Óscar Lezameta
Periodista / Diario de Almería
La Hacienda Pública de
Barcelona ha iniciado un procedimiento para intentar cobrar más de 80 millones
de euros que alcanzan las deudas del empresario hotelero almeriense Miguel
Rifa, aunque este endeudamiento podría ser notablemente mayor. De hecho, fuentes
cercanas a los hechos han confirmado que tan sólo en una entidad financiera sus créditos calificados como "incobrables" ascenderían a los 180 millones de
euros, con lo que se trataría de uno de los mayores deudores de toda la
comunidad autónoma andaluza. Tal y como adelantó el pasado lunes Diario de
Almería, una treintena de sus fincas situadas en la localidad de Roquetas de
Mar se encuentran en la actualidad trabadas por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería en perjuicio de posibles responsabilidades
contra su patrimonio.
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| Miguel Rifá |
La operación data del verano pasado, cuando la
Guardia Civil, siguiendo un mandamiento de la Agencia Tributaria, tal y como
adelantó Diario de Almería, procedió al registro de las oficinas del
empresario hotelero en la localidad de Roquetas de Mar. Con la documentación
sobre los movimientos de cuentas de las sociedades de Miguel Rifá, se pudo
entrever un entramado de sociedades fantasma, con nula actividad y ventas (así
figura en los registros), creadas con la única intención de eludir las
responsabilidades financieras que pudieran dar lugar. El retraso del empresario
almeriense en presentar los balances de sus sociedades impidió que la
investigación diera comienzo con anterioridad a pesar de las sospechas que desde
hace tiempo tenían sus actividades. Estas vienen desde la descapitalización de
su sociedad estrella, Predios del Sudeste, empresa con la que hizo la mayor
parte de sus negocios y que en la actualidad se encuentra en pleno proceso de
vaciamiento. Las más que presumibles responsabilidades fiscales que sus
actividades traerían consigo hicieron que Rifá procediera a dejar únicamente en
Predios propiedades prácticamente sin valor alguno. Diario de Almería ha
podido conocer que bajo este denominación apenas tiene un suelo en Sorbas donde
tenía previsto la construcción de un hotel y un campo de golf, en Cuevas del
Almanzora, en la localidad granadina de Monachil y en Antas, donde campos de
naranjos ocupan una superficie que también estaba prevista que fuera para
desarrollos hoteleros y de golf.
Rifá intenta entonces una fusión entre
Predios del Sudeste y las sociedades Hotel Almería S.L. y Vosges S.L. en un
intento, según reconocen fuentes de la investigación a Diario de Almería, de
ocultar bienes a los acreedores que por entonces se iban acumulando. Entre
ellos, varias entidades financieras. El Juzgado de lo Mercantil número 2
de Barcelona procede a la suspensión de dicha fusión como medida cautelar. El
empresario cesa al administrador único de Predios, que era la sociedad portuguesa
Arembepe Sociedad de Empreitadas, y se nombra a Portocarrero Resort, ambas
representadas por Miguel Rifá. Es esta última a la que pone el nombre de la
sociedad Citymar Hoteles, mientras que en Citymar Vacaciones coloca a C. A. B. y
a J. M. M., dos empleados suyos en un intento por no figurar como administrador
en ninguna de las sociedades que posee.
Se ponen así los cimientos de un
entramado empresarial complejísimo y que aún están intentando
desenmarañar los inspectores de la Agencia Tributaria, que han determinado el
embargo cautelar de las propiedades del empresario. El resto de
propiedades han ido a parar a la sociedad Diakonia, situada en la Rua do Castilho
en la capital portuguesa. Es ahí donde van a parar las joyas de la corona del
empresario almeriense a través de testaferros y hombres de confianza en un
intento por eludir los intensos controles que sobre sus actividades comenzaba a
poner en marcha la Agencia Tributaria por el impago de varias decenas de
millones de euros en impuestos, especialmente el IVA, que camuflaba presuntamente
en ventas entre sociedades que creaba y que no tenían actividad conocida.
Diakonia comienza sus actividades en Portugal de la mano de Teófilo
López Romero, persona física que representa a la sociedad portuguesa Ghilsa que
a su vez es administradora única de Diakonia y que tiene el mismo domicilio en
la capital lusa. Apenas cuatro meses después de trasladarse a Lisboa se cesa a
Teófilo López y se nombra en su lugar a Cunha Ribeiro, un testaferro de
nacionalidad portuguesa.
Fuentes cercanas a los hechos señalaron que
este traslado de sus propiedades a Portugal es el que hace saltar todas las
alertas. En un principio, las autoridades fiscales portuguesas son más laxas que
las españolas y en segundo lugar, Portugal suele ser utilizado como trampolín
para que quienes pretendan eludir sus obligaciones fiscales sean trasladadas a
paraísos fiscales como las islas Azores o Madeira, aspecto este que se está
investigando y que, de momento, no se ha encontrado relación con ninguna de sus
actividades empresariales.
Este no es el amigo de Rajoy, que tiene fotos con el,
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