Rafael M. Martos
Director de Noticias de Almería
Que el agua que la empresa Galasa suministra a
varios pueblos del Levante de Almería no es apta para el consumo humano es una
noticia que debería haberse quedado en eso, en advertencia a los vecinos para
que observen las medidas preventivas oportunas, y para que la administración
competente en devolver la salubridad haga lo propio. Ahí debía haber quedado todo, pero se ha
desmadrado con un repugnante interés por politizar este asunto, en convertirlo
en una crisis por la que se piden plenos extraordinarios, dimisiones, y hasta
una comisión de investigación. Que se pidan explicaciones sobré qué ha
ocurrido es normal. Que luego se exijan responsabilidades si se ha gestionado
mal, también, pero insisto, meter el miedo en el cuerpo de la gente con un afán
exclusivamente político es deleznable.
Hasta en dos ocasiones la responsable de
Política Municipal del PSOE, Adela Segura, ha hecho declaraciones sobre este
asunto sin aportar nada nuevo, o mejor dicho, embrollando. Se puede entender que la primera vez pida
explicaciones, pero lo que no es de recibo que haga lo mismo una segunda vez
cuando ya ha tenido cumplida respuesta por parte del vicepresidente de la
Diputación Javier A. García, y lejos de darse por aludida, insiste en el
error. Sólo desde el interés por embrollar se
justifica que siga alarmando sobre la gravedad de lo ocurrido cuando su propio
compañero de partido y delegado de Salud, Alfredo Valdivia, reconocía en rueda
de prensa que esta situación se viene repitiendo desde 1994, es decir, que
desde 1994 el agua del Levante, el agua que suministra Galasa, presenta con
frecuencia parámetros que la convierten en no apta para el consumo. Y eso ha
ocurrido cuando gobernaba el PSOE en la Diputación, cuando gobernaba el PAL con
el PSOE... y antes... y ha pasado con alcaldes de todos los partidos
políticos. Pero, vaya, ahora es cuando es una crisis institucional.
Por si no fuera suficiente, la dirigente
socialista se lleva las manos a la cabeza por los niveles del dichoso
trihalometano que presenta el agua, pero genera una alarma innecesaria cuando
hace de eso algo de vida o muerte, cuando están por debajo de las cifras que
hace tan sólo unos años eran las máximas permitidas. Dicho de otro modo, hace
unos años hubieran estado dentro de lo normal... y ahora añadan que el delegado
dice que desde 1994 es habitual superar los niveles, por tanto llegar mucho más
arriba de lo que ahora se ha llegado.
Todo esto es intentar manipular a los
ciudadanos, generarles un estado de ansiedad realmente innecesario, pero la
puntilla política hay que darla acusando a los responsables de la Diputación de
mala gestión. Habrá que ver qué cara se le pone a la también parlamentaria
cuando se demuestre que fue la propia Galasa quien informó a Salud de la
situación, que es algo que no ha sido desmentido por el delegado pero en lo que
ella insiste una y otra vez. Por mucho que diga ella, no es Galasa quien
tiene que informar a los ciudadanos de si el agua es apta o no, sino la
Delegación de Salud, que es quien lo ha hecho. Galasa manda a Salud los datos
registrados, y Salud determina que no es apta e informa a los ciudadanos. Es
así, y así se ha hecho.
Lo curioso es que la socialista no tiene
empacho en repetir argumentos a los que le han respondido, y no lo hace para
rebatirlos, sólo para machacar en ellos. Por ejemplo, pregunta por qué no se ha
suministrado agua de la desaladora de Carboneras antes, y a ello le han
contestado que no se podía hacer porque las tuberías estaban aún rotas, pero
ella no dice que eso no es así, sólo vuelve a insistir en su pregunta. Pues así
no llegamos a ningún sitio.
Que lleven años y años y años bebiendo agua
con residuos radioactivos en una zona de Almería donde la Junta de Andalucía
prometió varias potabilizadoras y años y años y años después éstas siguen siendo
una fantasmada, no parece generarle preocupación a la señora Segura ni al
PSOE. Por cierto, el 87% de las aguas españolas en
2012 tenían exceso de ese mismo elemento.
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