Corrupción y política

Pedro M. de la Cruz

Director de La Voz de Almería

La corrupción forma parte de las debilidades en las que puede caer el ser humano y está integrada en el mapa del comportamiento personal de quienes aspiran a conseguir por medios ilícitos lo que no pueden lograr desde la dignidad de su esfuerzo y la moralidad de su comportamiento. En una sociedad dominada por la ambición siempre ha habido y habrá personas que traten de alcanzar beneficios sin actuar de forma socialmente ética y procesalmente legal.

El problema de la corrupción no es tanto su existencia -inevitable en quienes anteponen su ambición a las leyes- cuanto la inexistencia de voluntad de luchar contra ella, persiguiéndola allí donde se encuentre; y, lo que es aún peor, cuando, quien la comete, encuentra en quienes le rodean un clima de defensa tribal que los convierte en cómplices.

Los numerosos ejemplos de presuntos casos de corrupción en los que aparecen implicados representantes políticos de todos los partidos y que están aflorando en los últimos años son un ejemplo revelador, no sólo de comportamientos censurables, sino, también y a la par, de tácticas encubridoras, estrategias dilatorias y argumentaciones comprensivas, incompatibles en quienes, por mandato democrático, están obligados a ser ejemplo de ciudadanía como servidores de la gestión pública.

En las últimas semanas el líquido espeso de la corrupción ha aflorado en Almería. La desaparición de casi 300.000 euros de una cuenta dependiente de la delegación de Medio Ambiente y la petición por la Fiscalía de la imputación de cuatro personas vinculadas a la existencia de una presunta trama de facturas falsas en el Patronado de Turismo son síntomas inequívocos de que en la geografía de la corrupción no existen islas.

Los dos casos señalados ya están residenciados en sede judicial y serán los jueces quienes, tras los procedimientos procesales pertinentes, determinarán la existencia o no de comportamientos punibles en quienes hoy se ven inmersos en ellos en calidad de imputados. Dejemos por tanto trabajar a la justicia y mantengamos la presunción de inocencia como derecho constitucional hasta que un tribunal decida la licitud o ilicitud de los hechos.

Pero la desazón inquietante que genera descubrir casos de corrupción tan cercanos se aminora cuando hay circunstancias que demuestran la voluntad de combatirlos. La decisión inmediata de la delegación provincial de Agricultura de denunciar en el juzgado la desaparición de los 300.000 euros nada más tener conocimiento documental y testimonial de la posible existencia de irregularidades es una actitud coherente con el principio de luchar contra la corrupción, pero con más diligencia en aquellas que son más cercanas sin tener en cuenta la militancia política y las vinculaciones personales o profesionales de quienes puedan verse implicados en responsabilidades administrativas o penales a consecuencia de la denuncia.

Una vez detectado el caso, la actitud de la Junta ha sido impecable. Si a veces (y sin razón alguna que lo justifique) las administraciones torpedean, encubren o dificultan la investigación, en el caso que nos ocupa ha sido todo lo contrario. Circunstancia que debería aplicarse a otros comportamientos de ámbito provincial también recientes. Uno es el del caso de las presuntas facturas falsas de la Diputación; el otro la sentencia condenatoria al ex alcalde de Zurgena por delitos urbanísticos.

En el primer caso resulta indefendible la permanencia como portavoz del PSOE en Adra de quien el ministerio fiscal ha pedido su imputación por falsedad y malversación de fondos públicos. La sombra de la sospecha razonada (contenida en el escrito de la fiscalía) no obliga al abandono del cargo, pero el compromiso democrático impone el alejamiento de una responsabilidad que, hasta que no dicte sentencia un tribunal, ya no podrá ser ejercida desde la ejemplaridad.

En cuanto a la sentencia al ex alcalde de Zurgena resulta inaceptable que el PP mantenga su pacto de gobierno en aquella localidad mientras el concejal condenado continúe perteneciendo al equipo de gobierno. Cuando la policía detuvo a Juan Enciso el PP solicitó con vehemencia que el PSOE rompiera su pacto de gobierno en Diputación con el PAL, partido al que pertenecía el entonces alcalde ejidense. Ahora no es una detención, es una condena y, por tanto, los argumentos esgrimidos entonces por los populares se ven ahora acrecentados por las implicaciones que dimanan de la decisión de un tribunal.

Hay muchas formas de luchar contra la corrupción política. Denunciarla es una; ser coherente, otra.