudadanos retiró hasta tres
cheques inferiores a los 3.000 euros, cantidad que permite el cobro de talones
sin necesidad de identificarse. Es más, no era precisamente complicado poder
retirar los fondos de esta cuenta bancaria oculta de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente porque el funcionario Miguel Gallardo pudo hacerlo una vez que
había dejado de contar con autorización para hacerlo. Ese beneplácito de la
sucursal está siendo investigado por la jueza instructora del caso, Alejandra
Dodero, al igual que la relación existente entre los dos claveros de la cuenta,
Clemente García Valera y Augusto Ignacio Segura de Torres 'Tito', exdelegado y
exsecretario del departamento del que han desaparecido estos fondos públicos,
con los otros dos implicados, los funcionarios Miguel Gallardo y Javier Torres.
Clemente García ha asegurado a este periódico desde un primer momento que no
firmó ningún talón al portador, si bien consta en la investigación realizada en
la Delegación Provincial que el funcionario siempre lo señala como persona que
da órdenes para que se puedan efectuar los pagos. Miguel Gallardo, al que ahora
han pedido explicaciones internamente porque figura en las operaciones
bancarias, fue cesado por Clemente García en su etapa como delegado porque
entendió, según ha explicado a este periódico, que no tenía ni la capacidad ni
la formación para desempeñar su puesto. Cuando en julio de 2010 accedió Sonia
Rodríguez a la Delegación de Medio Ambiente volvió a tener la responsabilidad
anterior, un movimiento sobre el que alguien tiene que dar explicaciones.
El martes comparecerá José Manuel Ortiz Bono para ratificar la denuncia
ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería y una semana después
llegará el turno del exdelegado Clemente García, quien augura sorpresas en la
resolución de la desaparición de los caudales que ingresaron pastores, cazadores
y agricultores en las arcas de la administración andaluza. Otro de los citados a
comparecer ante la justicia es el funcionario en su día de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente, hoy en la de Economía e Innovación, Javier Torres,
pero no ha trascendido de momento si la instructora del escándalo de los más de
300.000 euros desaparecidos ha llamado a Miguel Gallardo. La cuenta que se ha
ido saqueando ya fue bloqueada por el delegado, una vez presentó la denuncia,
tras las sospechas que le transmitió la secretaria general María Rosa Plaza. Aún
le quedaban 20.224 euros que posiblemente habrían desaparecido si no se descubre
a tiempo una trama por aclarar.
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