Joaquín Jiménez
Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería
Atentos a la jugada. Detrás
del traslado de la Residencia Asistida de Diputación subyace una operación
urbanística y privatizadora de servicios públicos de gran calado, que, si nadie
lo remedia, pronto podremos comprobar. Les pongo en antecedentes. Desde hace
años la Diputación presta un servicio fundamental para la provincia, como es el
de atender a personas que por sus circunstancias personales se encuentran muy
mermadas en su propia autonomía, debido a patologías físicas o psíquicas, y que
no tienen quién las cuide. Hablamos mayores o pacientes de salud mental que
carecen de familia y que viven en la actual residencia, ubicada en la carretera
del Mamí, en un espacio abierto, de una sola planta, en un entorno natural y
saludable, dotado de espacios verdes en su interior, donde se mueven con la
libertad que sus fuerzas les permiten, como si se tratara de un pueblo en
miniatura. El suelo que ocupa la residencia tiene carácter dotacional, vamos que
no puede ser utilizado para otra que no sea la prestación de un servicio
público.
Entrada a la actual Residencia Asistida |
Pues bien, el Partido Popular, con su presidente a la cabeza y
bajo las directrices de esos grandes muñidores de estrategias económicas con los
que cuenta en el Ayuntamiento de Almería y en Diputación, ha decidido cerrar
aquellas instalaciones y construir en pleno centro de la ciudad, junto a la
carretera de Ronda, una nueva residencia, en un bloque vertical, rodeado de
torres de viviendas, centros comerciales, con altos niveles de ruido y tráfico,
que obligará a los 186 usuarios, el 80 por ciento con un grado de discapacidad
grande o severo, a vivir hacinados. Los casos más graves corresponden a
pacientes psiquiátricos, que por razones de su propia seguridad no pueden salir
a la calle y que cambiarán su banco al sol en un lugar protegido dentro de la
residencia del Mamí por una habitación en un bloque de pisos convertida en su
celda de por vida.
Pero la construcción de esta nueva residencia viene
aparejada de un cambio de calificación en los suelos donde se va a levantar, que
dejarán de tener el carácter de "dotacional público" para convertirse en
"residencial y terciario" -léase "comercial"- lo que permitirá la construcción
de 180 viviendas en una zona de Almería ya bastante saturada. Para ello se
valdrán de la figura del convenio urbanístico entre dos administraciones:
Diputación y Ayuntamiento. Y como, a la postre, realizar la soberana inversión
de construir una nueva residencia, dotarla de equipamientos y realizar el
correspondiente traslado resultará muy caro, acabarán por privatizarla,
entregando a la empresa privada una residencia de primer nivel sufragada por
dinero público.
Por Favor :¿seria tan amable de de denunciar TODOS los pelotazos?gracias
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