Una moción de censura que ganaría la ciudadanía

Alicia

Cifuentes Salazar

Los últimos acontecimientos  en relación al caso Bárcenas –difusión del intercambio de SMS con el presidente del Gobierno, cuentas millonarias del extesorero en Suiza, publicación de originales  de la contabilidad B del PP- han precipitado a la opinión pública (incluida la prensa internacional como el Financial Times o el diario italiano La Repubblica) y a la mayoría de las formaciones políticas a pedir las pertinentes explicaciones al primer ministro Rajoy. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido respuesta. Resulta incomprensible semejante ejercicio de irresponsabilidad política.

Será la justicia la que tendrá que decidir si Luis Bárcenas y algunos cargos del PP han cometido ciertos delitos, es decir, determinar su responsabilidad penal. Pero no se debe olvidar que existe también una responsabilidad política, igual de importante. La mayoría absoluta de la que goza el actual gobierno no puede convertirse en un blindaje o en una autocracia. No se puede apelar a la estabilidad política de cara a la situación de crisis como parapeto para no rendir cuentas, porque lo único que con ello se consigue es, aparte de eludir las correspondientes obligaciones como cargos electos, la degradación de nuestro sistema democrático parlamentario, el cual quedaría subordinado a la voluntad del Ejecutivo.

Rendir cuentas de lo que se hace no puede ser una cuestión que esté a capricho de los que nos gobiernan. Es un derecho de todos, y también una obligación de los que en cada momento ostentan ese cargo. El lugar para dar explicaciones en nuestro sistema democrático es el Congreso. Si Mariano Rajoy lo ignora y no comparece, entonces habrá que forzar su actuación. En el contexto actual de crisis de nuestro país, sería una temeridad pedir su dimisión sin más, o como algún grupo político plantea, convocar elecciones anticipadas.

Es por ello que, en primer lugar UPyD, y ahora el PSOE, han propuesto presentar una moción de censura como único elemento legal que resulta útil dadas las circunstancias.  Detractores (es decir, defensores del partido del gobierno) argumentan que se trata de un procedimiento excepcional, poco empleado en nuestra (breve) historia democrática, cuya finalidad es formar una mayoría alternativa e investir a otro jefe de Gobierno y que ni siquiera obliga al presidente a dar explicaciones.

Aún teniendo en cuenta que el PP tiene mayoría absoluta en el Congreso, y que por lo tanto el recurso no prosperaría, sin embargo la moción de censura contempla una primera fase en la que los grupos parlamentarios tienen la oportunidad de censurar la actuación del actual Ejecutivo. Por lo tanto, dado que el Grupo Popular se ha negado a dar las explicaciones  que el conjunto de la sociedad demanda, y teniendo en cuenta que se trata del único medio legal cuya tramitación no puede ser bloqueada por el Gobierno, se plantea como el mejor instrumento constitucional para que se produzca el debate y la asunción de la responsabilidad política por parte del partido que nos gobierna.

Esa moción de censura, en caso de producirse, no la ganaría ni PP ni PSOE, la ganaría la ciudadanía, que podría comprobar cómo sus representantes se explican y cómo las instituciones funcionan.