Isabel Morillo
Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía
El último compromiso adquirido por el Gobierno de la Nación con Bruselas
incorpora un recorte adicional de 1.100 millones en la ley de dependencia.
Un ahorro que el Ministerio de Sanidad asegura que no es nuevo y que ya fue
acordado en 2012 con las comunidades, pero que da un paso más en el
desmantelamiento de un sistema de protección para los dependientes que para las
administraciones se ha convertido en insostenible. Este último recorte deja en
vía muerta una ley que entró en vigor en 2007, y de la que se benefician en
Andalucía 183.186 personas (datos a 31 de marzo).
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Adiós, dependencia, adiós |
El Gobierno planea, según ha trascendido, elevar un 5% el copago para los
dependientes que se instauró en 2012. Sin embargo, solo con esta nueva medida no
sale el ahorro de 1.100 que se ha prometido a Bruselas. Ante la falta de
información, el Gobierno andaluz no oculta su intranquilidad ni duda en lanzar
mensajes alarmantes. “Si el Estado se retira de la dependencia, la dependencia
no tiene futuro”. Así lo dijo ayer la consejera
de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, que admitió que están
“realmente preocupados”. Montero insistió en que ninguna administración en
solitario es capaz de sostener este derecho aunque mostró la disposición de la
Junta de “intentar sostener estos derechos”. Lo hará intentando retrasar la
incorporación de nuevos beneficiarios, explicó.
Al comienzo, la dependencia era una ley sufragada al 50% por el Estado y las
comunidades autónomas. 2012 cambió ese reparto. El Gobierno de Rajoy ha aprobado
sucesivamente recortes como el copago, el retraso a 2015 de la incorporación de
los dependientes moderados, ha dejado de cotizar a la Seguridad Social por los
cuidadores y ha restado fondos presupuestarios al sistema. En total, según la
Junta, Andalucía ha perdido algo más de 200 millones de euros. En 2012 el
Gobierno recortó 89 millones de euros. En 2013, 115 millones. En total, 214
millones que han dejado de llegar en dos años. Sobre el impacto que este último
recorte tendrá en Andalucía, la Junta admite que aún es pronto para tener datos,
puesto que oficialmente no se ha explicado de dónde saldrán esos 1.100 millones
de euros. El número de dependientes atendidos en Andalucía equivalen al 25% de
los beneficiarios del país.
En el decreto-ley
contra la exclusión social aprobado el pasado martes, el Gobierno andaluz
contempla 20 millones de euros para paliar la destrucción de empleo que calcula
que acarrearán los recortes en la ley y, sobre todo, el retraso a 2015 en la
incorporación de los dependientes moderados (unos 40.000 en Andalucía) a la
norma. Según la Junta, este dinero amortiguará la destrucción de unos 2.000
empleos, aunque un número similar sí se perderá.
Respecto al impacto del copago, la Junta estima que para un anciano
dependiente que ingrese unos 619 euros al mes, si abonaba 464 euros de
residencia, ahora deberá abonar 517 euros. En este sentido, desde la Junta
señalan que subir el copago para la inmensa mayoría de los dependientes, ya en
una delicada situación económica, es inasumible.
La consejera de Salud habló ayer de “un desmantelamiento encubierto de la Ley
de Dependencia”, de manera que “en vez de valientemente defenderlo en el
Congreso se lleva por la asfixia de las comunidades”. Montero admitió que esto
obliga a un “esfuerzo ímprobo” no solo a la Junta, sino también a los
ayuntamientos y las diputaciones, que sufren directamente los impagos de la
administración autonómica para la atención a la dependencia. El vicesecretario
general del PSOE-A, Mario Jiménez, insistió en que tras el último recorte
anunciado, la dependencia sería “inviable” y solicitó “explicaciones inmediatas”
al Gobierno. Es la “condena a muerte” de esa política, sostuvo.
Pero, aunque la Junta defienda que hace todo lo posible y que está asfixiada
por los recortes del Gobierno de la Nación, son muchas las voces que apuntan
también a la colaboración del Ejecutivo andaluz en la “defunción” de la
dependencia. Hay retrasos continuos en los pagos por problemas de Tesorería y el
Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, colgó la pasada semana en su web un
informe en la que urgía al Gobierno andaluz a una serie de actuaciones para
salvar la norma. Alertó de numerosas quejas y denuncias por el “deterioro” de la
ley y denunció que desde hace seis meses ninguna persona reconocida como
dependiente se ha incorporado al sistema, mientras que, por defunciones, sigue
decreciendo los beneficiarios. Además, el Defensor advirtió de revisiones de
oficio encaminadas a aminorar el gasto en dependencia.
El PP andaluz acusó ayer a la Junta de “demagogia” y aseguró que “si el
Gobierno recorta uno, la Junta diez”. El portavoz popular, Carlos Rojas,
insistió en que si el Gobierno andaluz dejará de mantener una administración
“mastodóntica” podría atender la sanidad pública “de manera viable y eficiente”.
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