Alicia
Cifuentes Salazar
Hacía
tiempo que un acontecimiento como el del derribo del Toblerone no suscitaba
tanta polémica ni agitaba tanto la opinión local, dando lugar incluso a la
creación de una plataforma popular en pro de su conservación. Es algo que
debería haberse tenido en cuenta.
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| Derribo del Toblerone |
Si bien es cierto que el proyecto estaba aprobado desde hace ya tiempo, y que
el Ayuntamiento ha aducido, ante el revuelo producido, que el edificio es de
propiedad privada (y por lo tanto sus propietarios están legitimados para
disponer de él como lo estimen conveniente), no lo es menos el hecho de que
todos sabemos que la última palabra en los asuntos urbanísticos la tiene la
concejalía correspondiente, elegida por la ciudadanía, y responsable del Plan
de Ordenación Urbanística. Cuando se tomaron las decisiones al respecto, nos
encontrábamos en un momento determinado de la política local, en el que no se
había ni oído hablar del concepto de transparencia en los asuntos públicos. Es
normal que entonces el tema pasara desapercibido.
Sin embargo, en este momento, después de todo lo acontecido en los últimos tiempos, la ciudadanía, a través de iniciativas como las plataformas populares o el surgimiento de nuevas formaciones políticas, ha tomado conciencia del papel que el sistema le otorga, se ha vuelto activa, y por eso ha manifestado su opinión en el momento en que ha visto la amenaza hecha realidad en la demolición de la edificación.
Aunque en este asunto se haya llegado tarde, no conviene olvidar que hay otros casos similares (la antigua Estación de Trenes, por ejemplo), en los que con argumentos parecidos a los que se han dado en el caso del Toblerone (estado de conservación ruinoso, propiedad de los terrenos…) pueden ser en un futuro objeto de los intereses especulativos (como no) de la planificación urbanística. Esperemos que esa nueva forma de entender la política que está surgiendo sea capaz de tomar las riendas y evitar que se tomen este tipo de decisiones, que resultarían inconcebibles en cualquier otra ciudad de relevancia en nuestro contexto nacional y en el europeo.
Sin embargo, en este momento, después de todo lo acontecido en los últimos tiempos, la ciudadanía, a través de iniciativas como las plataformas populares o el surgimiento de nuevas formaciones políticas, ha tomado conciencia del papel que el sistema le otorga, se ha vuelto activa, y por eso ha manifestado su opinión en el momento en que ha visto la amenaza hecha realidad en la demolición de la edificación.
Aunque en este asunto se haya llegado tarde, no conviene olvidar que hay otros casos similares (la antigua Estación de Trenes, por ejemplo), en los que con argumentos parecidos a los que se han dado en el caso del Toblerone (estado de conservación ruinoso, propiedad de los terrenos…) pueden ser en un futuro objeto de los intereses especulativos (como no) de la planificación urbanística. Esperemos que esa nueva forma de entender la política que está surgiendo sea capaz de tomar las riendas y evitar que se tomen este tipo de decisiones, que resultarían inconcebibles en cualquier otra ciudad de relevancia en nuestro contexto nacional y en el europeo.
De simplicidad y claridad absoluta; es importante que los servidores públicos tomen buena nota.
ResponderEliminarAlicia Cifuente a mi me parece que tienes buena voluntad y educada, pero con tu artículo pone de manifiesto un planteamiento democrático que crearía inseguridad jurídica al analizar las consideraciones que expones. Entiendo que las nuevas fórmulas de hacer política no puede ser para la irretroactividad de normas que dejen al descubierto derechos constitucionales inherentes a quienes actúan con plena capacidad jurídica y de obrar en cada momento.
ResponderEliminarNo se trata de vulnerar la irretroactividad de ciertas normas que han amparado a esos que han actuado y actúan con plena capacidad jurídica para hacer y deshacer en cada momento. Lo que he intentado exponer con esa "buena voluntad" que señalas, es que no hay por qué asumir que esa seguridad jurídica de la que disfrutan nuestros políticos (elegidos mediante un sistema que plantea dudas sobre su representabilidad real) puede justificar la toma de ciertas decisiones y sus consecuencias al margen de lo que la mayoría de los ciudadanos -que son los que han dado su voto y confianza- piense.
Eliminar¿Inseguridad jurídica de qué clase?. Cuando a un lugar o edificio se le otorga alguna protección es para preservarlo por el interés que la norma contempla, ¿cuantas ermitas privadas hay protegidas? muchas, pero no por ello sus propietarios las pierden, sólo están obligados a no destruirlas. Por tanto, Sr/a Anónimo/a usted se confunde y en este caso la Constitución poco tiene que ver.
EliminarTotalmente de acuerdo contigo Alicia aunque creo que el concepto de transparencia en los asuntos públicos está todavía a años luz de lo que debiera ser.Es muy positivo ver cómo las plataformas y movimientos sociales empiezan a conseguir objetivos, que aunque pequeños, son el inicio de un futuro cambio en el campo de influencia de la política, en este caso local.
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