‘Caso facturas falsas': la exsecretaria del Patronato y el gerente de Leitour, en el punto de mira


Carmen López
Periodista / La Voz de Almería

Fuentes de la investigación del caso de las facturas falsas de la Diputación Provincial aseguran que, tras las testificales del pasado viernes, quienes peor parecen tenerlo son la exsecretaria delegada del Patronato, María Teresa González Iglesias -que solo respondió a las preguntas realizadas por el juez y su abogado, Francisco Torres, por espacio de una
hora y diez minutos-, y el gerente de Leitour Viajes, Francisco Javier Guerrero, que ingresó la tarde del viernes en prisión, tras negarse a prestar declaración.


Las mismas fuentes apuntan a la posibilidad de que existiera una “presunta connivencia” entre ambos imputados desde la etapa de Gobierno de José Añez, expresidente de la Diputación y destacado miembro del PAL, Partido de Almería, que presidía Juan Enciso, alcalde de El Ejido, imputado actualmente por diversos delitos en la denominada Operación Poniente. De hecho, no quedó oculto a nadie -apuntan las fuentes- la “estupenda sintonía” de la exsecretaria del Patronato con José Añez.

Ella tenía “todos los poderes”, porque -según las mismas fuentes- ella “autorizaba hasta los gastos”.  En 2009 cuando se modifican los estatutos del Patronato se dan a la secretaria prácticamente todos los poderes en lo tocante al procedimiento administrativo y es, de hecho -continúan las mismas fuentes-, su firma la que aparece dando el visto bueno a las facturas emitidas por la agencia de viajes Leitour. Con las autorizaciones de la jefa de servicio se daba el paso necesario para el visto bueno de intervención.

Cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, en junio de 2010, la convocatoria para la provisión de puesto de jefe o jefa de servicio jurídico y administrativo del Patronato por el sistema de libre designación, se especificaba que su misión sería “dirigir administrativa y jurídicamente el Patronato”, pero también la de “realizar funciones de fiscalización en el cumplimiento de las funciones de todo el personal que depende del servicio” y la “preparación e impulso de la planificación del gasto y la previsión de las inversiones”, entre otras muchas.

Pero aún hay más: el modo de proceder en el caso de las facturas falsas de la Diputación tiene muchas semejanzas con el modo de proceder de la empresa Elsur con el Ayuntamiento de El Ejido, con la emisión de facturas por servicios no prestados y de facturas exageradas por cualquier pequeño trabajo, como cambiar una bombilla, algo que -explican estas fuentes- debe sonarle mucho al juez que está instruyendo el caso, pues es también el que lleva la investigación de la Operación Poniente.

A su salida de los juzgados el pasado viernes, María Teresa González huyó de los medios de comunicación que esperaban a la salida para evitar la foto. Su abogado, Francisco Torres, aseguró después del testimonio de todos los demás imputados, que “la declaración ha acreditado sin ninguna duda que su trabajo como funcionaria ha sido completamente correcto, las labores de fiscalización no dependen de ella; hay una serie de funcionarios, incluyendo el propio interventor, que son quienes intervienen las cuentas y, desde luego, ella no tenía por cometido esa fiscalización”. De hecho solicitará que presten declaración otros funcionarios y la intervención.

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