Agustín Rivera
Periodista / El
Confidencial
Ahora parece que sí.
La Junta de
Andalucía destinará 120 millones en un decreto ley para erradicar la pobreza
infantil en la comunidad andaluza. Se trata de que todos los niños puedan hacer
tres comidas al día; eso sí, el Ejecutivo sureño ha arrinconado desde la
pasada década las prometidas leyes de inclusión social y de renta básica
incumplidas por los Gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La entonces
directora general de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Ana María Gómez,
señaló en julio de 2009 que las previsiones del Gobierno andaluz pasaban por
que la Ley
de Inclusión Social fuera la primera que aprobaría el Parlamento andaluz en 2010.
“La prioridad de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social es garantizar el
acceso a los derechos sociales y situar el problema de la exclusión social
en la agenda política, por lo que prevé que la ley se remita al Parlamento en
el primer semestre del próximo año”, aseguró Gómez.
El PP-A denuncia
que en 2009 el Gobierno andaluz elaboró un anteproyecto de ley de inclusión
social, que “guardaron en un cajón y no lo volvieron a sacar”. Los populares,
argumentan, lo llevaron al Parlamento en dos ocasiones, en 2002 y 2007, y el
PSOE votó en contra porque “decían que ya estaban trabajando en un texto, pero
estamos en 2013 y seguimos sin la ley”.
Ya en marzo de 2008 la Junta de Andalucía presidida
por Manuel Chaves anunció el desarrollo de una Ley de Renta Básica que
tanto Chaves como Griñán han incumplido, a pesar de que figura en el
artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía aprobado en 2007. “Este
artículo fue un logro de nuestra organización y su desarrollo legislativo
fue recogido por el propio Chaves como la propuesta estrella de la legislatura,
junto a la ley de vivienda. El señor Griñán no hizo tanta alusión al respecto
en su discurso de investidura”, explicaba en su blog José Manuel
Mariscal, secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA).
La vicesecretaria de
Organización y Política Municipal del Partido Popular andaluz, Ana Corredera,
denuncia cómo el bipartito ha renunciado a la Ley de Renta Básica y reclamó
“más eficacia y menos golpes de efecto” en la lucha contra la exclusión social.
“No es momento –dijo– de renunciar a leyes que generen derechos para una
población que lo está pasando realmente mal”. Recordó que tanto Chaves en
2008 como Griñán en 2012 prometieron la
Ley de Renta Básica en sus discursos de
investidura.
Historia de un
fracaso
“La lucha contra
la exclusión social es la historia de un fracaso rotundo y continuado del
Gobierno andaluz”, y recordó que uno de cada cinco hogares andaluces tiene
a todos sus miembros en paro. Señaló que con un millón y medio de parados y
476.200 familias con todos sus miembros sin trabajo, Andalucía tiene una
“situación dramática a la que el Gobierno andaluz sólo pone parches que no
solucionan el problema”.
Según
el Informe de Condiciones de Vida de 2012, Andalucía es la
tercera comunidad autónoma con los ingresos netos más bajos, lo que significa
que un hogar andaluz ingresa 3.400 euros menos que la media española.
Además, es una de las que tiene mayores tasas de pobreza de España y una de las
comunidades en la que hay más hogares con mucha dificultad para llegar a fin de
mes.
Corredera
denunció que el bipartito lleva seis meses anunciando un Plan de Acción Social
que tiene en presupuesto una dotación de 60 millones que les quitaron a los
ayuntamientos, pero todavía no está en marcha. Se preguntó si se trata de un
“nuevo plan fantasma” y recordó las numerosas promesas incumplidas que el
Gobierno andaluz ha hecho en 30 años a familias que están al límite.
Según el PP, la
única medida que está funcionando en este momento es el salario social -ingreso
mínimo de solidaridad-, cuyas solicitudes se han disparado y la Junta apenas atiende el 62%.
Explicó que el presupuesto para el salario social sólo aumenta 600.000 euros
mientras las solicitudes se quintuplican, y la Junta tiene como objetivo atender a 31.491
familias de los 476.200 hogares andaluces con todos sus miembros en paro.
Población
infantil en extrema pobreza
La consejera de
Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, destaca el aumento de
los hogares con todos sus miembros sin trabajo y sin ingresos (de 33.200 en 2007 a más de 100.000 en
2012); el empeoramiento de los indicadores de bienestar en menores (72.020
viven en hogares con privación material severa) y personas mayores (33.868 en
situación de exclusión social), y los drásticos recortes en el Sistema de
Atención a la Dependencia ,
que han supuesto una reducción del 68% de la financiación estatal entre 2011 y
2013.
Eduardo Maestre,
creador de La Resistencia, un lobby andaluz contra la corrupción y el
despilfarro, explica en un reciente vídeo que le parece “bien”
que se le dé de comer a los niños que están pasando hombre, pero que habría que
pensar “cómo hemos llegado a esto hoy y quién ha sido. En Andalucía hemos
llegado al hambre y esto lo ha hecho el Gobierno socialista. ¿Y qué ha hecho la
oposición? ¿A qué se dedican?”.
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