El Ayuntamiento de El Ejido hace trampa con el arreglo de los caminos rurales

Joaquina García

Portavoz del PAL

El Partido de Almería lamenta que el Partido Popular se esté aprovechando de la buena predisposición de las personas trabajadoras de este municipio, basando todos sus argumentos siempre en la herencia recibida y la mala situación económica para cobrarles por unos trabajos que son competencia del Ayuntamiento y que, por lo tanto, debería asumir sus costes en mayor medida.

Reparación de un camino de El Ejido dentro
del Plan Encamina-2

El Ayuntamiento de El Ejido sacó a licitación el proyecto de obras denominado: “Pavimentación Camino C-129”, Camino del Alcor a Matagorda, por un importe de casi 80.000 euros, de los cuales los agricultores se hacían cargo de 36.600 euros y el Ayuntamiento de 42.509 euros. Los trabajadores pagarían el 46,60 % y el Ayuntamiento el 53,40% de las obras por la imposición de contribuciones especiales.

Finalmente, la obra queda adjudicada a la empresa que presenta la oferta económicamente más ventajosa, quedando fijado el importe de las obras por un valor de 57.617,08 euros. El Ayuntamiento decide seguir cobrando a los agricultores el mismo porcentaje y rebajar a la institución una importante cantidad de dinero.

Es inadmisible que los trabajadores tengan que pagar más dinero que el Ayuntamiento por el arreglo de los caminos rurales. Lo coherente sería que si la obra se adjudica por un importe mucho menor, también los agricultores paguen menos, no sólo el Ayuntamiento. Nos queda la duda de si esta decisión ha sido trasladada a los agricultores afectados, al tratarse de contribuciones especiales que obligan al vecino a desembolsar esa cantidad de dinero.

En este sentido, nosotros votamos de forma contundente en contra cuando se procedió a la aprobación de estas contribuciones especiales, con la certeza de que perjudicarían a nuestros vecinos, como estamos comprobando. Ya manifestamos durante la sesión plenaria del 8 de octubre de 2012 que esta no era la vía más adecuada. El Ayuntamiento tiene que buscar otras alternativas antes que cargar los bolsillos de los ciudadanos.

Se debería haber contado con la opinión de los agricultores a la hora de tomar todas estas decisiones. Sin embargo, ni siquiera se les ha dado representación en las mesas de contratación para explicarles la nueva situación, dejándolos sin voz ni voto.