2.183 funcionarios menos en un año

Iván Gómez

Jefe de Local de Diario de Almería

Malos tiempos para lo público y para sus trabajadores. En solo un año (entre enero de 2012 y 2013) las administraciones andaluza, estatal, las locales y también la Universidad han destruido en la provincia casi 2.200 empleos de los funcionarios y el personal contratado, un 5,6% menos de trabajadores que supera en gran medida a la variación negativa de un 0,6% que ya se registró con respecto a 2011. El recorte de los puestos, vinculado a la crisis y al déficit que arrastran la mayoría de las administraciones públicas, fue de 1.523 trabajadores entre los años 2008 y 2013, según los datos que se recogen en el último Boletín Estadístico del Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda. En la actualidad, la provincia cuenta con un total de 34.882 trabajadores públicos, una cifra muy inferior a los 37.065 contabilizados el pasado año o los 36.405 contratados en 2008. El mayor exterminio de los empleados se ha producido en los ayuntamientos, dónde se ha tenido que prescindir de nada menos que 1.136 personas desde el comienzo de la crisis hasta la actualidad. Y lo peor es que para buena parte de los consistorios al borde del colapso, los que llevan años contra las cuerdas, todavía no hay luz al final del túnel y van a ser más los puestos de trabajo sacrificados a corto plazo. Y es que Almería, a pesar de contar con 102 municipios y 2 entidades locales (bastantes más que Cádiz con 44, Córdoba con 75 o Huelva con 79) con sus correspondientes aparatos institucionales, es la provincia andaluza con menos trabajadores municipales y la penúltima en cuanto al total de los funcionarios del conjunto de las administraciones. Los planes de austeridad y recortes que se han venido aplicando en el capítulo de personal han provocado ya la eliminación de 610 empleos en la Administración del Estado, 910 en los departamentos de la Junta de Andalucía y alrededor de 90 en la UAL entre 2008 y 2013.

En este retroceso en el número de contratos ha sido determinante tanto la falta de liquidez de las administraciones como los límites impuestos por el Gobierno para reducir el déficit público a la hora de cubrir las vacantes de los que se jubilan y de ofertar nuevos puestos. Por decenas se cuentan los despidos en aplicación de los planes de ajuste -obligados para ponerse al día en el pago a los proveedores- en los ayuntamientos. La cifra de destrucción de empleo público sigue creciendo con los contratos temporales que no se han renovado. Desde el mes de diciembre de 2011 no se han podido ofertar nuevas plazas ni reponer las bajas, salvo en los servicios considerados básicos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la sanidad y la educación y ni tan siquiera en estos sectores, según lamentan los sindicatos. De hecho, nada más que en los centros educativos almerienses se han destruido 480 empleos, según la estimación de CSI·F. El presidente del sindicato, Paco Iglesias, argumenta que en el conjunto de las instituciones públicas serían 4.200 los puestos de trabajo que se han evaporado en los últimos dos años en Almería y nada menos que 62.000 en Andalucía. La provincia sigue la misma tendencia que el resto del país y todas las administraciones, sin excepción, han perdido personal de forma más o menos acentuada. No obstante, se ha superado con creces, casi en cuatro puntos, la media nacional en esta reducción del empleo público que entre los años 2012 y 2013 fue del 1,91%.

La administración local ha sido la que más trabajos ha sacrificado desde el comienzo de la crisis, si bien el retroceso del último año ha sido mayor en el organigrama de la Junta de Andalucía, dónde han perdido su puesto de trabajo nada menos que 1.683 personas. De los 19.094 funcionarios de la institución regional, nada menos que 10.186 perciben su salario en la docencia no universitaria, 5.739 en los servicios sanitarios y 577 en el ámbito de la justicia. El Estado ha dejado de tener en nómina a 111 trabajadores en el último año, si bien ascienden a 610 los empleos destruidos desde el comienzo de la crisis. En la actualidad son 7.309 los funcionarios y personal laboral que trabaja para la Administración del Estado, de los que 2.164 son agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 2.613 están integrados en las Fuerzas Armadas y 302 en los entes públicos.

La crudeza de la destrucción del empleo público se agudizará, según denuncian los sindicatos y la oposición, con la reforma de la administración local que tramita el Gobierno. Sus arcas llevan años tiritando y ni los severos ajustes que se han aplicado, con rebajas de sueldos y despidos, han impedido que algunos se encuentren en una situación de quiebra técnica cuyo origen está en años de excesos y desmanes. No tienen liquidez para cubrir más allá de sus gastos de personal. Es más, ya son cerca de una veintena los que han tenido serias dificultades de forma puntual para el pago de las nóminas. La crisis fiscal los ha paralizado y de no cubrir vacantes como forma menos traumática de aligerar las plantillas han tenido que pasar a los despidos e incluso a poner sobre la mesa expedientes de regulación de empleo como ha ocurrido, entre otros, en Macael y Albox. En los tres primeros meses del año la Diputación tuvo que adelantar más de 15 millones de euros a los municipios a los que gestiona la recaudación de tributos y la cifra será de 65 millones cuando acabe el ejercicio. En los últimos años, a raíz de la caída de los ingresos propios y todavía arrastrando la gravosa liquidación negativa del Estado, son más de una veintena de municipios de la provincia los que han tenido problemas de impago de salarios de forma puntual. Pendientes siempre de los adelantos que llegan de la Diputación Provincial -los que tienen cedidas la competencia de recaudación- y también de los retrasos ocasionales del resto de las administraciones, al menos una decena siguen contra las cuerdas, sin apenas capacidad de maniobra para hacer frente a las nóminas de sus plantillas. Macael, Albox, Garrucha y Turre son los que tienen una mayor asfixia económica.

“Llueve sobre mojado con la reforma local de Rajoy”

Despidos colectivos, reducción del salario, modificaciones de la jornada de trabajo, impagos… el panorama de los funcionarios en los ayuntamientos almerienses se ha ido nublando con la crisis, sobre todo a raíz de la aplicación del plan de pago a proveedores que obligó a reestructurar las plantillas municipales en base a la destrucción del empleo y la precariedad, y podría empeorar aún más, hacia la debacle laboral cuando se apruebe la reforma de la administración local. Es, a día de hoy, el principal temor de los sindicatos, quienes no entienden por qué son los servicios públicos y los trabajadores los que tengan que reequilibrar las cuentas por los años de mala gestión y falta de previsión en plena ebullición de la burbuja inmobiliaria. El presidente de CSI·F Almería, Francisco Iglesias, argumenta que “con esta reforma de Rajoy lloverá sobre mojado en los ayuntamientos”, donde la destrucción de empleo ha sido importante y lo va a seguir siendo, una vez que ha tocado fondo en el resto de las administraciones públicas.

El responsable provincial de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios entiende que hay que buscar “otras formas de gestionar” para dar respuesta al déficit. “No se puede recortar sólo en servicios públicos, con lo contraproducente que es para la ciudadanía este desmantelamiento, y mantenerse los altos sueldos de los alcaldes, los puestos de asesores y los vehículos oficiales”. De hecho, asegura que la mayoría de los ayuntamientos de la provincia que están logrando salir adelante lo hacen gracias a los empleados públicos que han sacrificado parte de su salario y de su jornada laboral. Al igual que el resto de sindicatos, ya preparan movilizaciones con las que defender lo público en la administración más cercana y evitar que la reforma local que prepara el Gobierno se apruebe. “No hay perspectivas de mejora en 2014″, explica Pazo Cazorla de UGT.

Más de la mitad de alcaldes de la provincia trabajan sin horario ni salario, por vocación real de servicio público, y no llegan ni a los cinco funcionarios en plantilla. Es más, los consistorios más pequeños comparten secretario y otros puestos, en turnos de dos días a la semana, y hacen grandes sacrificios para salir adelante sin apenas ingresos. Con la reforma local planteada apenas mantendrán competencias y su capacidad para prestar servicios será nula. Será la puntilla a la administración más cercana.