Hacienda reclama a Rifá 80 millones

Óscar Lezameta

Periodista / Diario de Almería

La Hacienda Pública de Barcelona ha iniciado un procedimiento para intentar cobrar más de 80 millones de euros que alcanzan las deudas del empresario hotelero almeriense Miguel Rifa, aunque este endeudamiento podría ser notablemente mayor. De hecho, fuentes cercanas a los hechos han confirmado que tan sólo en una entidad financiera sus créditos calificados como "incobrables" ascenderían a los 180 millones de euros, con lo que se trataría de uno de los mayores deudores de toda la comunidad autónoma andaluza. Tal y como adelantó el pasado lunes Diario de Almería, una treintena de sus fincas situadas en la localidad de Roquetas de Mar se encuentran en la actualidad trabadas por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería en perjuicio de posibles responsabilidades contra su patrimonio.

Miguel Rifá

La operación data del verano pasado, cuando la Guardia Civil, siguiendo un mandamiento de la Agencia Tributaria, tal y como adelantó Diario de Almería, procedió al registro de las oficinas del empresario hotelero en la localidad de Roquetas de Mar. Con la documentación sobre los movimientos de cuentas de las sociedades de Miguel Rifá, se pudo entrever un entramado de sociedades fantasma, con nula actividad y ventas (así figura en los registros), creadas con la única intención de eludir las responsabilidades financieras que pudieran dar lugar. El retraso del empresario almeriense en presentar los balances de sus sociedades impidió que la investigación diera comienzo con anterioridad a pesar de las sospechas que desde hace tiempo tenían sus actividades. Estas vienen desde la descapitalización de su sociedad estrella, Predios del Sudeste, empresa con la que hizo la mayor parte de sus negocios y que en la actualidad se encuentra en pleno proceso de vaciamiento. Las más que presumibles responsabilidades fiscales que sus actividades traerían consigo hicieron que Rifá procediera a dejar únicamente en Predios propiedades prácticamente sin valor alguno. Diario de Almería ha podido conocer que bajo este denominación apenas tiene un suelo en Sorbas donde tenía previsto la construcción de un hotel y un campo de golf, en Cuevas del Almanzora, en la localidad granadina de Monachil y en Antas, donde campos de naranjos ocupan una superficie que también estaba prevista que fuera para desarrollos hoteleros y de golf. 

Rifá intenta entonces una fusión entre Predios del Sudeste y las sociedades Hotel Almería S.L. y Vosges S.L. en un intento, según reconocen fuentes de la investigación a Diario de Almería, de ocultar bienes a los acreedores que por entonces se iban acumulando. Entre ellos, varias entidades financieras. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona procede a la suspensión de dicha fusión como medida cautelar. El empresario cesa al administrador único de Predios, que era la sociedad portuguesa Arembepe Sociedad de Empreitadas, y se nombra a Portocarrero Resort, ambas representadas por Miguel Rifá. Es esta última a la que pone el nombre de la sociedad Citymar Hoteles, mientras que en Citymar Vacaciones coloca a C. A. B. y a J. M. M., dos empleados suyos en un intento por no figurar como administrador en ninguna de las sociedades que posee. 

Se ponen así los cimientos de un entramado empresarial complejísimo y que aún están intentando desenmarañar los inspectores de la Agencia Tributaria, que han determinado el embargo cautelar de las propiedades del empresario. El resto de propiedades han ido a parar a la sociedad Diakonia, situada en la Rua do Castilho en la capital portuguesa. Es ahí donde van a parar las joyas de la corona del empresario almeriense a través de testaferros y hombres de confianza en un intento por eludir los intensos controles que sobre sus actividades comenzaba a poner en marcha la Agencia Tributaria por el impago de varias decenas de millones de euros en impuestos, especialmente el IVA, que camuflaba presuntamente en ventas entre sociedades que creaba y que no tenían actividad conocida. 

Diakonia comienza sus actividades en Portugal de la mano de Teófilo López Romero, persona física que representa a la sociedad portuguesa Ghilsa que a su vez es administradora única de Diakonia y que tiene el mismo domicilio en la capital lusa. Apenas cuatro meses después de trasladarse a Lisboa se cesa a Teófilo López y se nombra en su lugar a Cunha Ribeiro, un testaferro de nacionalidad portuguesa. 

Fuentes cercanas a los hechos señalaron que este traslado de sus propiedades a Portugal es el que hace saltar todas las alertas. En un principio, las autoridades fiscales portuguesas son más laxas que las españolas y en segundo lugar, Portugal suele ser utilizado como trampolín para que quienes pretendan eludir sus obligaciones fiscales sean trasladadas a paraísos fiscales como las islas Azores o Madeira, aspecto este que se está investigando y que, de momento, no se ha encontrado relación con ninguna de sus actividades empresariales.