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Local de Almería
Parece que las últimas declaraciones del
Ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, acerca del coste
que supondrá la demolición del hotel, recordemos que considerado como el
paradigma o icono del “urbanismo salvaje” que desde hace décadas viene campando
a sus anchas en las costas de nuestro país, han reactivado el “caso Algarrobico” ante la opinión pública. Aunque
es cierto que apenas ha dejado de ser noticia en los últimos años. Su
nombre lleva apareciendo con cierta
frecuencia en los titulares de prensa y han pasado escasamente dos semanas desde que se ha
conocido que el anterior alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, el actual,
Salvador Hernández (de distinto signo político), y los seis concejales que
votaron en su momento a favor de declarar los terrenos como urbanizables han
sido imputados por presunta prevaricación en relación al asunto.
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| El Algarrobico |
Según cuenta la historiografía
periodística reciente, en 2003 se aprobó la normativa respectiva y se iniciaron
las obras. Dos años después la construcción quedó paralizada, y en 2009 se
adaptó el reglamento municipal para que pudiera definitivamente acabarse. La
ley de costas vigente en todos esos años (de 1988), impedía que un proyecto
semejante se llevara a cabo. Y sin embargo, como en otros casos menos
conocidos, tanto el municipio como la Comunidad Autónoma
se saltaron la legalidad y, contraviniendo una disposición general de obligado
cumplimiento en todo el territorio nacional, adaptaron la normativa municipal
con una más que evidente intención espuria. Es decir, un claro ejemplo de lo
que en no pocos casos supone la descentralización de determinadas competencias,
con actuaciones en las que no se puede asegurar el cumplimiento de la ley, y
también de la arbitrariedad y la impunidad que ha existido, y continúa
existiendo, en la gestión de los asuntos públicos.
Por eso es necesaria la existencia de un
Estado centralizado para los asuntos fundamentales, que cuente con los
mecanismos suficientes para garantizar el cumplimiento de las leyes de carácter
general, y que pueda evitar que se produzcan episodios tan lamentables como la
historia de El Algarrobico. En este sentido, llama la atención que, ante la
reciente aprobación de la nueva Ley de costas, las mayores críticas hayan
venido por parte de algunas comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco,
Canarias, Andalucía y Asturias), que
consideran que la ley invade las competencias autonómicas y pretende debilitar
el actual modelo competencial.
El hecho de que esta nueva normativa reduzca
la zona de litoral protegido de 100
a 20
metros , lo que algunos han calificado como un coladero
que legaliza todo lo que se ha construido al margen de la ley, parece ser una
cuestión menor, que se deja para que solo los grupos ecologistas la
denuncien. Tal vez sea porque esos 80 metros de diferencia
todavía pueden dar mucho juego en manos de regulaciones municipales y
autonómicas.
¿Asistiremos pronto a la demolición de El
Algarrobico? Quién sabe. Lo que por ahora sí sabemos es lo que se calcula que
va a costar, nada menos que 7.320.000 euros.
Cuando el Psoe está en el poder hace lo que le da la gana y cuando el PP es mayoría se pliega a las exigencias del Psoe; teniendo en cuenta que El Algarrobico- ilegal o nó- lo promovieron los socialistas. Si es verdad que lo derribaran, al que toca pagar es al PP con la crisis incluída. Sr. Rajoy, son udes. más tontos que Abundio que vendió el coche para comprar la gasolina.
ResponderEliminarCompletamente de acuerdo contigo. Llevo un tiempo leyendo tus artículos y me parece que tienes la capacidad de dar siempre en el clavo, de ir al "quid" de la cuestión en todos los asuntos sobre los que hablas, incluido este. Te animo a que sigas con esta labor
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