Alfonso Provencio Hidaldo
Abogado
Es labor del buen gobernante, entre otras funciones, la de unir
y satisfacer a los distintos sectores sobre los que legisla, máxime si
tenemos en cuenta que frecuentemente se trata de gremios con intereses
encontrados. Debemos reconocer que un ministro del Gobierno de España ha
cumplido este difícil principio. Se trata del Sr. Ruiz Gallardón, a la sazón, ministro de Justicia y Administraciones Públicas.
Ruiz Gallardón |
Hete aquí una breve reseña de
los motivos que ha ocasionado esta sorprendente reacción de unidad (obsérvese que me refiero a normas de
derecho adjetivo y no sustantivo, cuestión ésta que daría para varios
artículos, fruto de la intensa acción legislativa que demuestra el actual ministro del ramo, tan prolija como discutida) :
Anteproyecto de ley de Demarcación y Planta Judicial. Conlleva la derogación de todas las plazas judiciales ubicadas fuera de las
capitales de provincia (¿qué hacemos los letrados con despachos profesionales
en pueblos?).
Ley de Servicios Profesionales. Abiertamente condena a una muerte lenta a los
Procuradores de los Tribunales.
La reforma prevista del CGPJ, que atenta a la necesaria
independencia judicial, ha levantado las críticas de jueces y magistrados.
La suma de las
referencias anteriores a la que
debemos unir la perniciosa Ley de Tasas
Judiciales, en su totalidad atentan sobremanera a los derechos e intereses de los ciudadanos
recogidos en el ordenamiento jurídico estatal y suponen un claro ataque a
varios preceptos constitucionales.
Huelga decir que estas reformas realizadas por el señor ministro han sido realizadas a espaldas de todos los colectivos afectados.
Nos encontramos con
un ministerio que, lejos de trabajar por una mejora en la administración de
Justicia, se dedica a actuar contra la misma. ¿A qué juega el señor ministro?
Debemos concluir que o bien no sabe lo que está haciendo o, lo que es peor, esta actitud hostil forma parte de un íter definido y calculado que antepone intereses espurios sobre los del ciudadano
medio, quien en poco más de un año observa que
se encuentra más alejado que nunca de la Administración de
Justicia debido al ataque virulento del legislador.
En cambio en su voracidad legislativa olvida otras
actuaciones quizás imprescindibles en el día a día de la Administración de
Justicia, como la necesaria reorganización de los juzgados que conseguiría
agilizar la pendencia actual con el consiguiente impulso procesal en cada
Juzgado. Nada sobre la necesaria reforma de una institución decimonónica tal
como el indulto. Nada sobre la necesaria independencia de la Fiscalía General
de Estado, en ocasiones más cercana al poder político que al jurídico (con la
impotencia de los fiscales, quienes en ocasiones se encuentran poco menos que
maniatados), etc.
Señor ministro, le pediría que volviera a Madrid y
reflexionara en la Plaza
Mayor , tomando relajadamente una taza de café.
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