Juan
Méndez
Andaluces.es
Tras
haber conocido la opinión de expertos juristas de todo el Estado sobre la
“peligrosa” decisión de la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los
ERE, y la posibilidad de que hubiera incurrido en prevaricación, una nueva duda
se plantea ante el enrevesado, confuso y posiblemente nulo auto de 10 de
septiembre: ¿Por qué no ha imputado aún al que fuera consejero de Innovación,
Ciencia y Empresa, Martín Soler Márquez, y sí ha incluido en el último auto a su predecesor Francisco Vallejo, y
a su sucesor Antonio Ávila?
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| Los consejeros Fernández y Soler |
Fuentes
judiciales próximas al caso han indicado que todo apunta a que la jueza ha
tenido “un lapsus” en su relación de personas imputadas hasta el momento o
relacionadas “en calidad de imputado” por su condición de aforados y ha dejado
fuera a Martín Soler, quien no mantiene la condición de aforado ni tiene
en la actualidad cargo público.
Martín
Soler desempeñó el cargo de consejero de Innovación, Ciencia y Empresa durante
la presidencia de José Antonio Griñán entre el 24 de abril de 2009, tras
sustituir a Francisco Vallejo, y el 22 de marzo de 2010, cuando fue relevado
por Antonio Ávila, ambos señalados en “calidad de imputados” por la jueza
Alaya. Natural de Cuevas de Almanzora (Almería), Martín Soler fue anteriormente
consejero de Agricultura y Pesca con Manuel Chaves como presidente andaluz.
Funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, Martín
Soler fue también senador entre 2004 y 2008 en representación de la comunidad
autonoma.
Al
igual que Francisco Vallejo, y hasta hace unos días Antonio Ávila, Martín Soler
presidió como consejero la
Agencia IDEA , organismo utilizado por la Junta para repartir las
ayudas sociolaborales que investiga la jueza. Curiosamente, en su auto de 28 de
junio de 2013, en el que Alaya imputa a 20 exaltos cargos y cargos públicos de la Junta de Andalucía, la
magistrada incluye a dos exviceconsejeros de Innovación (entre ellos al que
gobernó junto a Martín Soler, Jesús M. Rodríguez Román) y a siete directores
generales del IFA/Agencia IDEA, a los cuales atribuye el “conocimiento del
déficit de financiación que existía en IDEA de las ayudas del programa 31L”, y
añade que: “Por ejemplo en el año 2005 en la Memoria de Cuentas Anuales de dicha Agencia,
figuraba que se adeudaban más de 95 millones de euros por las subvenciones
concedidas por la dirección general de Trabajo”.
La
jueza concluye: “Parece ser que desde el año 2002 al 2010, debido al déficit
existente en la financiación de las ayudas, la Agencia IDEA tuvo que
anticipar los fondos necesarios para realizar los pagos ordenados por la Consejería de Empleo”,
e imputa a los cargos citados anteriormente, a los que se prevé tome
declaración a lo largo de septiembre.
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