Iván Gómez
Jefe de Local de Diario de Almería
“Fallamos que debemos condenar y condenamos a los procesados Francisco Alcaraz Salas y Torcuato Ortega Martínez, como autores responsables de sendos delitos de adhesión a la rebelión militar, con las circunstancias agravantes de peligrosidad social y perversidad, a la pena de muerte”. El 19 de noviembre de 1942 se firmó la trágica sentencia del Tribunal Militar y la ejecución llegó el 28 de enero de 1943. Setenta años después, las familias de estos dos represaliados por defender la libertad y la democracia quieren exhumar sus cadáveres para darles una digna sepultura. Y no son los únicos. Los allegados de otros dos fusilados por el régimen franquista, al ser catalogados como “elementos criminales”, Antonio Barrionuevo y Sebastián García Sáez, también pretenden recuperar sus restos mortales para poder enterrarlos fuera de la fosa común de forma decente. Es su homenaje particular, más allá de placas conjuntas y monolitos, a los que se mantuvieron fieles y leales a la República aún siendo conscientes de que perderían su vida, como así ocurrió en el cementerio de Almería.
El goteo de ejecuciones, que se sucedió hasta finales de 1947, arrebató la vida de un total de 392 almerienses. La mayoría de las víctimas eran jornaleros, pequeños propietarios y obreros de la ciudad que tenían vínculos con las organizaciones de la izquierdas a los que los tribunales militares sólo concebían como “elementos criminales”. La edad media de los que recibieron el tiro de gracia era de unos 30 años y, salvo en un caso concreto, se trató de hombres. El camino de las exhumaciones lo iniciaron en solitario hace más de cinco años las nietas de Martín Márquez, el que fuera último alcalde republicano de Cuevas del Almanzora. A principios de este mes consiguieron precisamente la autorización de la administración andaluza, si bien carece de validez hasta que quede sellada la aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento de la capital cuando reciba la documentación requerida. La familia de Martín Márquez llegó a ser recibida por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en Ginebra, un organismo perteneciente a la ONU, y desplazaron a un segundo plano sin quererlo, con el permanente respaldo de la Junta de Andalucía y del PSOE de Almería, al resto de represaliados de la provincia.
El concejal de Salud y Consumo, Carlos Sánchez, ha mantenido varios encuentros previos con las asociaciones memorialistas y argumenta que nunca se les ha puesto ningún obstáculo o traba, simplemente se han respetado los trámites necesarios que implican la entrega de una documentación que no acaba de llegar. Es más, el edil responsable de la gestión de los cementerios recuerda que “nunca hemos bloqueado las exhumaciones porque estamos obligados por ley a autorizarlas siempre que se cumplan todos los requisitos legales”. La batalla contra el olvido de las asociaciones las llevó primero ante la justicia y, después de declararse incompetente el juez ante la demanda que presentaron el 16 de julio de 2012, optaron por acudir a negociar directamente con el Ayuntamiento de Almería. Cansados de marear la perdiz en los últimos años, empiezan a ver luz al final del túnel en su intento de exhumar de las fosas comunes los cuerpos de los republicanos Torcuato Ortega, Antonio Barrionuevo, Francisco Alcaraz y Sebastián García. Desde hace tiempo cuentan con la documentación necesaria y saben exactamente en qué punto del camposanto de San José están los cadáveres gracias a los trabajos sobre el terreno del historiador Eusebio Rodríguez Padilla, que se apoyan en el registro de entrada del cementerio. Son los datos que ahora debe incorporar la Junta al expediente en marcha de Martín Márquez. Los dos vecinos de Gádor, Ortega y Alcaraz, están en la misma fosa común, la número 132, serie 3, recinto primero. Por su parte, Sebastián García se encuentra en la parte derecha del paseo central en su cruce con el lateral, norte 75 metros, sur 11, poniente 13 y levante 25. Y Antonio Barrionuevo alías el ‘Gafas’ está en la parte izquierda ubicado en la fosa norte 9 metros, sur 77 , poniente 22 y levante 24. La investigación archivística no deja margen de error, la cartografía es exacta, pero nunca llega el momento de poder recuperar los cuerpos que los falangistas sepultaron allí hace más de 70 años.
Los colectivos memorialistas de Almería llevan años trabajando, además, en la construcción de un monumento que honre a todos los represaliados, un monolito que ya está perfilado y que nada tiene que ver con el templete que instaló el Ayuntamiento de Almería sobre una de las fosas comunes. Será posible gracias a las donación del trabajo por parte de la Asociación de Empresarios del Mármol y a una subvención de la administración andaluza a través de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica. Después de años de desacuerdo con el consistorio de la capital, que les había cedido el terreno con aprobación en pleno pero no les daba permiso de obras, se va a lograr desbloquear la actuación. Se busca el encaje. “Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia”. Lo decía con acierto el desaparecido José Saramago. Más vale tarde que nunca, hoy toca recordar.
Sobre el texto "La familia de Martín Márquez llegó a ser recibida por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en Ginebra [...] y desplazaron a un segundo plano sin quererlo [...] al resto de represaliados de la provincia": la familia Márquez en ningún momento ha desplazado a ningún represaliado ni familiar suyo a un segundo plano, sino al contrario. Cuando se inició todo el proceso, algunos de los que ahora reclaman la exhumación, no la contemplaron e incluso rechazaron participar en esta lucha iniciada por la familia Márquez, invitando a desistir. El expediente administrativo se inició gracias a la familia Márquez y a éste se han podido adherir el resto, cosa que ha provocado retraso y dilatación del procedimiento de exhumación de Martín Márquez.
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