Una retirada a tiempo es una victoria

Iván Gómez

Jefe de Local de Diario de Almería

Y al que apetezca la gloria debe despedirse a tiempo del honor y dominar el arte difícil de irse en el momento oportuno. Lo decía Friedrich Nietzsche en un tiempo en el que los políticos, al igual que hoy, se aferraban al poder a toda costa y les costaba sangre, sudor y lágrimas prescindir de su sueldo y del amparo que supone el paraguas de la administración pública. “Dimitir no es un nombre ruso”. Es uno de los lemas con los que la ciudadanía ha querido, en las movilizaciones y redes sociales, concienciar a los partidos políticos de la necesidad de regeneración en la vida pública, sobre todo cuando llegan las imputaciones y otras sospechas por delitos de corrupción. Una retirada a tiempo es una victoria, como afinó Napoleón, y en la provincia han sido unos cuantos ya los que han decidido poner punto y final a su carrera para dar paso a otras generaciones por motivos diferentes. Eso sí, son más los que se han visto obligados de presentar su renuncia por las procesos judiciales en los que se han visto envueltos o por perder la confianza de sus partidos. El que ha sido alcalde hasta este sábado de Alboloduy, Antonio Salvador Matarín (PP), el exdiputado nacional y exdelegado de la Junta, Luis López (PSOE), la que fuera concejala de Izquierda Unida de Almería, Vanesa Segura, y el exregidor de Albox, José García Navarro (PSOE) aparecen entre los más recientes casos de dimisiones que han llegado de forma voluntaria, sin ningún tipo de presión.

Antonio Salvador Matarín se fijó un tope de 10 años en la Alcaldía de Alboloduy y así lo ha hecho, además, con la satisfacción del deber cumplido y la conciencia de que se ha entregado, como él mismo reconoce, al 120%. “Ha sido una década muy dura, los inicios no fueron fáciles con un consistorio envuelto en escándalos bloqueado por una nefasta gestión económica y obras inacabadas”. Con 27 años llegó a la Alcaldía y a los 37 le dice adiós, un actitud casi impensable en la política actual. Presentó su renuncia el jueves porque quiere pasar más tiempo con sus dos hijas y cumplir lo anunciado en el mes de noviembre en el décimo aniversario del fallecimiento del exalcalde Moisés Ruz Tocón. En su escrito de renuncia, el exalcalde argumentó que tiene dos hijas pequeñas a las que cuidar y la convicción personal de la importancia de la limitación de tiempo para ocupar un cargo público. “Estoy plenamente convencido de que la renovación y la regeneración pública es un paso positivo para el fortalecimiento de la democracia”.

No es el primero que lo hace. A finales de enero, José García Navarro presentó su dimisión “irrevocable” por motivos “estrictamente personales” si bien, en una carta pública también hizo alusión a la “falta de ilusión”. Después de permanecer al frente del Ayuntamiento de Albox durante los dos ú

ltimos mandatos, el que fuera uno de los alcaldes más jóvenes de la provincia no ha tenido la “motivación necesaria” y optó por ser honesto dando un paso atrás que permita a otros compañeros asumir el proyecto y la responsabilidad, como en su día hiciera Adolfo Suárez en el Gobierno tras las guerras intestinas de la UCD o recientemente Pepe Griñán por motivos que aún se desconocen. Navarro causó baja en la Ejecutiva Local del PSOE de Albox y mandó un recadito: “En política hay que saber irse y ellos -por los dinosaurios- no tienen intención de hacerlo”. Fue víctima de las conspiraciones internas del PSOE, como le ocurriera a Luis López cuando era delegado provincial de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. La consejera Micaela Navarro lo camufló en una jubilación, pero no hubo forma de tapar las discrepancias internas que Luis López tenía con la dirección provincial. No ha sido su única renuncia. En abril del pasado año sorprendió a todos cuando dejó su escaño en el Congreso de los Diputados porque no se sentía “útil” desde ese cargo para la ciudadanía. Después de 36 años en el PSOE y otros 25 en la vida pública, que inició como alcalde de Vélez Rubio, sintió que no aportaba nada y apenas duró unos meses en la Cámara Baja. Los remordimientos de un hombre que siempre ha entendido la vida de un político como un servicio público le apartaron de su privilegiado cargo en Madrid. Todo un ejemplo de dedicación y de saber retirarse a tiempo. La más romántica de las recientes dimisiones la protagonizó Vanesa Segura, la concejala de Izquierda Unida de Almería que lo dejó todo para irse con su hijo y pareja a Estados Unidos. No podía ejercer en la distancia y optó por renunciar a un cargo al que accedió después de una intensa campaña y duro trabajo en los barrios.

En mayo renunció a su acta el concejal de Hacienda de Zurgena, Sampo Kullervo (PP) porque no estaba satisfecho con la elaboración de los presupuestos del municipio. El que se tendría que haber marchado, el andalucista Cándido Trabalón, sigue como edil a pesar de que la Fiscalía le atribuye más de 120 delitos y le pide una pena de 180 años de cárcel y 1.050 de inhabilitación de cargo público. Fue condenado recientemente a 21 meses de prisión y 9 años de inhabilitación por permitir edificar en suelo no urbanizable cuando era alcalde en 2005. En el capítulo de dimisiones forzosas aparecen dirigentes como Luis Pérez, que ha dejado de ser concejal del PSOE en Adra y se ha dado de baja en el partido por su imputación en el caso de las facturas falsas del Patronato Provincial de Turismo, o Pedro Llamas (PP) como alcalde de Cantoria por su condena de dos años de cárcel y 23 meses de inhabilitación. Sin embargo, el dirigente popular, que sigue contando con el apoyo de la familia del PP a pesar de la sentencia desfavorable, tendría que haber abandonado también su acta de concejal. Sigue gobernando en la sombra a pesar de estar condenados por falsedad en documento público y omisión del deber de perseguir delitos. 

Sin necesidad de juicios, la familia socialista propició las dimisiones de Juan Carlos Usero y Diego Asensio en las direcciones local y provincial al perder la confianza de los miembros de sus ejecutivas y la del empresario Antonio Cantón cuando fue criticado duramente por Nono Amate su intento de aspirar a ser candidato de Almería de cara a las municipales de 2011. Se camuflaron como renuncias cuando en realidad no les quedaba otra. El exalcalde de Ohanes, Juan Francisco Sierra, presentó su renuncia al ser imputado por un delitos de corrupción en enero de 2009 y también se dio de baja en el PSOE. Años después quedó absuelto, pero el daño estaba hecho y ya no había marcha atrás. Cristóbal Fernández renunció a su acta de concejal de Carboneras tras perder las elecciones municipales de 2011. No tomó posesión en el acto de constitución de la nueva corporación después de siete mandatos de los socialistas en Carboneras y una vida política de 28 años. Tuvo que sufrir un duro revés en las urnas para comprender que había acabado su polémico ciclo político. Lo mismo hizo hace unos meses la que fuera candidata a la Alcaldía de Dalías, Yolanda Callejón (PSOE). 

La más sonada fue la renuncia a su acta de concejal de Juan Enciso, después de haber pasado ocho meses en prisión por la Operación Poniente y del descalabro del PAL en las municipales. Su marcha era un clamor popular, no había día en el que cientos de vecinos no pidieran su dimisión inminente con todo tipo de protestas y movilizaciones. Al final llegó, pero demasiado tarde aunque a día de hoy sigue pendiente de juicio. Le siguieron en su fuga los concejales José Añez y Gerardo Palmero, después de ejercer responsabilidades en el Ayuntamiento de El Ejido desde las municipales de 1995, primero con el PP y después en el Partido de Almería (PAL) tras la fracasada escisión. Precisamente otro de los partidos escindidos del seno del PP, el GIAL de Juan Megino, sufrió una serie de renuncias entre las que destacó la de Pilar González Pradas, que dejó el partido pero no su acta de concejal pasando al Grupo Mixto. 

Otros tantos alcaldes y concejales de la provincia no se quieren marchar a pesar de que existen motivos para hacerlo.  La oposición ha pedido la dimisión del alcalde de Garrucha, Juan Francisco Fernández, a raíz de la querella presentada por el Grupo Municipal Socialista por la adjudicación de unas obras, y ocurre lo mismo con el de Fines, Rodrigo Sánchez, por el rosario de causas penales que mantiene abiertas. Según denuncian los socialistas, tiene hasta cinco causas distintas por delitos contra la ordenación del territorio, desobediencia a la autoridad, prevaricación, agresión y amenazas. Pero no se moverá del sillón hasta que no haya sentencia. Son políticos de cintura, de los que esquivan los golpes y las críticas sin ningún remordimiento porque no entienden que hay vida más allá del cargo que ejercen y del partido en el que militan. Y hay muchos más que se aferran al poder a pesar de haber cometido todo tipo de delitos e infracciones. El alcalde de Berja, Antonio Torres, fue multado por exceso de velocidad con un vehículo oficial y el de Somontín, Ramón Rueda, tampoco renuncia a pesar de haber sido condenado a siete años de prisión y nueve meses de inhabilitación por nada menos que prevaricación. Las presiones lograron que dejara su escaño en la Diputación Provincial, pero la Alcaldía es otra historia. Otros como Juan López Camacho presentó su dimisión como concejal de Lubrín por motivos personales y meses después se conoció que piden cuatro años de cárcel por autorizar la construcción de una vivienda con licencia para almacén agrícola sobre suelo catalogado de especial protección y falsear un documento público. Ahí es nada, otra renuncia camuflada.  

La retirada a tiempo es inusual, ayer y hoy. Una cuestión de responsabilidad en la mayoría de países de Europa y casi una utopía en España, dónde el abandono del cargo de forma voluntaria es una absoluta anomalía en el sistema democrático. El presidente de la Asociación Española de Consultores Políticos, Francisco Roldán, entiende que los españoles somos indolentes a la hora de exigir responsabilidades a los políticos. Hay que ser más contundentes porque “una vez que están arriba ya no los descabalga ni dios”. El adiós de Adolfo Suárez a la presidencia del Gobierno, la dimisión de Alfonso Guerra en 1991 tras el escándalo de los negocios de su hermano Juan y la honorable renuncia de Manuel Pimentel tras conocer que la esposa de su director de Migraciones poseía una empresa de formación que obtuvo fondos públicos son hitos en la vida política de nuestro país. Años más tarde formalizó su baja como militante del PP por estar en desacuerdo con la política ante la guerra de Irak. En otros países hay más conciencia sobre el ejercicio público y la imposibilidad de ejercerlo cuando no se ha hecho bien las cosas. En Alemania, por ejemplo, la ministra de Educación dimitió en febrero por el presunto plagio de su tesis doctoral hace 33 años y en Reino Unido lo hizo un militante por una multa de tráfico. El primer ministro y su gobierno dimitieron en bloque en Bulgaria por las insoportables protestas ciudadanas. Pero el “Spain is different” que promovió Fraga para lanzar una campaña turística también tiene cabida en el apartado político. Los casos de corrupción se suelen saldar con la dimisión de pequeños cargos, se eluden las responsabilidades de los dirigentes más altos del organigrama -en la mayoría de ocasiones conscientes de las tramas- y se blindan los escaños en base a la maleable presunción de inocencia y aplazando la decisión a fases más avanzadas de la acción judicial. Una retirada a tiempo es una victoria, la derrota queda para el que no sabe dar el paso en el momento oportuno.  

“La experiencia lograda no reduce los motivos que tengo para desconfiar de mí mismo;

y creciendo cada vez más el peso de mis años,  estos mismos me avisan sin cesar 

que la sombra del retiro ha de serme tan necesaria como agradable”

George Washington